Hay que volver a la situación anterior al 2 de agosto de 2011, en el sistema de cobertura de lagunas de cotización durante el período de cálculo de las pensiones y derogar las reformas de los años 2011 y 2013.

El Ayuntamiento de Barcelona aprueba una Moción de la Marea Pensionista que pide derogar la Reforma de Pensiones del PSOE del 2011 y las dos del PP del 2013

Al /AL CONSEJO PLENARIO MUNICIPAL

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

La presentación de esta moción responde a la certeza de que estamos viviendo una situación de pérdida de derechos sociales e individuales en el ámbito de las pensiones. No se trata de una apreciación sino de una certeza, de una constatación avalada por los datos de diferentes organismos.

La crisis económica actual ha tenido como consecuencia el aumento del paro, la existencia de unos salarios más bajos y la disminución demográfica. Por otro lado, la hucha creada con el Pacto de Toledo está a punto de agotarse por el uso no previsto e inadecuado que ha hecho el gobierno español.

El Sistema Público de Pensiones ha tenido ya dos reformas durante los últimos cinco años, lo cual no ha hecho sino rebajar el poder adquisitivo de las pensiones y abocarlas a una situación de gran precariedad para muchos pensionistas.

Mientras tanto, la economía creció el primero y el segundo trimestres del 2016 un 3,4%, y el tercero un 3,2. El paro ha bajado en Catalunya, entre 2015 y 2016, del 17,7% al 14,9%; en España, en el mismo período, ha pasado del 20,9% al 18,6%. Si hay crecimiento económico y baja el paro, las pensiones se tendrían que poder recuperar, ni que fuera lentamente. Pero los salarios han bajado de media un 0,3% entre septiembre de 2015 y 2016. Y, en cuanto a las cargas sociales, los empresarios tienen que pagar a la Seguridad Social un 0,9% menos, gracias a las bonificaciones que se aplican a las cotizaciones.

Las consecuencias de la reforma laboral, conjuntamente con la última reforma de las pensiones, tiene y tendrá un impacto nefasto en la situación económica de los pensionistas y, todavía más, en la de los futuros pensionistas. Crece la economía y hay menos paro, pero la precariedad laboral y la devaluación salarial, promovida por la reforma que aprobó el PP, ha elevado la proporción de trabajadores pobres (los que, incluso con trabajo, no llegan a unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas) hasta el 13,2%, el tercer nivel más alto de la UE, después de Rumanía y Grecia.

España es uno de los estados de la UE que tiene unas pensiones más bajas. La actualización de las pensiones con un 0,25% de aumento, independientemente del IPC, no hará otra cosa que agravar la situación. El año 2011, la pensión representaba el 72,4% del sueldo que cobraba el pensionista, y se prevé que en 2060 represente únicamente el 56%, según el OIT. Esto se ve agravado por la aplicación de una fórmula de cálculo de la pensión que discrimina a los pensionistas de más edad, con una reducción mayor de la pensión. La aplicación de esta fórmula supondrá un problema todavía más grave para las mujeres, que tienen una mayor esperanza de vida.

La reforma supone, así mismo, un aumento de la dificultad para poder aspirar a una pensión plena: la jubilación será a los 67 años, y se hará el cálculo basándose en los últimos 25 años cotizados y pidiendo 37 años de cotización para retirarse con el 100% de la base reguladora. Esto, en un momento de paro importante, se puede convertir en una losa para aquellas personas que han estado años en el paro o que han tenido la desgracia de perder el trabajo en los últimos años de su vida laboral.

Resulta sorprendente la ausencia de debate social sobre este tema. La mayor parte de los medios de comunicación vehiculan la opinión de los economistas, que únicamente ven la posibilidad de acentuar las medidas restrictivas del gasto, sin plantearse otras alternativas que sean permeables a las necesidades sociales.

Consideramos imprescindible que los ciudadanos sean conscientes del riesgo que representa que se cierre la actual revisión de los Pactos de Toledo en los términos en que está planteada actualmente. Hace falta una respuesta clara, unida y pública ante la amenaza de convertir las pensiones en una aportación residual.

Como alternativa a esta reforma que, según FUNCAS, puede llevar a un recorte del poder adquisitivo de las pensiones un 35%.

Es por eso que proponemos al conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Consell Plenari de l’Ajuntament que acuerden la siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

– El Ayuntamiento de Barcelona considera indispensable que el Estado garantice por ley a todos los ciudadanos y ciudadanas el cobro de unas pensiones dignas y que se recuperen los Fondos de Reserva de la Seguridad Social, que el gobierno del PP ha gastado para otras finalidades de manera irresponsable.

– Hay que recuperar un modelo de revalorización automática de las pensiones en relación con el IPC real, para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo, empezando por el 1,9% que se perdió ya en 2012.

– Igualmente, defendemos trabajar para la mejora del actual modelo de pensiones públicas, con el fin de avanzar hacia un modelo de pensión y de salario mínimo por encima de los 1.000 euros. Así como incorporar al Régimen General de la Seguridad Social a las persones empleadas del Hogar, con todos los derechos, incluida la prestación por paro y la cobertura de las lagunas de cotización.

-Hay que volver a la situación anterior al 2 de agosto de 2011, en el sistema de cobertura de lagunas de cotización durante el período de cálculo de las pensiones y derogar las reformas de los años 2011 y 2013. También es necesario ir más allá del Pacto de Toledo y promover una reforma fiscal que permita avanzar hacia un sistema que se base en unas cotizaciones sociales y empresariales más equitativas. Los PGE tienen que sostener por ley la carencia de ingresos, cuando las cotizaciones no cubran los gastos.

Y, como premisa innegociable, nos proponemos luchar para preservar los servicios públicos, como patrimonio de todas aquellas personas que no disfrutan de ninguno otro patrimonio, contra la tendencia a la privatización que los va deteriorando y desvirtuando. Reconocemos, una vez más, el derecho a unos suministros básicos garantizados (agua, luz, gas).

Barcelona, 20 de julio de 2017

Firmantes:

Laia Ortiz:  Grup Municipal de Barcelona en Comú

Joaquim Forn : Grup Municipal Demòcrata

Francisco Sierra: Grup Municipal de Ciutadans 

Jordi Coronas: Grup Municipal d’Esquerra Republicana

Carmen Andrés: Grup Municipal del Partit dels Socialistes  

Maria Rovira: Grup Municipal de la CUP-Capgirem

Gerard Ardanuy: Regidor no adscrit

NOTA: El ÚNICO GRUPO QUE SE HA OPUESTO HA SIDO EL DEL PP

Marea Pensionista de Catalunya

 

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AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

La presentació d’aquesta moció respon a la certesa que estem vivint una situació de pèrdua de drets socials i individuals en l’àmbit de les pensions. No es tracta d’una apreciació sinó d’una certesa, d’una constatació avalada per les dades de diferents organismes.

La crisi econòmica actual ha tingut com a conseqüència l’augment de l’atur, l’existència d’uns salaris més baixos i la disminució demogràfica. D’altra banda, la guardiola creada amb el Pacte de Toledo està a punt d’esgotar-se per l’ús no previst i inadequat que n’ha fet el govern espanyol.

El Sistema Públic de Pensions ha tingut ja dues reformes durant els últims cinc anys, la qual cosa no ha fet sinó rebaixar el poder adquisitiu de les pensions i abocar-les a una situació de gran precarietat per a molts pensionistes.

Mentrestant, l’economia va créixer el primer i el segon trimestres del 2016 un 3,4%, i el tercer un 3,2. L’atur ha baixat a Catalunya, entre 2015 i 2016, del 17,7% al 14,9%; a Espanya, en el mateix període, ha passat del 20,9% al 18,6%. Si hi ha creixement econòmic i baixa l’atur, les pensions s’haurien de poder recuperar, ni que fos lentament. Però els salaris han baixat de mitjana un 0,3% entre setembre de 2015 i 2016. I, pel que fa a les càrregues socials, els empresaris han de pagar a la Seguretat Social un 0,9% menys, gràcies a les bonificacions que s’apliquen a les cotitzacions.

Les conseqüències de la reforma laboral, conjuntament amb la darrera reforma de les pensions, té i tindrà un impacte nefast en la situació econòmica dels pensionistes i, encara més, en la dels futurs pensionistes. Creix l’economia i hi ha menys atur, però la precarietat laboral i la devaluació salarial, promoguda per la reforma que va aprovar el PP, ha elevat la proporció de treballadors pobres (els que, fins i tot amb feina, no arriben a uns ingressos suficients per a cobrir les necessitats bàsiques) fins al 13,2%, el tercer nivell més alt de la UE, després de Romania i Grècia.

Espanya és un dels estats de la UE que té unes pensions més baixes. L’actualització de les pensions amb un 0,25% d’augment, independentment de l’IPC, no farà altra cosa que agreujar la situació. L’any 2011, la pensió representava el 72,4% del sou que cobrava el pensionista, i es preveu que l’any 2060 representi únicament el 56%, segons l’OIT. Això es veu agreujat per l’aplicació d’una fórmula de càlcul de la pensió que discrimina els pensionistes de més edat, amb una reducció major de la pensió. L’aplicació d’aquesta fórmula suposarà un problema encara més greu per a les dones, que tenen una major esperança de vida.

La reforma suposa, així mateix, un augment de la dificultat per a poder aspirar a una pensió plena: la jubilació serà als 67 anys, i es farà el càlcul basant-se en els darrers 25 anys cotitzats i demanant 37 anys de cotització per retirar-se amb el 100% de la base reguladora. Això, en un moment d’atur important, es pot convertir en una llosa per a aquelles persones que han estat anys a l’atur o que han tingut la desgràcia de perdre la feina en els darrers anys de la seva vida laboral.

Resulta sorprenent la manca de debat social sobre aquest tema. La major part dels mitjans de comunicació vehiculen l’opinió dels economistes, que únicament veuen la possibilitat d’accentuar les mesures restrictives de la despesa, sense plantejar-se altres alternatives que siguin permeables a les necessitats socials.

Considerem imprescindible que els ciutadans siguin conscients del risc que representa que es tanqui l’actual revisió dels Pactes de Toledo en els termes en què està plantejada actualment. Cal una resposta clara, unida i pública davant l’amenaça de convertir les pensions en una aportació residual.

Com a alternativa a aquesta reforma que, segons FUNCAS, ens pot portar a veure retallat el poder adquisitiu de les pensions un 35%.

És per això que proposem al conjunt de les forces polítiques representades al Consell Plenari de l’Ajuntament que acordin la següent

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

– L’Ajuntament de Barcelona considera indispensable que l’Estat garanteixi per llei a tots els ciutadans i ciutadanes el cobrament d’unes pensions dignes i que es recuperin els Fons de Reserva de la Seguretat Social, que el govern del PP ha gastat per a altres finalitats de manera irresponsable.

– Cal recuperar un model de revalorització automàtica de les pensions en relació amb l’IPC real, per assegurar el manteniment del poder adquisitiu, començant per l’1,9 que es va perdre ja l’any 2012.

– Igualment, defensem treballar per la millora de l’actual model de pensions públiques, amb la finalitat d’avançar cap a un model de pensió i de salari mínim per damunt dels 1.000 euros. Així com incorporar al Règim General de la Seguretat Social les persones empleades de la Llar, amb tots els drets, inclosa la prestació per atur i la cobertura de les llacunes de cotització.

-Cal tornar a la situació anterior al 2 d’agost de 2011, en el sistema de cobertura de llacunes de cotització durant el període de càlcul de les pensions i derogar les reformes dels anys 2011 i 2013. També és necessari anar més enllà del Pacte de Toledo i promoure una reforma fiscal que permeti avançar cap a un sistema que es basi en unes cotitzacions socials i empresarials més equitatives. Els PGE han de sostenir per llei la manca d’ingressos, quan les cotitzacions no cobreixin les despeses.

I, com a premissa innegociable, ens proposem lluitar per preservar els serveis públics, com a patrimoni de totes aquelles persones que no gaudeixen de cap altre patrimoni, contra la tendència de privatització que els va deteriorant i desvirtuant. Reconeixem, un cop més, el dret a uns subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas).

 

Barcelona, 20 de juliol de 2017

Signants:

Laia Ortiz:  Grup Municipal de Barcelona en comú

Joaquim Forn : Grup Municipal Demòcrata

Francisco Sierra: Grup Municipal de Ciutadans 

Jordi Coronas: Grup Municipal d’Esquerra Republicana

Maria Rovira: Grup Municipal de la CUP-Capgirem

Gerard Ardanuy: Regidor no adscrit

Carmen Andrés: Grup Municipal del Partit dels Socialistes  

 

NOTA: L’ÚNIC GRUP QUE S’HA OPOSAT HA ESTAT EL DEL PP

 

Marea Pensionista de Catalunya