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<\/p>\nAnatom\u00eda del despilfarro (I)<\/p>\n
Malag\u00f3n<\/p>\n
Los poderes p\u00fablicos garantizar\u00e1n, mediante pensiones adecuadas y peri\u00f3dicamente actualizadas, la suficiencia econ\u00f3mica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promover\u00e1n su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atender\u00e1n sus problemas espec\u00edficos de salud, vivienda, cultura y ocio.<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0Art\u00edculo 50. Constituci\u00f3n espa\u00f1ola<\/b><\/p>\n
Desde hace al menos veinte a\u00f1os, la viabilidad del sistema p\u00fablico de pensiones es cuestionada por nuestros gobernantes y cada cierto tiempo entra en la agenda pol\u00edtica, siendo debatida con profusi\u00f3n de datos en los principales medios de comunicaci\u00f3n. Seg\u00fan los pol\u00edticos que apoyan un sistema econ\u00f3mico neoliberal cada vez m\u00e1s extendido en Occidente, que defienden la idea de un Estado m\u00e1s peque\u00f1o en el cual la empresa privada tendr\u00e1 un peso cada vez mayor y un poder m\u00e1s omn\u00edmodo, entre los principales problemas para el mantenimiento de las pensiones est\u00e1 un hecho incuestionable: que la tasa de natalidad de las naciones avanzadas permanece estancada desde finales del siglo XX, lo cual hace que menos personas laboralmente activas trabajen para m\u00e1s personas que ya no trabajan y que cada vez van a vivir m\u00e1s tiempo como dependientes del Estado de Bienestar. La premisa de la pir\u00e1mide invertida es cierta, pero no es una verdad absoluta porque los partidarios del sistema neoliberal mienten cuando nos dicen que el \u00fanico modo de financiar las pensiones p\u00fablicas es mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo. Esto es una falacia, porque los Estados disponen de otros ingresos diferentes de las aportaciones directas de los trabajadores. En nuestro pa\u00eds, las pensiones se financian, b\u00e1sicamente, mediante esas aportaciones, pero en otros pa\u00edses se sufragan tambi\u00e9n a trav\u00e9s de los impuestos o de otros ingresos.<\/p>\n
Fraude fiscal y econom\u00eda sumergida:<\/b><\/p>\n
En el caso de Espa\u00f1a, Gestha, la organizaci\u00f3n que agrupa a t\u00e9cnicos e inspectores de Hacienda, declara que el 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro pa\u00eds lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. Gestha calcula que la suma del dinero que pierde el Estado anualmente asciende a 88.000 millones, 59.000 millones en impuestos y 29.000 en cotizaciones a la Seguridad Social. Jes\u00fas Barcelona, coordinador en Asturias del Sindicato de T\u00e9cnicos del Ministerio de Hacienda, se\u00f1ala que el Estado no reconoce estas cifras pese a que est\u00e1n avaladas por estudios de varias universidades y por la propia Comisi\u00f3n Europea. Las cifras de Gestha son claras: el fraude fiscal en Espa\u00f1a se sit\u00faa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%. Si Espa\u00f1a consiguiese reducir el fraude a niveles europeos podr\u00eda ingresar 38.000 millones de euros adicionales al a\u00f1o, lo que supondr\u00eda cuatro veces m\u00e1s que la cantidad recaudada si se aumentase el impuesto del IVA en dos puntos. La diferencia entre los 88.000 millones de fraude fiscal estimado y los 38.000 millones que el Estado podr\u00eda recuperar se establece porque ning\u00fan pa\u00eds del mundo es capaz de detectar la totalidad del fraude que se produce en su territorio.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n que agrupa a t\u00e9cnicos e inspectores de Hacienda declara que el 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro pa\u00eds lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas<\/i><\/p>\n
La importancia de estas cantidades est\u00e1 determinada por el presupuesto anual que el Estado espa\u00f1ol dedica al pago de pensiones, una cifra que ascendi\u00f3 a 139.647 millones de euros en 2017. Los \u00faltimos datos completos del d\u00e9ficit p\u00fablico de los que disponemos son los de 2016, a\u00f1o en que el d\u00e9ficit alcanz\u00f3 el 4,51%, es decir, 50.401 millones de euros. El a\u00f1o 2017 se cerr\u00f3 con una cifra estimada del 3,1%. Informes de la Uni\u00f3n Europea cifran en algo m\u00e1s de 12.000 millones de euros los recortes llevados a cabo en gasto sanitario en nuestro pa\u00eds entre 2009 y 2016. En cuanto al gasto p\u00fablico dedicado a Educaci\u00f3n de las diferentes administraciones en Espa\u00f1a, la cifra alcanzaba en 2015 (\u00faltimo ejercicio del cual se tienen datos completos) los 43.979 millones de euros. De los 28 pa\u00edses que conforman la Uni\u00f3n Europea, Espa\u00f1a ocupa el puesto 23\u00ba en cuanto al porcentaje de dinero p\u00fablico destinado a la Educaci\u00f3n, con un 4,1% del PIB, muy lejos del 7% de Dinamarca; el 6,5% de Suecia; el 6,4% de B\u00e9lgica; o el 6,2% de Finlandia. Tambi\u00e9n estamos lejos de la media europea de gasto en Educaci\u00f3n por habitante, que se sit\u00faa en 1.405,38 euros; en este sentido, nuestro pa\u00eds ocupa el puesto 17\u00ba de la Uni\u00f3n, con 957,68 euros per c\u00e1pita. Los recortes en Educaci\u00f3n entre 2009 y 2013 fueron de 9.000 millones de euros. Los efectos de estos recortes han sido devastadores: un informe de Comisiones Obreras estima que entre 2012 y 2017 la ense\u00f1anza p\u00fablica perdi\u00f3 22.531 profesores. Se produjo un incremento de 20.791 personas en el personal interino, as\u00ed como un envejecimiento de las plantillas, un incremento del n\u00famero de alumnos por clase y una p\u00e9rdida para los alumnos de horas de biblioteca, de tutor\u00edas y de atenci\u00f3n a los alumnos con necesidades especiales. Tambi\u00e9n se han producido recortes en las becas destinadas a la compra de libros de texto y en las ayudas de comedor. Comparemos todas estas cifras de recortes con las cantidades que Espa\u00f1a puede recaudar anualmente si mejora sus procedimientos a la hora de perseguir el fraude fiscal y la econom\u00eda sumergida.<\/p>\n
El fraude fiscal en Espa\u00f1a se sit\u00faa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%<\/i><\/p>\n
Entre las principales dificultades a la hora de afrontar el problema del fraude fiscal est\u00e1 la insuficiente dotaci\u00f3n de medios humanos, puesto que en los pa\u00edses de nuestro entorno se destinan entre cuatro y cinco veces m\u00e1s recursos econ\u00f3micos y m\u00e1s personal para detectar el fraude. La organizaci\u00f3n del trabajo dentro de la Agencia Tributaria tambi\u00e9n es determinante ya que, aunque el 72% del fraude lo cometen las grandes empresas o las mayores fortunas, cuatro de cada cinco trabajadores de Hacienda de nuestro pa\u00eds que trabajan en la lucha contra el fraude se dedican a investigar a ciudadanos con recursos menores y a empresas peque\u00f1as. El porcentaje entre los t\u00e9cnicos de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude respecto a la poblaci\u00f3n est\u00e1 en 1 empleado por cada 1.928 ciudadanos, mientras que la media de la OCDE se sit\u00faa en 1 empleado por cada 900 ciudadanos (1 por cada 860 en Francia; 1 por cada 729 en Alemania; y 1 por cada 551 en Luxemburgo). La falta de inversi\u00f3n tambi\u00e9n explica la poca eficacia de la Hacienda p\u00fablica en la lucha contra los defraudadores: tan solo el 30% del personal de la Agencia Tributaria se dedica a la inspecci\u00f3n, en contraste con el 42% de la media de la Uni\u00f3n Europea. De resultas de estos datos, los inspectores s\u00f3lo consiguen detectar el 10% del dinero defraudado. Buena parte del fraude prescribe porque los expedientes iniciados no finalizan a tiempo. Las cantidades que el Estado podr\u00eda obtener con una inversi\u00f3n m\u00e1s eficiente en la lucha contra el fraude son estimadas, pero se consideran bastante realistas porque los pa\u00edses de nuestro entorno tienen niveles de impuestos similares, lo que significa que, si bien no habr\u00eda un incremento espectacular de las cantidades conseguidas a corto plazo, s\u00ed ser\u00edan importantes a medio y largo plazo.<\/p>\n
La econom\u00eda sumergida en su conjunto se define como una variable no observada: esto significa que s\u00f3lo puede evaluarse mediante variables medibles que no son directas. Seg\u00fan un estudio de la universidad alemana de Tubinga, la econom\u00eda ilegal en Espa\u00f1a equivale al 17,2% del PIB, lo que nos sit\u00faa en el tercer puesto a nivel europeo, s\u00f3lo por detr\u00e1s de Italia y Grecia, segundo y primero con un 19,8% y un 21,5% respectivamente. Naturalmente, el ciudadano medio tiene una responsabilidad decisiva en el fraude fiscal porque este no se circunscribe tan solo al fraude que llevan a cabo las grandes empresas, sino al rechazo de facturas por trabajos menores con el fin de evitar el pago del IVA, la evasi\u00f3n fiscal a escala menor, la contrataci\u00f3n no declarada de trabajadores en negocios peque\u00f1os, el fraude en el n\u00famero de horas declaradas de los trabajadores por parte de los empresarios en PYMES o la producci\u00f3n clandestina de bienes de todo tipo.<\/p>\n
De los 28 pa\u00edses que conforman la Uni\u00f3n Europea, Espa\u00f1a ocupa el puesto 23\u00ba en cuanto al porcentaje de dinero p\u00fablico destinado a la Educaci\u00f3n, con un 4,1% del PIB, muy lejos del 7% de Dinamarca; el 6,5% de Suecia; el 6,4% de B\u00e9lgica; o el 6,2% de Finlandia<\/i><\/p>\n
El estudio de la universidad de Tubinga contrasta con el informe elaborado por el profesor Jordi Sard\u00e0, de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), en 2014. Este estudio fue presentado por t\u00e9cnicos de Hacienda pertenecientes a Gestha y en el mismo se aseguraba que en 2012 la econom\u00eda sumergida hab\u00eda alcanzado los 253.000 millones de euros, cifra equivalente al 22,6% del Producto Interior Bruto espa\u00f1ol de entonces. El informe analizaba variables como el sector de la construcci\u00f3n, el desempleo, el consumo el\u00e9ctrico o la tasa de actividad para evaluar de forma fiel el porcentaje de econom\u00eda sumergida. El estudio se\u00f1alaba que el desplome de la construcci\u00f3n-un sector clave de la econom\u00eda ilegal en nuestro pa\u00eds- no produjo un afloramiento de su actividad oculta ante Hacienda. Tambi\u00e9n se destacaba que, en las regiones con mayor nivel de desempleo, que a la vez fueron las m\u00e1s afectadas por el impacto de la ca\u00edda del sector de la construcci\u00f3n se registraba una mayor actividad de fraude fiscal: as\u00ed, el nivel de econom\u00eda sumergida llegaba al 31,1% en Extremadura; al 29,2% en Andaluc\u00eda; o al 29,1% en Castilla-La Mancha. Madrid es la Comunidad Aut\u00f3noma con menos fraude con una tasa del 17,3%, si bien los t\u00e9cnicos de Hacienda se\u00f1alan que los datos de Madrid pueden inducir a enga\u00f1o, puesto que la capital de Espa\u00f1a es la sede del 60% de las empresas m\u00e1s grandes, que son m\u00e1s tendentes a evitar el pago de impuestos por medio de la ingenier\u00eda fiscal y no mediante el fraude directo. El informe tambi\u00e9n puso de manifiesto que la econom\u00eda sumergida es un mal end\u00e9mico en provincias como Toledo, Orense, \u00c1vila y Albacete, todas estas \u00e1reas son provincias de interior, su econom\u00eda apenas tiene estructura industrial y la inversi\u00f3n exterior es escasa o nula.<\/p>\n
La enorme diferencia entre las cifras de econom\u00eda sumergida (entre 180.000 millones si nos atenemos a los n\u00fameros presentados por el estudio de la Universidad de Tubinga y los 253.000 millones citados en el informe de Jordi Sard\u00e0) y las de fraude fiscal (88.000 millones de euros) se produce porque el primer concepto se refiere a todas las formas de econom\u00eda no declarada, mientras que el segundo hace alusi\u00f3n, \u00fanicamente, al hecho de eludir el pago de impuestos. Las cifras han de ser obligatoriamente dispares, puesto que s\u00f3lo una parte de la actividad econ\u00f3mica generada se destina al pago de tributos.<\/p>\n
El porcentaje entre los t\u00e9cnicos de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude respecto a la poblaci\u00f3n est\u00e1 en 1 empleado por cada 1.928 ciudadanos, mientras que la media de la OCDE se sit\u00faa en 1 empleado por cada 900 ciudadanos<\/i><\/p>\n
Los conocidos como papeles de Panam\u00e1 fueron una serie de documentos confidenciales pertenecientes al bufete de abogados de Panam\u00e1, Mossack Fonseca, que fueron filtrados a trav\u00e9s de una fuente no identificada al diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung. El peri\u00f3dico germano comparti\u00f3 los datos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), mostrando como se ocultaban las propiedades, empresas, activos financieros, dinero y otros productos destinados a la evasi\u00f3n tributaria por parte de personas del mundo de la pol\u00edtica, las finanzas, el deporte, el arte, etc\u00e9tera. El bufete Mossack Fonseca prestaba labores de asesoramiento con el fin de ocultar la identidad de los propietarios de bienes y de dinero. El 13 de diciembre de 2017, se aprob\u00f3 en el Parlamento Europeo un informe elaborado por la Comisi\u00f3n Panam\u00e1 Papers, pero los votos en contra del Partido Popular Europeo y los liberales de ALDE (grupo en el que se encuentra Ciudadanos), a los que hubo que sumar la abstenci\u00f3n de los Socialistas de Europa, lograron suprimir varias de las enmiendas para luchar contra la econom\u00eda ilegal. El resultado final fue un informe menos exigente respecto a las medidas a tomar para prevenir la evasi\u00f3n fiscal y el lavado de dinero. El PP, el PSOE y Ciudadanos se alinearon en el Parlamento Europeo para disminuir el n\u00famero de recomendaciones del informe definitivo para la lucha contra el fraude y los para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
El informe final elimin\u00f3 la posibilidad de acabar con el ‘dumping fiscal’, una pr\u00e1ctica que consiste en adoptar medidas fiscales laxas para atraer capital y que es com\u00fan en pa\u00edses como Malta, Holanda, Irlanda y Luxemburgo. El texto definitivo tampoco recogi\u00f3 la petici\u00f3n de revisi\u00f3n de la legislaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea para acabar con los acuerdos de doble imposici\u00f3n, que facilitan que las empresas establezcan lazos con para\u00edsos fiscales y territorios de baja tributaci\u00f3n para evitar el pago de impuestos. Tambi\u00e9n fueron eliminadas las recomendaciones respecto a las transferencias de beneficios a trav\u00e9s del pago de dividendos, una pr\u00e1ctica que consiste en la transferencia de beneficios de una sociedad matriz radicada en un pa\u00eds de la Uni\u00f3n Europea con una fiscalidad normal, hacia filiales del grupo cuya sede se sit\u00fae fuera de la Uni\u00f3n. El informe tampoco incluy\u00f3 medidas de cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n fiscal entre los diferentes estamentos de los Estados miembros. Esta recomendaci\u00f3n habr\u00eda sido \u00fatil en la lucha contra las empresas ‘offshore’ y otras sociedades ocultas en para\u00edsos fiscales porque dificultar\u00eda la utilizaci\u00f3n de la opacidad de estos territorios para evadir impuestos y ocultar capitales.<\/p>\n
Seg\u00fan un informe de Intermon Oxfam, exceptuando el caso de AENA, la totalidad de empresas del Ibex 35 poseen filiales en para\u00edsos fiscales<\/i><\/p>\n
Pero \u00bfqu\u00e9 hacer cuando quienes deber\u00edan ser los m\u00e1s ejemplares se comportan como delincuentes? Seg\u00fan un informe de Intermon Oxfam, exceptuando el caso de AENA, la totalidad de empresas del Ibex 35 poseen filiales en para\u00edsos fiscales. Con datos de 2016, podemos decir que estas empresas contaban con 996 filiales en esta clase de territorios. De las 34 empresas, 10 copan el 79% de esas 996 sociedades. Banco Santander encabeza la lista con 225 sociedades, seguida de ACS con 108, en tercer lugar, se encuentra Repsol con 93 filiales, a continuaci\u00f3n, se encuentran Arcelor Mittal, BBVA, Ferrovial, Iberdrola, Acciona, Iberia y Mapfre.<\/p>\n
Moral ciudadana y transparencia en la gesti\u00f3n del dinero p\u00fablico:<\/b><\/p>\n
Otra cuesti\u00f3n fundamental para entender el problema es la moral de los ciudadanos, que se convierte en una causa intr\u00ednseca que explica por s\u00ed misma la ineficacia de la lucha contra el fraude porque el mismo tiene un car\u00e1cter masivo. Seg\u00fan el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), casi la mitad de los espa\u00f1oles justifican el fraude y declaran que no pagar el IVA no constituye problema moral alguno, algo impensable en la mayor\u00eda de los pa\u00edses de nuestro entorno. De manera que la aceptaci\u00f3n de la econom\u00eda clandestina se traduce en comportamientos extraordinariamente enraizados en nuestra sociedad y en nuestras instituciones al no existir condena social hacia los mismos. A ello debemos a\u00f1adir la conducta nada ejemplar de las \u00e9lites pol\u00edticas y econ\u00f3micas, que s\u00f3lo dimiten, si es que lo hacen, cuando se produce una condena judicial, y esta anomal\u00eda tambi\u00e9n socava la confianza del ciudadano en las instituciones. De cualquier forma, los casos de corrupci\u00f3n m\u00e1s graves que se han producido en nuestro pa\u00eds tienen como escenario el sector p\u00fablico y como actores principales a nuestros pol\u00edticos. Si tenemos en cuenta que los ciudadanos tienden a cooperar m\u00e1s con los entes y organismos en los que conf\u00edan, tambi\u00e9n tendremos que valorar de forma extraordinaria la confianza o la desconfianza en instituciones p\u00fablicas poco proclives a la transparencia. Las leyes de transparencia que regulan el tratamiento de datos de las diferentes administraciones p\u00fablicas y su conocimiento por parte de los ciudadanos en nuestro pa\u00eds datan de 2014 y su desarrollo es claramente insuficiente respecto a los pa\u00edses de nuestro entorno. Estudios llevados a cabo en EE. UU. se\u00f1alan que en los estados del pa\u00eds donde son mayores los niveles de confianza social en las instituciones, mayor es la responsabilidad c\u00edvica del ciudadano medio y menor el fraude fiscal, un compromiso no escrito que constituye una de las bases de la cooperaci\u00f3n entre el individuo y el Estado.<\/p>\n
\u00a0Los ciudadanos consienten en pagar impuestos de forma voluntaria por dos razones principales: en primer lugar, por una cuesti\u00f3n simplemente utilitaria, es decir, por un retorno de los impuestos pagados en forma de inversiones en el sector p\u00fablico, que redundan en una mejora de las condiciones de vida de toda la poblaci\u00f3n; en segundo lugar, por una cuesti\u00f3n puramente \u00e9tica porque se considera moralmente l\u00edcito contribuir, de acuerdo a nuestra capacidad econ\u00f3mica, a la construcci\u00f3n de una sociedad mejor, m\u00e1s justa e igualitaria; es, por tanto, una cuesti\u00f3n de solidaridad. Los datos de Eurostat referidos a 2015, los \u00faltimos de los que disponemos, sit\u00faan a Espa\u00f1a en un nivel de presi\u00f3n fiscal del 34,6%, lo que contrasta con el 40% de la media de la Uni\u00f3n Europea y el 41,4% de los pa\u00edses de la zona euro. Estos datos muestran a las claras que en Europa existen muchos pa\u00edses con una presi\u00f3n fiscal superior a la nuestra (a la vez que con un mayor porcentaje de gasto en pensiones respecto a su PIB) y que, sin embargo, tienen niveles menores de fraude fiscal, lo que desmiente la creencia de que a mayor presi\u00f3n fiscal mayor ser\u00e1 el fraude. La explicaci\u00f3n del fraude, pues, la encontramos tomando como referencia dos elementos: los insuficientes controles tributarios por parte de la distintas administraciones y el nivel de conciencia fiscal de los ciudadanos.<\/p>\n
Seg\u00fan el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), casi la mitad de los espa\u00f1oles justifican el fraude y declaran que no pagar el IVA no constituye problema moral alguno<\/i><\/p>\n
Por otro lado, los pa\u00edses con mayores niveles de transparencia son los menos corruptos y los que tienen menos fraude fiscal. Es necesaria una labor pedag\u00f3gica m\u00e1s intensa por parte de los gobiernos porque a mayor percepci\u00f3n de un sistema tributario injusto (pagan menos los que m\u00e1s tienen) mayor es la tendencia al fraude fiscal. Los pa\u00edses n\u00f3rdicos son los m\u00e1s transparentes y menos corruptos del mundo, y en ellos el concepto de legalidad no se restringe al \u00e1mbito fiscal y laboral, sino que se extiende a todas las pr\u00e1cticas de la sociedad. Pese a los alt\u00edsimos impuestos que se pagan en los pa\u00edses escandinavos, las obligaciones tributarias son consideradas como algo sagrado y como un deber ineludible de todo ciudadano. Para los ciudadanos de un pa\u00eds n\u00f3rdico, la picaresca, el enga\u00f1o y el robo de dinero p\u00fablico o privado constituyen conductas duramente reprobables que forman parte de los problemas que terminan por corroer y destruir una sociedad. Tanto los pol\u00edticos como la sociedad tienen la misma actitud ante los casos de corrupci\u00f3n: tolerancia cero. La percepci\u00f3n de retorno de impuestos mediante obras p\u00fablicas en las sociedades n\u00f3rdicas tambi\u00e9n es muy elevado, lo que aumenta el sentido del compromiso en los contribuyentes. No existen muchos ejemplos de fraude en los pa\u00edses n\u00f3rdicos, al menos en el sector p\u00fablico. En comparaci\u00f3n con Espa\u00f1a, en los pa\u00edses n\u00f3rdicos hay pocos funcionarios con capacidad de manejar dinero p\u00fablico, y los que tienen ese poder han de dar explicaciones claras y concisas ante los diferentes \u00f3rganos de control sobre el destino de esos fondos.<\/p>\n
Los datos de Eurostat referidos a 2015, los \u00faltimos de los que disponemos, sit\u00faan a Espa\u00f1a en un nivel de presi\u00f3n fiscal del 34,6%, lo que contrasta con el 40% de la media de la Uni\u00f3n Europea y el 41,4% de los pa\u00edses de la zona euro<\/i><\/p>\n
En las sociedades escandinavas, el concepto de delito social, independientemente de sus consecuencias e implicaciones legales, se ampl\u00eda no s\u00f3lo a los casos de soborno o malversaci\u00f3n de dinero p\u00fablico, sino a las ocasiones en las que un pol\u00edtico miente u oculta informaci\u00f3n. En definitiva, la moral tributaria forma parte de la relaci\u00f3n entre el ciudadano y el Estado en los pa\u00edses del norte de Europa, donde el ciudadano paga con conciencia plena de que est\u00e1 manteniendo un sistema del cual todos cuidan en la medida de sus posibilidades y con la total seguridad de que su dinero no se destinar\u00e1 a gastos innecesarios o al beneficio personal de los pol\u00edticos que gobiernan. Esa conciencia c\u00edvica nace en la escuela y en la educaci\u00f3n que se recibe en los hogares y tiene que ver con un entorno que, de manera simult\u00e1nea, ense\u00f1a a colaborar para obtener un bien com\u00fan, en contraposici\u00f3n a defraudar o mentir para obtener ventajas econ\u00f3micas y materiales de manera individual, y condena con dureza cualquier desviaci\u00f3n por parte de los ciudadanos de las conductas aceptadas y respetadas por la sociedad.<\/p>\n
\u00a0Autoridad moral del Estado<\/b><\/p>\n
La cuesti\u00f3n institucional es algo crucial para entender el problema del fraude en nuestro pa\u00eds: ning\u00fan gobierno ha elaborado o solicitado un informe acerca de la econom\u00eda sumergida en Espa\u00f1a. Seg\u00fan los expertos, existe la creencia ciudadana de que el gobierno no dedica los esfuerzos necesarios para combatir el fraude fiscal y la econom\u00eda ilegal, lo que provoca un aumento de las actividades clandestinas. Los estudios dedicados a la econom\u00eda sumergida tambi\u00e9n destacan que la existencia de la misma explica que en Espa\u00f1a no se haya producido un estallido social teniendo en cuenta el nivel de paro registrado durante la crisis financiera de 2007-2008 (m\u00e1s de 6 millones de parados en 2013, lo que equivale a m\u00e1s de un 27% de la poblaci\u00f3n activa), lo cual alimenta la duda de hasta qu\u00e9 punto los diferentes gobiernos quieren investigar el fraude porque combatir el mismo nos conducir\u00eda a una cierta inestabilidad social. Tampoco ayuda, desde luego, de cara a una acci\u00f3n pedag\u00f3gica por parte de las autoridades, el conocimiento que tenemos del diferente tratamiento que la Agencia Tributaria otorga a determinados ciudadanos y empresas. Los medios de comunicaci\u00f3n han informado ampliamente acerca de aquellos casos en los que la Hacienda p\u00fablica ha jugado un papel m\u00e1s pol\u00e9mico.<\/p>\n
\u00a01. Caso Cemex<\/p>\n
\u00a0En abril de 2014, la filial en Espa\u00f1a de la empresa de cementos mejicana Cemex sufri\u00f3 una sanci\u00f3n por parte de la Agencia Tributaria de 455 millones de euros por engordar sus cr\u00e9ditos fiscales en 3.042 millones de euros para no pagar impuestos. Antes de que la multa fuera comunicada de forma oficial a la empresa se produjeron varios hechos controvertidos: la inspectora encargada de sancionar a la empresa, Dolores Linares, fue destituida tras rechazar un recurso de la cementera contra la sanci\u00f3n. Su superior en Hacienda, Ignacio Ucelay, dimiti\u00f3, y tambi\u00e9n lo hizo el director de Inspecci\u00f3n, Luis Jones, en una serie de diligencias dentro de la instituci\u00f3n que los sindicatos de inspectores y t\u00e9cnicos de Hacienda definieron como \u201cinjerencias pol\u00edticas\u201d. Jos\u00e9 Mar\u00eda Mollinedo, secretario general de Gestha, dio a entender que funcionarios del entorno del ministro de Hacienda, Crist\u00f3bal Montoro, podr\u00edan haber asesorado a Cemex con el fin de que la cementera saliera indemne de su enfrentamiento con la Agencia Tributaria y declar\u00f3 que Cemex intent\u00f3 eludir la deuda utilizando su influencia pol\u00edtica. Mollinedo tambi\u00e9n afirm\u00f3 que el problema de Cemex se sald\u00f3 con la destituci\u00f3n de altos cargos de la Delegaci\u00f3n Central de Grandes Contribuyentes contrarios a las directrices provenientes del poder pol\u00edtico para cancelar la deuda de la cementera.<\/p>\n
El secretario general de Gestha dio a entender que funcionarios del entorno del ministro de Hacienda, Crist\u00f3bal Montoro, podr\u00edan haber asesorado a Cemex con el fin de que la cementera saliera indemne de su enfrentamiento con la Agencia Tributaria<\/i><\/p>\n
La organizaci\u00f3n de Inspectores de Hacienda (IHE), mayoritaria dentro de la Agencia Tributaria, tambi\u00e9n se mostr\u00f3 cr\u00edtica y remiti\u00f3 una nota de prensa en la que cuestionaba la excesiva dependencia de la Agencia Tributaria respecto a los cargos de libre designaci\u00f3n y se\u00f1alaba: \u201cla intromisi\u00f3n de criterios ajenos a los t\u00e9cnicos, o de voluntades distintas a las de los \u00f3rganos encargados de decidir los expedientes tributarios, supondr\u00eda traspasar una l\u00ednea roja que, en caso de demostrarse [\u2026] ser\u00eda objeto del repudio p\u00fablico\u201d. Los inspectores encargados de auditar la contabilidad de Cemex consideraron de forma inequ\u00edvoca que el gigante mejicano simulaba operaciones entre las diferentes empresas del grupo para eludir el pago de impuestos. La Agencia Tributaria determin\u00f3 que la cuant\u00eda final del fraude de Cemex era de 4.550 millones de euros y comunic\u00f3 la multa a la cementera, que interpuso un recurso ante los tribunales. El caso est\u00e1 a\u00fan en manos de la Justicia.<\/p>\n
2. Caso Pujol<\/p>\n
El propio ministro Montoro desvel\u00f3 el que es, tal vez, el caso m\u00e1s claro de injerencia pol\u00edtica en la Agencia Tributaria, el caso Pujol. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados en julio de 2014, Crist\u00f3bal Montoro acus\u00f3 directamente a Pujol: \u201cNo podemos descartar uno o varios delitos\u201d, para despu\u00e9s asegurar que, incomprensiblemente, las investigaciones por posibles irregularidades fiscales contra el expresidente de la Generalitat de Catalu\u00f1a hab\u00edan comenzado cuando Aznar a\u00fan era presidente del Gobierno: \u201cHay indicios de investigaciones desde antes de que llegara yo al Gobierno\u201d, manifest\u00f3 Montoro. El secretario general de Gestha, Jos\u00e9 Mar\u00eda Mollinedo, se mostr\u00f3 muy expl\u00edcito acerca del caso: \u201cUna inspecci\u00f3n se inicia y se acaba en seis meses o, en todo caso, en un a\u00f1o, si se tiene que prorrogar. Pero no dura diez a\u00f1os\u201d. Mollinedo sostiene que la Agencia Tributaria elabor\u00f3 \u201cun dossier\u201d contra Pujol para utilizarlo de forma pol\u00edtica y no cumpli\u00f3 \u201cel deber de perseguir el delito\u201d, lo cual supone un \u201cincumplimiento de la obligaci\u00f3n\u201d por parte de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a03.\u00a0Caso HSBC y lista Falciani<\/p>\n
En 2009, durante la segunda legislatura del Gobierno de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero se produjo otro caso que, seg\u00fan los t\u00e9cnicos e inspectores de Gestha, supone una buena muestra de la politizaci\u00f3n de la Agencia Tributaria en nuestro pa\u00eds, el caso HSBC. Ese fue el momento en que el Gobierno espa\u00f1ol conoci\u00f3 los nombres de los m\u00e1s de 650 defraudadores espa\u00f1oles incluidos en la conocida como lista Falciani (un listado de grandes fortunas con cuentas en el banco brit\u00e1nico HSBC, que Herv\u00e9 Falciani, ingeniero inform\u00e1tico del banco, sustrajo antes de abandonar la entidad). La lista completa estaba formada por unas 130.000 personas con cuentas no declaradas en la sede que el HSBC tiene en Ginebra. En el per\u00edodo comprendido entre 2006 y 2008, Herv\u00e9 Falciani copi\u00f3 presuntamente datos del HSBC en Ginebra que inclu\u00edan los nombres de titulares de cuentas opacas de varias nacionalidades del continente.<\/p>\n
Falciani trat\u00f3 de informar a las autoridades suizas, que no mostraron inter\u00e9s. El 20 de marzo de 2008, la Asociaci\u00f3n Suiza de Banqueros denunci\u00f3 que dos empleados del HSBC trataron de vender datos de cuentas bancarias al banco liban\u00e9s Audi en Beirut. En diciembre del mismo a\u00f1o, Falciani fue procesado en Suiza por este incidente. Despu\u00e9s de declarar ante las autoridades del pa\u00eds, fue puesto en libertad. Tras este episodio, huy\u00f3 a Francia. A comienzos de 2009, las autoridades francesas lo detuvieron en cumplimiento de una orden de detenci\u00f3n internacional emitida por Suiza. La polic\u00eda gala encontr\u00f3 en el domicilio de Falciani archivos inform\u00e1ticos con los datos de los 130.000 potenciales evasores fiscales, 24.000 de los cuales eran ciudadanos de la Uni\u00f3n Europea, y dio comienzo a una investigaci\u00f3n. Poco despu\u00e9s, el Gobierno de Francia devolvi\u00f3 a Suiza los archivos de Falciani, pero antes comparti\u00f3 la informaci\u00f3n proporcionada por el ingeniero inform\u00e1tico con todos los pa\u00edses con los que mantiene acuerdos de colaboraci\u00f3n fiscal, entre los que se encuentran Italia, Reino Unido y Espa\u00f1a. En octubre de 2010, la Agencia Tributaria espa\u00f1ola ingres\u00f3 260 millones de euros que proven\u00edan de la regularizaci\u00f3n de dinero de 300 ciudadanos que ten\u00edan cuentas opacas en la filial suiza del HSBC.<\/p>\n
Entre todos los que figuraban en la lista Falciani acumulaban m\u00e1s de 100.000 millones de d\u00f3lares en unas 30.000 cuentas bancarias en la filial suiza del HSBC\u00a0<\/i><\/p>\n
Falciani fue detenido en Barcelona en julio de 2012 a petici\u00f3n de las autoridades suizas, aunque Espa\u00f1a no extradit\u00f3 al ingeniero franc\u00e9s y lo dej\u00f3 en libertad el 12 de diciembre del mismo a\u00f1o, despu\u00e9s de permanecer seis meses en prisi\u00f3n preventiva en el centro penitenciario de Valdemoro. Falciani pas\u00f3 entonces a colaborar con las autoridades espa\u00f1olas. El 8 de mayo de 2013, la Audiencia Nacional rechaza la extradici\u00f3n a Suiza de Herv\u00e9 Falciani, en consonancia con el criterio de la Fiscal\u00eda, que s\u00f3lo un mes antes se hab\u00eda opuesto a la extradici\u00f3n en virtud de su colaboraci\u00f3n con las autoridades espa\u00f1olas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales e investigaci\u00f3n de financiaci\u00f3n del terrorismo. La resoluci\u00f3n de la Audiencia fue firme, por lo que qued\u00f3 en libertad sin ninguna medida cautelar. A comienzos de 2015, sale a la luz el contenido de la lista Falciani gracias a una investigaci\u00f3n dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ). La relaci\u00f3n de personalidades presentes en la lista incluye a importantes empresarios, banqueros, arist\u00f3cratas, deportistas y artistas. Entre todos acumulaban m\u00e1s de 100.000 millones de d\u00f3lares en unas 30.000 cuentas bancarias en la filial suiza del HSBC.<\/p>\n
En el caso de Espa\u00f1a, en 2009 el Gobierno tuvo conocimiento, gracias a los datos compartidos por las autoridades francesas, de 659 casos de defraudadores espa\u00f1oles en una estructura de m\u00e1s de 3.000 cuentas opacas con las que se logr\u00f3 evadir m\u00e1s de 3.000 millones de euros. La actuaci\u00f3n de la Agencia Tributaria es m\u00e1s que cuestionable porque la Hacienda espa\u00f1ola no abri\u00f3 una investigaci\u00f3n con el fin de dilucidar si exist\u00eda o no fraude por parte de los supuestos defraudadores, sino que entreg\u00f3 a la mayor parte de ellos un comunicado inst\u00e1ndoles a que presentaran declaraciones complementarias con el fin de regularizar el dinero oculto en un plazo m\u00e1ximo de diez d\u00edas. \u201cA estas personas se les otorg\u00f3 la posibilidad de presentar unas declaraciones complementarias, y se les dio un tratamiento m\u00e1s que cuestionable\u201d, declar\u00f3 Jos\u00e9 Mar\u00eda Mollinedo, secretario general de Gestha. En 2013, Gestha present\u00f3 una querella contra varios ex altos cargos de Hacienda al entender que, adem\u00e1s de las sanciones por posibles delitos fiscales, las irregularidades, de haber seguido su tr\u00e1mite administrativo, hubieran supuesto \u201ccondenas para directores de entidades financieras\u201d y su inhabilitaci\u00f3n para ejercer cargos de direcci\u00f3n. La querella de Gestha mencionaba a miembros de la familia Bot\u00edn.<\/p>\n
4. Caso No\u00f3s<\/p>\n
En 2013, la Agencia Tributaria dio por v\u00e1lidas tres facturas (que hab\u00eda declarado falsas meses atr\u00e1s) emitidas por el imputado y socio de I\u00f1aki Urdangar\u00edn, Diego Torres, a la empresa Aizoon, propiedad de Urdangar\u00edn y de la infanta Cristina. Este paso jur\u00eddico libr\u00f3 a la infanta de la acusaci\u00f3n de delito fiscal en el Impuesto de Sociedades, que se habr\u00eda producido si las tres facturas se hubieran contabilizado dentro del total de justificantes falsos emitidos por Aizoon. A trav\u00e9s de la empresa Aizoon, Torres y Urdangar\u00edn deduc\u00edan gastos personales, adem\u00e1s de detraer -facturando trabajos que en realidad no hac\u00edan- dinero procedente del Instituto N\u00f3os, la fundaci\u00f3n que recib\u00eda fondos p\u00fablicos de administraciones dirigidas por el Partido Popular. Gestha denunci\u00f3 que los peritos designados por la Agencia Tributaria aceptaron las tres facturas rompiendo todas las pr\u00e1cticas de Hacienda. El magistrado encargado del caso, el juez Castro, incluy\u00f3 las tres facturas entre los gastos supuestamente ficticios de la empresa Aizoon en el auto en el cual acus\u00f3 a la infanta Cristina de un delito contra la Hacienda p\u00fablica y blanqueo de capitales. Las tres facturas fueron emitidas por Torres Tejeiro Consultor\u00eda (sociedad que cambi\u00f3 de nombre en noviembre de 2007, pasando a llamarse Intuit Estrategy) por el concepto \u201casesor\u00edas\u201d, el m\u00e1s utilizado por Urdangar\u00edn y su socio para sustraer dinero p\u00fablico. El importe de las tres facturas ascend\u00eda a 69.900 euros de un total de m\u00e1s de 8 millones de euros en facturas falsas intercambiadas por las diferentes empresas del entramado N\u00f3os con el fin de generar gastos ficticios. En el definitivo informe del 14 de noviembre de 2013, Hacienda concluy\u00f3 que Aizoon defraud\u00f3 en cuatro a\u00f1os 281.000 euros.<\/p>\n
Urdangar\u00edn utiliz\u00f3 su posici\u00f3n y su influencia para abrir puertas y recibir favores que se le hac\u00edan precisamente por ser quien era. Al menos desde 2005, la Casa del Rey conoc\u00eda las actividades de I\u00f1aki Urdangar\u00edn y le advirti\u00f3 del car\u00e1cter presuntamente ilegal de las mismas a trav\u00e9s de Jos\u00e9 Manuel Romero Moreno, conde de Fontao y asesor legal de Juan Carlos I. Por los correos electr\u00f3nicos aportados por Diego Torres, se supo que Urdangar\u00edn tambi\u00e9n consultaba todas sus actividades con Carlos Garc\u00eda Revenga, secretario de las infantas. Seg\u00fan public\u00f3 el diario El Pa\u00eds, el exsocio de Urdangar\u00edn present\u00f3 tres correos que revelaban una supuesta intermediaci\u00f3n del rey Juan Carlos a favor de su yerno con el fin de que consiguiera la participaci\u00f3n de un nuevo equipo de vela en la 33\u00aa edici\u00f3n de la Copa Am\u00e9rica de 2007. El proyecto fue bautizado con el nombre de Ayre y no lleg\u00f3 a prosperar pese a la implicaci\u00f3n del Rey que, presuntamente, lleg\u00f3 a realizar tr\u00e1mites directos con el expresidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps.<\/p>\n
en febrero de 2017, I\u00f1aki Urdangar\u00edn fue condenado a seis a\u00f1os y tres meses de prisi\u00f3n por prevaricaci\u00f3n, malversaci\u00f3n, fraude, tr\u00e1fico de influencias y dos delitos fiscales<\/i><\/p>\n
Finalmente, en febrero de 2017, I\u00f1aki Urdangar\u00edn fue condenado a seis a\u00f1os y tres meses de prisi\u00f3n por prevaricaci\u00f3n, malversaci\u00f3n, fraude, tr\u00e1fico de influencias y dos delitos fiscales. La Audiencia Provincial de Baleares absolvi\u00f3 a la infanta Cristina de dos delitos fiscales, aunque considera que se benefici\u00f3 de los delitos cometidos por su marido y le impuso la devoluci\u00f3n de 265.088 euros que hab\u00eda cargado a la tarjeta de cr\u00e9dito de Aizoon que compart\u00eda con Urdangar\u00edn. El marido de la infanta Cristina present\u00f3 de inmediato un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo. Este \u00f3rgano decidi\u00f3 no aplicar medidas cautelares, por esta raz\u00f3n, Urdangar\u00edn, en tanto el Tribunal Supremo no se pronuncie, puede disfrutar de libertad y tampoco est\u00e1 obligado a abonar fianza.<\/p>\n
Este tipo de actuaciones de la Agencia Tributaria son de dominio p\u00fablico y su ocultaci\u00f3n ante la opini\u00f3n p\u00fablica no s\u00f3lo es contraria a la \u00e9tica, sino imposible en la sociedad de la informaci\u00f3n en que vivimos. Hechos como los descritos redundan en un desprestigio de nuestras instituciones y tienen un efecto econ\u00f3mico nefasto para la sociedad en su conjunto porque el dinero defraudado que no se recauda acaba repercutiendo en todos los servicios p\u00fablicos-incluyendo el dinero dedicado a las pensiones- que un Estado de bienestar moderno tiene la obligaci\u00f3n de mantener.<\/p>\n
Tal vez no debamos extra\u00f1arnos de ninguna de estas actuaciones dentro de la Agencia Tributaria ni de que los delitos de las grandes empresas no se persigan de forma implacable en todos los casos. El ciudadano tiene derecho a pensar que existe una clara connivencia entre los altos cargos de Hacienda y los altos directivos de las mayores empresas. Buena muestra de ello es lo que ocurri\u00f3 en marzo de 2017, cuando la organizaci\u00f3n de t\u00e9cnicos del Ministerio de Hacienda denunci\u00f3 en el marco de su XV Congreso Nacional celebrado en Alicante que altos directivos de Hacienda instruyen a las grandes multinacionales sobre c\u00f3mo eludir el pago de impuestos y evitar sanciones fiscales. Inspectores de Gestha se\u00f1alaron en un comunicado que los dos m\u00e1ximos responsables de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional \u201cimparten clases en un m\u00e1ster sobre ingenier\u00eda fiscal para grandes multinacionales\u201d. Gestha solicitar\u00e1 en el Parlamento que se regulen estas \u201cpr\u00e1cticas t\u00f3xicas\u201d. Seg\u00fan el sindicato de inspectores, existen cientos de cursos en los que altos responsables de Hacienda aleccionan a asesores internacionales y grandes despachos tributarios en t\u00e9cnicas para evitar el pago de impuestos y para sortear las medidas de control, \u201crayando el l\u00edmite del decoro y de la Ley de Incompatibilidades\u201d.<\/p>\n
El sindicato de t\u00e9cnicos e inspectores de Hacienda se\u00f1al\u00f3 que, pese a sus altas retribuciones, \u201ces frecuente encontrar en los claustros de profesores a subdirectores generales y altos responsables de la OFNI, de la Delegaci\u00f3n Central de Grandes Contribuyentes (DCGC) o de la Direcci\u00f3n General de Tributos, por citar algunos ejemplos\u201d. Estos directivos reciben salarios de entre 70.000 y 111.000 euros anuales, pese a ello utilizan su posici\u00f3n privilegiada para atraer alumnos a los cursos. En su nota de prensa, Gestha afirmaba que el ejemplo m\u00e1s claro es el del m\u00e1ster de Direcci\u00f3n de Fiscalidad Internacional, un curso dirigido por 27 profesores, 16 de los cuales son inspectores de Hacienda en activo y 4 en excedencia. Entre los 16 que a\u00fan est\u00e1n en activo se encuentran los dos m\u00e1ximos responsables de la OFNI, responsables de la DCGC y tambi\u00e9n de la Direcci\u00f3n General de Tributos -hasta diciembre de 2016- y 5 subdirectores generales. Seg\u00fan el sindicato de t\u00e9cnicos de Hacienda, \u201ccuriosamente este m\u00e1ster dedica una parte de su temario, sin ser exhaustivos, a las principales caracter\u00edsticas de los para\u00edsos fiscales m\u00e1s notables y reg\u00edmenes fiscales privilegiados de mayor inter\u00e9s\u201d.<\/p>\n
la organizaci\u00f3n de t\u00e9cnicos del Ministerio de Hacienda denunci\u00f3 que altos directivos de Hacienda instruyen a las grandes multinacionales sobre c\u00f3mo eludir el pago de impuestos y evitar sanciones fiscales<\/i><\/p>\n
Gestha llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre la frecuencia con la que muchos funcionarios participan en estos cursos, en ocasiones en horario matinal, algo que podr\u00eda constituir una infracci\u00f3n de la Ley de Incompatibilidades, que exime de la ley las actividades docentes s\u00f3lo cuando sean ocasionales. Por estas razones exigieron a la Inspecci\u00f3n de los Servicios de Hacienda que abran una investigaci\u00f3n sobre el centenar de cursos organizados por empresas privadas en los que han formado parte como docentes altos responsables de la Agencia Tributaria. Entre los organizadores de estos cursos est\u00e1n algunas de las grandes consultoras y asesor\u00edas tributarias, que han recibido asesoramiento directo por parte de miembros de Hacienda respecto a pr\u00e1cticas tributarias y proyectos normativos. Desde Gestha se se\u00f1ala que la alta actividad docente supone un contacto entre altos directivos de grandes multinacionales y altos responsables de Hacienda que sirve para \u201cengrasar las puertas giratorias\u201d porque muchos altos cargos de la Agencia Tributaria terminan prestando sus servicios en las grandes empresas.<\/p>\n
\u00a0La tributaci\u00f3n de las SICAV<\/b><\/p>\n
Otra posible fuente de ingresos para el Estado espa\u00f1ol, no s\u00f3lo para financiar las pensiones, sino otros servicios p\u00fablicos (si bien el tema a tratar ahora es de una complejidad enorme), proceder\u00eda del trato m\u00e1s equitativo y justo hacia las grandes fortunas, que gestionan buena parte de su patrimonio a trav\u00e9s de las llamadas SICAV. Una SICAV es una sociedad de inversi\u00f3n que sirve como instrumento utilizado por las grandes fortunas, principalmente en Luxemburgo, Italia, Francia, Suiza y Espa\u00f1a, con el fin de pagar menos impuestos. Su car\u00e1cter jur\u00eddico propicia la evasi\u00f3n de impuestos y facilita la inversi\u00f3n en activos financieros como los fondos de inversi\u00f3n. Las SICAV son sociedades bastante comunes en Europa entre las familias m\u00e1s ricas del continente y tambi\u00e9n como grandes gestoras de fondos de inversi\u00f3n gracias a sus ventajas fiscales: en nuestro pa\u00eds, estas sociedades tributan a un exiguo 1%. Las operaciones de constituci\u00f3n, aumento de capital, uni\u00f3n con otra SICAV (en la pr\u00e1ctica, esto significa que se puede traspasar dinero de una SICAV a otra sin tributar) o escisi\u00f3n tambi\u00e9n permanecen exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados en la modalidad de operaciones societarias.<\/p>\n
Manejando estad\u00edsticas de 2015, estos son los datos m\u00e1s destacables:<\/p>\n
Las mayores SICAV de nuestro pa\u00eds son Torrenova de Inversiones, vinculada a la familia March (valor de 1.539 millones de euros y 5.445 accionistas); Morinvest, propiedad de Alicia Koplovitz (valor de 556 millones de euros, con el 99,86% de las acciones en manos de su principal accionista); Cartera Bellver, tambi\u00e9n es propiedad de la familia March (valor de 551 millones de euros, ning\u00fan accionista supera el 20%); Soandres de Activos, vinculada a Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega (propietario del grupo Inditex) y de Rosal\u00eda de Mera (valor de 405 millones de euros); Elitia Invest, propiedad de los hermanos Gallardo Ballart, due\u00f1os de los laboratorios Almirall (valor de 403 millones de euros); Allocation, vinculada a la familia Del Pino, fundadores de la constructora Ferrovial (valor de 380 millones de euros); y Soixa, propiedad de Antonio Hern\u00e1ndez, presidente de Ebro Foods, multinacional de la alimentaci\u00f3n (valor de 364 millones de euros).<\/p>\n
Los datos proporcionados por la CNMV a finales de 2015 aumentan las sospechas de fraude de ley respecto a las SICAV a causa del reducido n\u00famero de accionistas suscritos a estas entidades<\/i><\/p>\n
Los datos proporcionados por la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales de 2015 aumentan las sospechas de fraude de ley respecto a las SICAV a causa del reducido n\u00famero de accionistas suscritos a estas entidades. La cantidad de accionistas resulta ser fundamental para las SICAV porque es lo que determina su car\u00e1cter de sociedad de inversi\u00f3n colectiva y lo que permite que su tributaci\u00f3n ante Hacienda sea tan solo del 1% sobre los beneficios declarados. La ley dice que las SICAV deben tener al menos 100 accionistas, cuantos m\u00e1s accionistas tenga una SICAV, menos sospechosa ser\u00e1 ante la Agencia Tributaria; al contrario, cuantos menos accionistas tenga, m\u00e1s sospechosa ser\u00e1. La raz\u00f3n es que alguien con una gran fortuna puede poner la mayor parte del dinero exigido con el fin de constituir una de estas sociedades (2,4 millones de euros), para despu\u00e9s adjuntar a la sociedad m\u00e1s accionistas que apenas aportan dinero (los conocidos como \u201cmariachis\u201d), hasta llegar al n\u00famero de 100 socios.<\/p>\n
Los datos manejados por la CNMV confirman que los \u201cmariachis\u201d son utilizados en la mayor\u00eda de las SICAV de nuestro pa\u00eds. De las 3.335 entidades que hab\u00edan enviado sus balances a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores, tan solo 24 superaban la cifra de 500 accionistas, datos suficientemente claros para la CNMV para sospechar que las SICAV estuvieran sirvi\u00e9ndose de \u201cmariachis\u201d en un fraude a escala masiva. Un n\u00famero de 295 sociedades declararon superar los 200 accionistas, una raz\u00f3n para no ser investigadas.<\/p>\n
Hay 605 entidades con m\u00e1s de 150 accionistas, lo cual supone el 18% de las 3.335 sociedades. El resto de ellas, el 82%, es decir, 2.730 SICAV, tienen una cifra de accionistas inferior a 150. En este \u00faltimo caso, las sospechas de fraude son absolutas. Existen 77 sociedades con un n\u00famero de socios inferior a 100. Estas SICAV est\u00e1n incumpliendo el m\u00ednimo de accionistas exigido por la ley. A finales de septiembre de 2015, las SICAV en Espa\u00f1a ten\u00edan 468.940 accionistas, el 65%, es decir, 307.835 accionistas figuraban en entidades con menos de 150 socios, lo cual significa que formaban parte de las sociedades m\u00e1s sospechosas de fraude.<\/p>\n
Hay 605 entidades con m\u00e1s de 150 accionistas, lo cual supone el 18% de las 3.335 sociedades. El resto de ellas, el 82%, es decir, 2.730 SICAV, tienen una cifra de accionistas inferior a 150<\/i><\/p>\n
Las cifras en poder de la CNMV ponen de relieve el uso instrumental de estas sociedades mediante la utilizaci\u00f3n de los \u201cmariachis\u201d con el fin de beneficiarse del trato jur\u00eddico otorgado a las SICAV. Los inspectores de la Agencia Tributaria llaman la atenci\u00f3n sobre el hecho de que las SICAV tributen tan solo al 1%, pero tambi\u00e9n en las pr\u00e1cticas fraudulentas de la \u201ccontrataci\u00f3n\u201d de \u201cmariachis\u201d. El criterio de los inspectores de Hacienda en este asunto es claro: la Agencia Tributaria deber\u00eda recuperar el control de las SICAV, una supervisi\u00f3n que recae en la CNMV desde 2005. Pero \u00bfc\u00f3mo pasaron las SICAV de la jurisdicci\u00f3n de la Agencia Tributaria a la de la CNMV? En 2005, el Gobierno de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero fue advertido por los inspectores de la Agencia Tributaria de que las SICAV eran sociedades expresamente creadas para defraudar. El Gobierno no s\u00f3lo no hizo nada a este respecto, sino que cambi\u00f3 el \u00e1mbito jur\u00eddico de estas sociedades, que pasaron de depender de la Agencia Tributaria -con sus respectivas inspecciones- a hacerlo de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores, un ente que no tiene las competencias ni los medios para detectar las anomal\u00edas que se producen en las SICAV. El 1 de julio de 2005, el Congreso de los Diputados aprob\u00f3 que fuera la CNMV el \u00f3rgano que controlara a las SICAV. El \u00fanico grupo que se opuso a esta medida fue Izquierda Unida.<\/p>\n
La asociaci\u00f3n de Inspectores de Hacienda del Estado declar\u00f3 entonces que la medida supon\u00eda la aprobaci\u00f3n de una amnist\u00eda fiscal para las SICAV y que no exist\u00eda problema de competencias entre la CNMV y Hacienda, sino que se hab\u00eda buscado la \u201cf\u00f3rmula m\u00e1s id\u00f3nea\u201d para beneficiar econ\u00f3micamente a las sociedades que incumplieron la condici\u00f3n legal de tener al menos 100 socios con el fin de tributar al 1%. Seg\u00fan Jos\u00e9 Mar\u00eda Pel\u00e1ez, entonces portavoz de la organizaci\u00f3n, el quid de la cuesti\u00f3n consist\u00eda en que \u201cNo podr\u00e1n prosperar las actas abiertas, m\u00e1s de 200, porque la ley no considera que la falta de cien socios sea motivo suficientemente grave para que la CNMV repruebe a una SICAV. Si no se reprueba, no se podr\u00e1 eliminar la tributaci\u00f3n del 1% porque la norma aprobada por el Congreso se aplicar\u00eda con car\u00e1cter retroactivo al resultar m\u00e1s beneficiosa\u201d.<\/p>\n
Tras la aprobaci\u00f3n de la ley, las sociedades investigadas aprovecharon el nuevo marco jur\u00eddico para evitar que las actas prosperasen y acudieron al Tribunal Econ\u00f3mico Administrativo Central (TEAC) para evitar las posibles sanciones. El TEAC dict\u00f3 en 2007 una resoluci\u00f3n claramente favorable a las SICAV, dictaminando que el \u00fanico \u00f3rgano con capacidad para ejercer tareas de supervisi\u00f3n sobre las SICAV era la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores.<\/p>\n
La utilizaci\u00f3n de los llamados \u201cmariachis\u201d o testaferros hace que la mitad de las SICAV est\u00e9n bajo sospecha de fraude. Seg\u00fan informaciones de ex directivos de diferentes entidades bancarias, era habitual que al banco llegase el cliente, que sol\u00eda ser una familia, y que sus miembros se convirtieran en los accionistas mayoritarios de la SICAV que iban a formar. Posteriormente, el banco consegu\u00eda a los accionistas necesarios para llegar al m\u00ednimo legal de 100 y as\u00ed poder disfrutar de una tributaci\u00f3n al 1%. Esta pr\u00e1ctica era habitual en el resto de entidades bancarias espa\u00f1olas: un n\u00famero menor de accionistas poseen la mayor parte del capital de la sociedad y el resto de inversores apenas una o dos acciones. Con el fin de conseguir inversores ficticios, el banco solicitaba a sus propios empleados que estuvieran dispuestos a figurar como \u201cmariachis\u201d en las SICAV que gestionaban para no perder cuota de negocio. Entre los \u201cmariachis\u201d tambi\u00e9n se han llegado a detectar empleadas dom\u00e9sticas y menores de edad.<\/p>\n
Como consecuencia de inexplicables lagunas jur\u00eddicas, existen SICAV en las cuales figuran inversores que tan solo aportan 1 \u00f3 2 euros al total del capital, mientras que el grueso del mismo est\u00e1 en manos de los accionistas mayoritarios. Entre 2003 y 2005, el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda trat\u00f3 de regular las SICAV y no s\u00f3lo comprobaron el n\u00famero de accionistas de algunas entidades, sino que investigaron a cada inversor que figuraba como accionista. Los inspectores llegaron a levantar cientos de actas en las que se daba cuenta de forma detallada del uso sistem\u00e1tico de testaferros. Aunque todas las sociedades ten\u00edan m\u00e1s de los 100 socios requeridos legalmente, se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que gran parte de los accionistas tan solo estaban presentes con el fin de llegar al m\u00ednimo de inversores que la ley exig\u00eda.<\/p>\n
Como consecuencia de inexplicables lagunas jur\u00eddicas, existen SICAV en las cuales figuran inversores que tan solo aportan 1 \u00f3 2 euros al total del capital, mientras que el grueso del mismo est\u00e1 en manos de los accionistas mayoritarios<\/i><\/p>\n
El inspector Jos\u00e9 Mar\u00eda Pel\u00e1ez declaraba dos a\u00f1os y medio atr\u00e1s: \u201cA ver qui\u00e9n se cree que una persona ha puesto 10 euros para entrar en una SICAV\u201d. Un claro ejemplo es Riotiron, que en la pr\u00e1ctica tiene un solo accionista que detenta el 99,99% del capital de la sociedad, que asciende a m\u00e1s de 2.800.000 euros, mientras que el resto de los accionistas de esta SICAV poseen de media la irrisoria cifra de 2,23 euros.<\/p>\n
Por incre\u00edble que parezca, la tributaci\u00f3n al 1% no era la principal ventaja de la que dispon\u00edan los m\u00e1ximos accionistas de una SICAV. El privilegio m\u00e1s importante del que disfrutaban los propietarios de estas sociedades era la llamada \u201creducci\u00f3n de capital\u201d. Mediante este mecanismo perverso, los due\u00f1os de las SICAV pod\u00edan retirar dinero sin tributar mientras no superase la cantidad invertida cuando se fund\u00f3 la sociedad, la raz\u00f3n es que se consideraba que el dinero retirado era capital y no rendimientos e intereses econ\u00f3micos generados por las inversiones. Finalmente, el impacto sobre el Impuesto del Patrimonio mediante esta pr\u00e1ctica era sustancial: una persona que ingresase su dinero en una SICAV provocar\u00eda una disminuci\u00f3n importante en la base imponible de su IRPF y por esta raz\u00f3n podr\u00eda beneficiarse del art\u00edculo 31 de la Ley del Impuesto, una resoluci\u00f3n que fija que la cantidad que una persona paga por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio no puede superar el 70% de base imponible del primero, algo que termina teniendo un impacto decisivo en los impuestos que el propietario paga a Hacienda. El privilegio de \u201creducci\u00f3n de capital\u201d desapareci\u00f3 en 2010, cuando el Gobierno de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero oblig\u00f3 a las SICAV a reconocer estos beneficios como plusval\u00edas, con una tributaci\u00f3n de entre el 19% y el 21%. Fuentes del sector reconocieron el car\u00e1cter limitado de esta medida puesto que las grandes fortunas conoc\u00edan los proyectos del Gobierno para aprobar la nueva norma y se anticiparon llevando a cabo reducciones de capital antes de que la medida entrara en vigor.<\/p>\n
Es cierto que, si el propietario de una SICAV decide retirar la totalidad de la inversi\u00f3n de la sociedad, tributar\u00e1 en torno a entre el 21% y el 27% dependiendo de en qu\u00e9 Comunidad Aut\u00f3noma realice la operaci\u00f3n, pero este gravamen s\u00f3lo se lleva a cabo en el caso de aquellos inversores que retiren la totalidad del dinero invertido, algo que no es habitual. Otra de las anomal\u00edas propias de estas sociedades radica en el hecho de que el dinero de una SICAV no puede usarse con el fin de adquirir otra empresa, m\u00e1quinas y bienes de equipo o contratar trabajadores, de manera que s\u00f3lo podr\u00eda utilizarse para comprar activos financieros como acciones, bonos, derivados, etc\u00e9tera. El fin \u00faltimo de estas entidades no es activar la econom\u00eda, sino potenciar la inversi\u00f3n en activos financieros. Ahora bien, si la tributaci\u00f3n que una persona paga por el dinero obtenido en un fondo de inversi\u00f3n es el mismo que se paga por el dinero ganado en una SICAV, \u00bfpor qu\u00e9 existen estas sociedades? La raz\u00f3n es que las ganancias obtenidas a trav\u00e9s de un fondo de inversi\u00f3n tributan cada a\u00f1o, mientras que la ganancia de dinero obtenida por el rendimiento anual del capital depositado en la SICAV s\u00f3lo requiere pago de impuestos si es retirado de la sociedad. Esta diferencia de tributaci\u00f3n acaba siendo el factor decisivo porque cuando los beneficios anuales son considerables, la disparidad de beneficios obtenidos entre un fondo de inversi\u00f3n y una SICAV es enorme en favor de estas \u00faltimas.<\/p>\n
si la tributaci\u00f3n que una persona paga por el dinero obtenido en un fondo de inversi\u00f3n es el mismo que se paga por el dinero ganado en una SICAV, \u00bfpor qu\u00e9 existen estas sociedades?\u00a0<\/i><\/p>\n
El control de estas sociedades se antoja como un problema complicad\u00edsimo no s\u00f3lo para Espa\u00f1a, sino para cualquier Estado de Europa y del mundo que quiera perseguir la ingenier\u00eda financiera. La existencia de para\u00edsos fiscales y de privilegios, encubiertos o no, para las grandes empresas ha resultado ser una tentaci\u00f3n para las grandes fortunas, que trasladan su dinero al Estado que menos grav\u00e1menes imponga a sus beneficios. La Agencia Tributaria espa\u00f1ola tiene un as en la manga que podr\u00eda usar a partir de 2019. En esa fecha entrar\u00e1 en vigor la directiva europea \u201ccontra las pr\u00e1cticas de elusi\u00f3n fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior\u201d, que fue aprobada en julio del a\u00f1o pasado y que otorga poderes para que nadie controle de forma directa o indirecta m\u00e1s del 50% del capital de una SICAV. La directiva establece una serie de condiciones para que una entidad pueda ser considerada sociedad extranjera controlada. De esta forma, el pa\u00eds del contribuyente tendr\u00e1 la capacidad de incluir en la base imponible o bien determinados tipos de rentas no distribuidas de la sociedad como los intereses generados por activos financieros y dividendos y rentas procedentes de la enajenaci\u00f3n de acciones o bien las rentas no asignadas de la sociedad procedentes de mecanismos falseados que hayan sido creados de forma expresa para defraudar. El impacto final depender\u00e1 de c\u00f3mo se trasponga la directiva europea. La Comisi\u00f3n Europea estima entre 50.000 y 70.000 millones de euros las p\u00e9rdidas que la elusi\u00f3n del impuesto de sociedades ocasiona en los pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
El 29 de mayo de 2017, el Consejo de Europa modific\u00f3 la directiva original 2016\/1164 contra la elusi\u00f3n fiscal introduciendo una serie de reformas que, inexplicablemente, favorec\u00edan de forma sustancial a las grandes empresas. En el Art\u00edculo 2 de las modificaciones se hizo un cambio que establece que \u201cse considerar\u00e1 que puede haber asimetr\u00eda h\u00edbrida si una entidad est\u00e1 asociada en m\u00e1s de un 50% con otra entidad\u201d, cuando en la directiva 2016\/1164 se establec\u00eda un 25%, lo cual supone un cambio extremadamente laxo que dificulta enormemente la acci\u00f3n de los Estados y que deja un amplio margen de interpretaci\u00f3n en los casos de asimetr\u00eda h\u00edbrida (los mecanismos que suelen utilizar las grandes empresas con el fin de aprovechar las diferencias existentes entre dos o m\u00e1s pa\u00edses en el tratamiento fiscal otorgado a las mismas). De este modo, si una empresa intenta compensar las p\u00e9rdidas de una de sus filiales mediante transferencias de otras filiales, se considerar\u00e1 que no existe asimetr\u00eda h\u00edbrida. Estos mecanismos pueden servir f\u00e1cilmente a las empresas para eludir sus obligaciones tributarias con la excusa de que intentaban compensar p\u00e9rdidas. La consideraci\u00f3n n\u00famero 16 de la reforma de la directiva original establece excepciones en el caso de que el pa\u00eds destinatario ofrezca un r\u00e9gimen tributario especial, una manera de reconocer y no perseguir los para\u00edsos fiscales que est\u00e1n dentro de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
El resultado final de estas directivas, teniendo en cuenta el enorme poder de los lobbies en Bruselas, es que las leyes s\u00f3lo tratan la evasi\u00f3n fiscal creada a partir de entidades propias de una multinacional, mientras que no se aplican sobre entidades que de manera formal no pertenecen al mismo grupo empresarial. El apartado 3 del Art\u00edculo 4 establece que no se har\u00e1n l\u00edmites a la deducci\u00f3n de intereses en el caso de que se est\u00e9 ante una sociedad aislada, entendiendo \u00e9sta como una sociedad que \u201cno forme parte de un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera y que no tenga ninguna empresa asociada ni establecimiento permanente\u201d. El problema es que el secreto bancario de ciertos pa\u00edses facilita legalmente transacciones financieras que son pr\u00e1cticamente indetectables para las autoridades econ\u00f3micas de cada pa\u00eds de la Uni\u00f3n Europea. Una gran empresa puede tener relaci\u00f3n con empresas legalmente constituidas como sociedades aisladas no vinculadas al grupo empresarial que, en realidad, son sociedades instrumentales creadas para evadir impuestos. En definitiva, la nueva directiva no persigue la evasi\u00f3n fiscal en esta clase de empresas, algo que terminar\u00e1n aprovechando los defraudadores.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los lobbies empresariales, algunos pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea como Reino Unido, Austria o Luxemburgo se oponen de forma abierta a la lucha contra los para\u00edsos fiscales. Ser\u00eda necesario impedir que las administraciones firmen contratos con entidades que tengan relaci\u00f3n con para\u00edsos fiscales; la Uni\u00f3n Europea podr\u00eda-con voluntad pol\u00edtica-presionar con la amenaza de sanciones a los territorios con exenciones fiscales que perjudican a los Estados miembros de la Uni\u00f3n; se deber\u00eda hacer una labor de pedagog\u00eda que incluya de forma obligatoria el cumplimiento de leyes r\u00edgidas de transparencia para Estados y empresas. Tambi\u00e9n se hace necesario la creaci\u00f3n de un impuesto a las transacciones financieras de la banca de inversi\u00f3n: SICAV, fondos de inversi\u00f3n, sociedades opacas, etc\u00e9tera. La consideraci\u00f3n de determinados organismos internacionales hacia determinados pa\u00edses a la hora de considerarlos o no para\u00edsos fiscales es una cuesti\u00f3n delicada sujeta a enormes intereses que nada tienen que ver con los intereses de los ciudadanos. De la misma manera, existen territorios que, sin ser para\u00edsos fiscales, s\u00ed son considerados de \u201cbaja tributaci\u00f3n\u201d y constituyen una anomal\u00eda aprovechada por los defraudadores fiscales. En cualquier caso, pa\u00edses como Holanda, Irlanda, Chipre, Malta y Luxemburgo poseen ventajas fiscales que facilitan la elusi\u00f3n de impuestos en otros pa\u00edses de la Uni\u00f3n. La lista de para\u00edsos creada por la Uni\u00f3n Europea en diciembre de 2017 s\u00f3lo hac\u00eda menci\u00f3n de pa\u00edses insignificantes y sin relaciones pol\u00edticas importantes.<\/p>\n
El problema es que el secreto bancario de ciertos pa\u00edses facilita legalmente transacciones financieras que son pr\u00e1cticamente indetectables para las autoridades econ\u00f3micas de cada pa\u00eds de la Uni\u00f3n Europea<\/i><\/p>\n
La ausencia de una normativa com\u00fan a escala mundial hace que las empresas busquen los territorios que m\u00e1s ventajas fiscales ofrecen, lo cual significa eludir el pago de impuestos a niveles extraordinarios. Buen ejemplo de ello es lo que ocurri\u00f3 en el Pa\u00eds Vasco en 2009. Esta Comunidad Aut\u00f3noma, debido a su ventajoso r\u00e9gimen fiscal especial, tiene la potestad para tomar de forma unilateral determinadas decisiones. La m\u00e1s decisiva en materia de las SICAV fue la de aumentar su tributaci\u00f3n. Las diputaciones vascas, de la mano del PNV y EA optaron ese a\u00f1o por elevar el gravamen de estas sociedades, que pas\u00f3 del 1% al 28%. Como consecuencia de esta decisi\u00f3n, las 200 SICAV con domicilio en el Pa\u00eds Vasco se trasladaron a otras comunidades. Las diferencias entre comunidades en nuestro pa\u00eds tambi\u00e9n se dan entre los diferentes pa\u00edses. As\u00ed, a comienzos de 2017, ante el previsible cambio de normativa que afectar\u00eda a estas sociedades en Espa\u00f1a, algunas SICAV iniciaron un traslado a Luxemburgo mediante la f\u00f3rmula de una absorci\u00f3n por parte de una SICAV o un fondo del Gran Ducado. Las SICAV de Luxemburgo poseen un r\u00e9gimen fiscal m\u00e1s beneficioso que garantiza la confidencialidad de la inversi\u00f3n, raz\u00f3n que est\u00e1 animando a muchas firmas de la banca privada de Espa\u00f1a a desarrollar sus negocios en ese pa\u00eds. Ya en 2016, cuando se habl\u00f3 por primera vez de una reforma de la normativa existente, 114 SICAV desaparecieron de nuestro pa\u00eds, mientras que 130 se fusionaron con diferentes fondos de inversi\u00f3n.<\/p>\n
Las SICAV, de estar sujetas al mismo tipo nominal que el com\u00fan de las empresas, dejar\u00edan en las arcas del Estado espa\u00f1ol unos 550 millones de euros al a\u00f1o. Eso, suponiendo que una legislaci\u00f3n m\u00e1s exigente no las llevase a abandonar nuestro pa\u00eds. Seg\u00fan datos de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores, entre 2012 y 2014 las SICAV espa\u00f1olas ganaron 5.384 millones de euros, mientras que en el mismo per\u00edodo pagaron a Hacienda la exigua cifra de 24 millones de euros. Cabe se\u00f1alar que en 2012 el Gobierno del PP aprob\u00f3 una pol\u00e9mica amnist\u00eda fiscal a la que se acogieron 31.500 personas y que hizo aflorar 40.000 millones de dinero negro. Ese dinero volvi\u00f3 a Espa\u00f1a, pero no para contribuir con Hacienda, sino para invertir en nuestro pa\u00eds pagando la menor cantidad posible de impuestos a trav\u00e9s de las SICAV.<\/p>\n
\u00a0El Gobierno anunci\u00f3 que perdonaba el fraude a cambio de un abono del 10% de las cantidades recuperadas, pero lo cierto es que el gravamen del 10% se hizo sobre los intereses generados por el dinero negro durante los \u00faltimos tres a\u00f1os. El Gobierno autoriz\u00f3 que el dinero en efectivo se pudiese acoger a la amnist\u00eda fiscal. Para ser beneficiario de esta disposici\u00f3n, era suficiente con declarar que se pose\u00eda ese dinero con anterioridad a 2010. Como es normal, la medida result\u00f3 ser una forma de legalizar dinero procedente del narcotr\u00e1fico, la prostituci\u00f3n, la venta de armas, el tr\u00e1fico de personas y otras actividades criminales. De hecho, el Servicio de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) descubri\u00f3 85 operaciones susceptibles de ser consideradas como blanqueo de capitales referentes a 79 personas acogidas a la amnist\u00eda fiscal. El SEPBLAC pose\u00eda informaci\u00f3n acerca de otros 310 amnistiados respecto a sus declaraciones mensuales obligatorias. La Ley 10\/2010 de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo obliga a bancos, notarios y registradores de la propiedad a informar al SEPBLAC de cualquier movimiento sospechoso que tenga como fin utilizar dinero negro en el mercado legal. El SEPBLAC recibe anualmente unos 5.000 avisos de este tipo, el organismo investiga el asunto y si considera que existe base legal para imputar un delito econ\u00f3mico, procede a informar del mismo a las unidades de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, la Polic\u00eda Nacional o la Fiscal\u00eda con el fin de que presenten la denuncia correspondiente. Aunque el Gobierno del PP pretend\u00eda recaudar con esta medida una cifra cercana a los 2.500 millones de euros, la cantidad real ni siquiera lleg\u00f3 a la mitad. La Agencia Tributaria apenas ingres\u00f3 1.191 millones de euros de los 40.000 millones regularizados.<\/p>\n
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Anatom\u00eda del despilfarro (I)<\/a><\/p>\n<\/div>\n La viabilidad de las pensiones y del Estado de Bienestar est\u00e1n amenazadas por la falta de control, la opacidad en la gesti\u00f3n y la fiebre privatizadora. CTXT lanza una serie de tres an\u00e1lisis sobre la administraci\u00f3n del dinero p\u00fablico en los \u00faltimos a\u00f1os<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n \n http:\/\/ctxt.es\/es\/20180418\/Politica\/19081\/pensiones-despilfarro-fraude-fiscal-sicav-economia-sumergida-noos-falciani-hsbc-cemex-junquera-cubiles.htm<\/a><\/p>\n \n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Anatom\u00eda del despilfarro (I) Malag\u00f3n Los poderes p\u00fablicos garantizar\u00e1n, mediante pensiones adecuadas y peri\u00f3dicamente actualizadas, la suficiencia econ\u00f3mica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promover\u00e1n su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atender\u00e1n sus problemas espec\u00edficos de salud, vivienda, cultura y ocio. \u00a0\u00a0\u00a0Art\u00edculo 50.… Read More »Anatom\u00eda del despilfarro (I)<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","_ti_tpc_template_sync":false,"_ti_tpc_template_id":"","footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-1114","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mareapensionista.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1114","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mareapensionista.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mareapensionista.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mareapensionista.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mareapensionista.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1114"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mareapensionista.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1114\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mareapensionista.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1114"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mareapensionista.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1114"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mareapensionista.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1114"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n