Por primera vez desde su creación en 1995, la comisión parlamentaria del pacto de Toledo se ha visto incapaz de consensuar unas recomendaciones para mantener y mejorar el sistema público de pensiones. Ayer, las distintas formaciones parlamentarias certificaron dificultades insalvables para ponerse de acuerdo que habían ido arrastrando desde hace más de dos años, entre un cruce de acusaciones de oportunismo político y electoralismo.

La patata caliente de cómo ha de afrontar el sistema el envejecimiento de la población, el previsible aumento del gasto en pensiones y la necesidad de asegurar mayores ingresos quedan pues para el nuevo Congreso de los Diputados que saldrá de las elecciones del 28-A.

El adelanto electoral complica las negociaciones y lleva a los grupos a una división

Hasta el último momento, los representantes del PSOE, PDECat y PNV –Ciudadanos se mantuvo en un discreto segundo plano– trataron de apurar un calendario que se había estrechado para los parlamentarios tras la convocatoria de elecciones la semana pasada.

En la reunión de ayer, se desmoronaron las posibilidades para cerrar un acuerdo que habían acariciado desde hace meses. Ante un texto inicialmente con visos de consenso, Podemos se desmarcó y anunció que presentaría votos particulares a tres de las 21 recomendaciones (sobre la edad legal de jubilación, el sistema complementario de pensiones y la ampliación de los años de cotización para el cálculo de la prestación).

Según el resto de partidos asistentes, el PP “aprovechó la situación” para anunciar que, con este cuestionamiento del texto, no tenía sentido seguir adelante con la idea de llevar las recomendaciones a la comisión –primer paso para certificar un acuerdo; después tenían que ser aprobadas en el pleno de la próxima semana y finalmente, tenía que elevarse al consejo de ministros–. Y se cerró así la vía para sellar un consenso.

Acuerdos

El cierre en falso deja en el aire medidas acordadas en los últimos dos años

A la salida de la reunión de ayer, el portavoz de los populares , Gerardo Camps , cargó contra la “enmienda a la totalidad” de la formación morada, aunque señaló como principal culpable del fiasco del pacto de Toledo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber convocado elecciones.

“El adelanto electoral lo ha precipitado todo absolutamente”, se quejó también la representante de Unidos Podemos, Aina Vidal, quien defendió que había puntos que “no estaban acordados”. Tanto PSOE como PDECat y PNV coincidieron en mostrar su decepción e insistieron en que se había perdido la oportunidad de “enviar un mensaje de tranquilidad y confianza a la ciudadanía” sobre el sistema público de pensiones. Para Carles Campuzano (PDECat), el fracaso demuestra que “en la actualidad la política española tiene enormes dificultades para generar acuerdos en los temas que los exigen”. El portavoz del PNV, Íñigo Barandiaran, señaló por su parte las dificultades de retomar el debate en la próxima legislatura.

El entierro del acuerdo sobre pensiones del pacto de Toledo también pone en cuestión la intención del Gobierno de blindar por decreto ley, antes de que concluya definitivamente la legislatura, la revalorización anual de las pensiones en función del IPC.

Medidas

Dudas frente a la idea del Gobierno de blindar la revalorización por decreto ley

En principio, el Ministerio de Trabajo había puesto como condición contar con el consenso del Parlamento tratar de convertir en ley la derogación de facto de la reforma del 2013. El pasado otoño el pacto de Toledo llegó a un preacuerdo con un texto abierto donde reclamaban que la actualización de las pensiones tuviera como principal referente “el IPC real”.

Ayer, Podemos y CC.OO. pidieron al Gobierno que siguiera adelante con el decreto ley, mientras que en el PP aseguraron que plantear cambios una vez convocadas las elecciones “no es jugar limpio. Y mucho menos si afecta al sistema de pensiones”.

El texto que, en principio, llegó ayer al pacto de Toledo para perfilar los últimos flecos y acabó en un fiasco recogía hasta 21 recomendaciones, que se entienden como guía para las modificaciones legislativas sobre las pensiones que ha de acometer el gobierno de turno. Entre ellas, se planteaba la ampliación del periodo de cómputo hasta toda la vida laboral, el objetivo de cerrar el déficit de la Seguridad Social en el 2025, acercar la edad real de jubilación a la legal o fomentar los planes de pensiones de empresa.