El sábado 16 de octubre, cientos de autocares partieron a medianoche por toda España rumbo a Madrid. Otros medios de transporte también se llenaron de jubilados, pensionistas y otros aún activos para dirigirse a la capital de España.

Hace dos años, las conocidas marchas Norte y Sur, que reunieron en Madrid a más de 100.000 personas de todas partes de España, exigieron pensiones dignas para todos en el gobierno central.

Han pasado muchas cosas desde entonces. La sangrienta pandemia se ha llevado a muchas personas, especialmente pensionistas, por la negligencia, en muchos casos, de algunos responsables políticos que no actuaron con la suficiente rapidez ni eficiencia para enfrentar una situación que, aunque afectaba a todos, impactaba particularmente a las personas mayores. Fue gracias a la salud pública y a la solidaridad de los ciudadanos que la tragedia se evitó que fuera aún mayor. Esto nunca debe olvidarse, ya que solo los servicios públicos garantizan una atención de calidad y universal.

En estos dos años también se han dado pequeños pasos para garantizar pensiones dignas, pero son insuficientes. Es cierto que las pensiones se han revalorizado en función del incremento del IPC derogando el factor de sostenibilidad, pero no se han aumentado las pensiones mínimas y no contributivas para colocarlas en el SMI, ni se ha acabado la brecha de género.

También hay otras cuestiones aprobadas en el Congreso de los Diputados que consideramos perjudiciales para los intereses de los pensionistas. Es por ello que miles de personas se dieron cita este sábado en Madrid para protestar contra las políticas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que aboga por una reforma que ponga en peligro las pensiones públicas. En la manifestación pedimos su dimisión y, entre otras demandas, exigimos una pensión mínima de 1.084 euros, tal y como establece la Carta Social Europea.

También se solicitó una auditoría pública de las cuentas de la seguridad social para demostrar que las pensiones públicas son sostenibles, requisito avalado por miles de firmas y mociones aprobadas en muchos municipios de España, entre ellos Badalona, Terrassa, Sabadell o El Prat de Llobregat.

Según destacados economistas, el robo de dinero de la hucha de pensiones para destinar a otros gastos no propios de la Seguridad Social podría estar entre los 200.000 y los 600.000 millones de euros.

Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas del Estado ha demostrado que más de 100.000 millones de euros de cotizaciones a la seguridad social se han destinado a gastos indebidos. Por tanto, en la Seguridad Social hay dinero si se destinan a lo que corresponde y no a otros gastos que deben cubrirse con los presupuestos generales del Estado.

Durante la manifestación, también se anunció la existencia de un movimiento en toda la Unión Europea contra el intento de privatizar las pensiones. Las mareas que formamos parte de la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y la Coordinadora de Pensionistas de Cataluña, como Badalona, las seguiremos movilizando en defensa de las pensiones públicas que sean suficientes para todos.

Queremos igualar las pensiones mínimas al salario mínimo, eliminar la brecha de género, mejorar las pensiones de viudedad y no penalizar a las personas trabajadoras que quieren jubilarse a los 40 años. Por no hablar de la derogación de las reformas de pensiones y laborales.

Tras la manifestación, hubo discursos en defensa del derecho de toda persona a vivir con dignidad y sin la angustia de no saber cómo llegar a fin de mes. Finalmente, una actuación musical terminó el día.

El éxito de la participación demuestra el compromiso de los jubilados, pensionistas y de la clase trabajadora, en general, de no renunciar a sus derechos y servicios públicos de calidad. Resistir y persistir es ganar.