El 15 de enero de 2018, un reducido grupo de pensionistas y jubilados del País Vasco se manifestaba por primera vez ante el Ayuntamiento de Bilbao para exigir la vinculación de las pensiones al IPC. Un año después, y a pesar de que «se ha conseguido el objetivo» y «se ha desterrado el 0,25%», las protestas se suceden lunes tras lunes. La exigencia ha crecido y el ambicioso -y difícilmente viable- objetivo ahora es que el Gobierno establezca una pensión mínima de 1.080 euros. Y por el camino, además, lo que comenzó siendo una llamativa y potente protesta de los jubilados y pensionistas con las prestaciones más altas de España, se ha convertido en una movilización de la que Podemos y Bildu se quieren adueñar en busca de réditos electorales.

«Yo no le veo sentido seguir aquí, esto hay que pararlo ya porque si no, vamos a hacerle la campaña electoral a Bildu o a Podemos. Me gustaría que después de un año pasando frío, calor y lluvia, esto acabe como debe acabar, con el sabor del triunfo que supone desterrar el 0,25%. Pero ya se ha convertido en algo político», explica explica Josele Fernández, una de las voces más autorizadas del del movimiento de los pensionistas vascos, no en vano su vinculación con el mismo se remonta hasta el día en el que tuvo lugar la primera concentración.

«El 15 de enero de 2018 había una convocatoria a través de las redes sociales y acudimos unas 400 personas ante el Ayuntamiento de Bilbao. El llamamiento era para manifestarse contra la subida del 0,25%, y cuando la gente empezó a disolverse, utilizando las manos como megáfono, propuse que nos congregásemos al lunes siguiente. Un tiempo después recibí un aviso de la Policía Municipal de Bilbao avisándome de que me iban a multar con 70.000 euros. Luego la Ertzaintza me advirtió de otra sanción de 60.000 euros,… Hasta que vino un policía autonómico a decirme que fuese lo antes posible a una comisaría para crear una asociación, y evitar así las sanciones», prosigue Fernández.

Aquello fue el embrión de lo que hoy es la Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Bizkaia, en la que se integran diferentes movimientos pero respetando siempre «que no se puede hablar de siglas o de partidos». «Aquí hay que hablar de pensionistas y nada más». Sin embargo, ese compromiso no escrito se ha quebrantado y en los últimos meses la izquierda abertzale y la formación populista han empezado a adueñarse del movimiento. «Yo ahora me quedo sin discurso, empieza la campaña y tengo muy claro que están preparando para lanzarse a ser concejal de un pueblo, o un puesto en la Diputación», añade Fernández.

De hecho, no es sólo que algunos quieran postularse a un cargo público sino que muchos ya lo hicieron en el pasado. Es el caso, por ejemplo, de Luis Alejos, número dos de la Ejecutiva de Roberto Uriarte en Podemos Euskadi; Andrea Uña Barrientos, que formó parte de Ezker Batua-Berdeak; o Jon Fano, ex portavoz de la asociación de familiares de presos terroristas Etxerat e integrante en el pasado de Euskal Herritarrok (EH). Todos ellos se han implicado de manera muy activa en el movimiento de los pensionistas y jubilados vascos, autoproclamándose incluso los portavoces de los manifestantes. Y todos ellos, evidentemente, tienen un marcado pasado político.

La denuncia de politización de las protestas es compartida también por grupos políticos como PNV y PP, que refrendan que Podemos y Bildu tratan de hacer suyas las protestas de los pensionistas. «Hay una manipulación evidente por parte de Podemos y la izquierda abertzale», aseguran fuentes del partido dirigido por Andoni Ortuzar, que apuntan también que ambas formaciones «se descolgaron» pidiendo una pensión mínima de 1.080 euros. «Hay un interés evidente por mantener viva esta reivindicación» ante la cercanía de las elecciones autonómicas y locales, añaden desde el Partido Nacionalista Vasco.

En el Partido Popular del País Vasco, por su parte, se apunta que la izquierda abertzale y el partido de Pablo Iglesias «están intentando capitalizar el movimiento». «No es tan espontáneo como parece. Hay una parte de los manifestantes que protestan por lo que consideran que es suyo y por sus derechos. Pero también hay otra parte importante quiere utilizar el movimiento en su beneficio político».

Pero más allá del uso electoral que se le quiere dar, el movimiento de pensionistas vascos llama la atención por dos hechos ya señalados: la constancia en las protestas y que los más reivindicativos hayan sido precisamente de los que tienen una prestación más alta. La pensión media del sistema en el País Vasco roza los 1.200 euros al mes, según los datos del Ministerio de Trabajo relativos al pasado mes de diciembre, mientras que la prestación por jubilación alcanza los 1.367 euros.

Las cifras contrastan con las de territorios como Andalucía, Extremadura o Galicia, en donde las prestaciones son hasta un 50% más bajas. Y, sin embargo, las protestas tanto en Bilbao como en el conjunto de Euskadi han sido tan intensas y multitudinarias que obligaron a que el PNV exigiese al Gobierno de Mariano Rajoy una mayor subida de las pensiones para apoyar sus Presupuestos.

El voto de los pensionistas y jubilados tiene un gran peso electoral en todo España y, por supuesto, también en el País Vasco. Esta situación hizo temer al PNV un posible castigo en las urnas al no haber obtenido un acuerdo de subida para los pensionistas, y por ello añadieron una última exigencia para dar su apoyo a las cuentas del anterior Gobierno: que las pensionistas experimentasen una subida mínima del 1,6% en 2018 y 2019, además de mejoras para las prestaciones por viudedad y las pensiones mínimas.

El actual Ejecutivo de Pedro Sánchez refrendó e incluso mejoró esos incrementos, adquiriendo también en su caso un compromiso electoral con los pensionistas. Pero el origen de estas subidas, uno de los grandes motivos por los que probablemente las pensiones se volverán a ligar al IPC, habrá que buscarlo siempre en las protestas de los pensionistas más ricos.