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Carta a los representantes del Congreso de la Diputados de la Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones

Votar NO a la reforma de las pensiones
Expresamos nuestro desacuerdo con el Pacto de Toledo y con el plan del Gobierno de reforma de las pensiones que lo desarrolla, liderado por el ministro Escrivá, que hace caso omiso de las reivindicaciones urgentes por las que venimos luchando desde hace más de tres años y que no pueden esperar ni un día más.
Esta nueva reforma (la tercera en 10 años) al dictado de la banca y el poder financiero, se traducirá, si no somos capaces de remediarlo, en recortes de las futuras jubilaciones, y en un plan de privatización del Sistema Público de Pensiones. Además, y entre otras cosas, tampoco garantiza la capacidad adquisitiva de las pensiones a partir del 2022, al establecer un sistema de cálculo del IPC que no permite revisar los recortes hasta pasados los 5 años.

Instamos a todos y cada uno de las y los parlamentarios del Congreso de los Diputados a rechazar la reforma contenida en el Proyecto de Ley
presentado en el Congreso y votar en contra de él.
Una vez más, insistimos en que:
 Las pensiones mínimas deben elevarse hasta equipararse al Salario Mínimo Interprofesional y este situarse en el 60% del salario medio, según recomienda la Carta Social Europea.
 deben derogarse las reformas de pensiones del 2011 y del 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012 que recortan las pensiones y reducen salarios y cotizaciones sociales.
 El “Factor de Sostenibilidad” debe ser eliminado, sin ser sustituido por ningún
otro coeficiente reductor como el “Mecanismo de Equidad Intergeneracional”.
 La jubilación debe volver a los 65 años para crear empleo, mitigar la pobreza y la brecha de género.
Hay que establecer medidas efectivas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones;
 Los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados deben ser eliminados.
 La capacidad adquisitiva de las pensiones debe garantizarse a través de
revisiones anuales, que recojan como mínimo el incremento del coste de la vida.
 En caso de ser necesario, y como establece la legislación actual, el pago de las pensiones públicas debe garantizarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, sin que se convierta en deuda de la Seguridad Social.
Frente a las falsedades que desde hace años se difunden interesadamente en los medios de comunicación, las pensiones públicas son sostenibles, y por eso exigimos que las cuentas estén claras.
 Rechazamos que los recursos de la Seguridad Social se destinen a Planes
Privados de Empresa, así como a ningún Macro-fondo que fomente las Pensiones Privadas, medidas que rompen el carácter solidario del Sistema Público de Pensiones, cuando lo necesario es reforzar y mejorar el sistema público de reparto.


¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!

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