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IMPRESCINDIBLE LEERLO LAS PENSIONES A DEBATE, PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LAS  PENSIONES A DEBATE, PREGUNTAS Y RESPUESTAS

 

¿Están recortando las pensiones? ¿Era necesario?                                                  Pag. 1

¿Afecta más a los ya jubilados o a los futuros pensionistas?                                           3

 ¿Cuándo remita la crisis cesaran los recortes a las pensiones?                                                  3  

¿Mi pensión es un derecho que se puede alterar?                                                           4

¿Dónde fueron a parar las cotizaciones de toda mi vida laboral?                                    4

¿Las pensiones se tienen que financiar con las cotizaciones sociales?                            5

¿Es verdad que no hay dinero para pagar las pensiones?                                                6

¿Porque tienen tanto interés en meternos miedo?                                                          8

¿Los planes de pensiones privados van bien? ¿Son aconsejables?                                   9

¿Una Catalunya independiente garantizaría mejor las pensiones?                                 10

¿Cómo ha calado la agresión  con tan poca contestación Social?                                   12       

¿Qué podemos hacer?                                                                                                     22

                                                                                                      

¿Están recortando las pensiones? ¿Era necesario?

Europa prex distribuía la noticia publicada en los medios el  16-9-2013. Según la memoria económica remitida por el Gobierno de Rajoy al Consejo Económico y Social, con la derogación de la ley que incrementaba las pensiones con el IPC anual y la implantación del nuevo índice de revalorización y del factor de sostenibilidad, el gobierno se ahorraría en los 9 años que van de 2014 a 2022 unos 33.000 millones de euros. A esto hay que añadir muchos millones  que dejaron de pagar e incrementar en las pensiones por la congelación de Zapatero en 2011 y de Rajoy en 2012

Con todo, el recorte más fuerte desde la reforma de Zapatero en 2011 empeorada por Rajoy en 2013 afectará a los trabajadores que se vayan jubilando a partir de ahora ya que el veneno del factor de sostenibilidad, el retraso en la edad de jubilación a los 67 años, el endurecimiento de los requisitos para acceder a la pensión, el cálculo tomando 25 años en vez de 15, el no rellenar todas las lagunas de cotización, el tope al complemento a mínimos que generará pensiones  inferiores a las  mínimas actuales, tendrán un efecto reductor muy importante sobre las pensiones iniciales.

No era necesario el recorte a las pensiones. Hay que recordar que en los 47 años de existencia del actual modelo de Seguridad Social (SS), hasta 2011,  los ingresos por cotizaciones sociales fueron siempre muy superiores a los gastos, el excedente por un principio de solidaridad y caja única se destinaba a otras prestaciones sin ingresos específicos o de regímenes deficitarios. A partir de 2001 el excedente se empezó a destinar, en una pequeña parte  progresiva con los años, a la hucha de las pensiones pero la parte principal se seguía destinando a pagar solidariamente pensiones no contributivas y complementos a mínimos, de hecho  los complementos a mínimos no fueron asumidos totalmente por los PGE hasta el año 2013. Las pensiones siempre han sido autosuficientes.

A finales de 2011 la hucha de las pensiones acumulaba 66.815 millones de Euros.

En ese momento cuando todavía no había ningún déficit Zapatero ya había congelado las pensiones de 2011 y había impuesto una reforma durísima.

Los recortes a las pensiones ya fueron aplicados por Zapatero cuando no había déficit y además habían reservas, lo hizo porqué se lo ordenó el gran capital a través de la Troika. Con los 37.500 millones que habrán recortado hasta 2022 pagan una gran parte del rescate estafa de la banca.

 

 

¿Afecta más a los ya jubilados o a los futuros pensionistas?

Los recortes afectan a todos pero principalmente a los trabajadores en su condición de futuros pensionistas vayamos por partes:

Poniendo el ejemplo de un pensionista jubilado a los 65 años en el año 2011 con una pensión de 1001 euros, la congelación del 2011 (-2,4%IPC) le supone que a lo largo de su vida potencial de  pensionista dejará de cobrar 6.050 euros a lo que hay que añadir 4.640  euros que le representa de reducción el 1,9 % del IPC 2012, añadir a esto la reducción anual permanente y aleatoria que  significa la última reforma del PP con las tijeras del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad,  obtendremos cifras de recorte escalofriantes.

Especialmente maltratadas quedaran a la larga las pensiones de invalidez o incapacidad por la aplicación del factor de sostenibilidad inventado para congelarlas a capricho, ya que en su caso pueden erosionar la pensión durante muchos más años (según la edad del hecho causante) lo que al final les condenará a mínimos.

A los trabajadores en activo y futuros pensionistas les afectan (excepto las congelaciones de las pensiones actúales) en todos los aspectos señalados hasta aquí  que tendrán un efecto reductor de la pensión inicial superior al 20%, sin contar impactos adicionales negativos como la disminución de cotización en subsidio de desempleo, carreras laborales intermitentes, minoración de salarios etc.

El impacto de género es muy negativo para las mujeres ya de por sí  discriminadas (su pensión media es 400   euros inferior a la de los hombres) resultaran especialmente perjudicadas por efecto de la no cobertura de todas las lagunas de cotización,  exigencia de 15 años efectivos de cotización, intermitencias laborales y por los efectos de la consabida discriminación salarial en las bases de cotización.

¿Cuándo remita la crisis cesaran los recortes a las pensiones?

Los recortes a las pensiones de jubilación e invalidez  vienen de mucho antes de la crisis y seguirán después (si no lo impedimos) aunque se produzca una recuperación económica. Deteriorar y desprestigiar el sistema público es el primer paso para introducir el  negocio bancario de las pensiones privadas. Las pensiones de jubilación e invalidez son las prestaciones centrales de la SS por su importancia, por ello también las que más les interesa reducir a los ideólogos del liberalismo para generar desconfianza en el sistema público, así sufrieron recortes en sucesivas reformas desde el Pacto de Toledo y ello cuando la economía iba muy bien y la financiación, arrojaba excedentes cada año, superávit  que los sucesivos gobiernos derivaban a diferentes partidas de protección social.

El objetivo del poder financiero es la privatización del sistema público de pensiones, trasladar de lo público a sus negocios privados centenares de miles de millones de euros. Para lograr el objetivo diseñaron el camino hacia un modelo en el que las pensiones públicas deben quedar a un nivel de subsistencia, así crean la necesidad de suscribir pensiones privadas a medida de lo que cada uno individualmente pueda pagar. En definitiva el problema no es coyuntural por la crisis, es estructural por el cambio de modelo.

¿Mi pensión es un derecho que se puede alterar?

Cuando te reconocen una pensión de jubilación o invalidez contributiva es porque has cumplido una serie de requisitos que te exigía la ley. Reconocido el  derecho que te has ganado durante tu vida laboral, ahora no pueden decirte que dependes de otras cosas sobrevenidas ajenas a las exigencias y requisitos que ya has cumplido. Mayor insulto a la inteligencia supone que te digan que tu pensión depende de las cotizaciones de los trabajadores en activo, pues no, tu pensión te la ganaste tú, es proporcional a tus cotizaciones y el estado tiene la obligación de pagarte mientras vivas. Por un principio de seguridad jurídica el derecho reconocido es inalterable. Si nos tocan la pensión nos roban.

 

On van anar a parar les cotitzacions de tota la meva vida laboral?

El sistema de SS en España es un sistema de reparto basado en la solidaridad y caja única que se extiende entre generaciones y entre los diferentes regímenes y contingencias. Desde su creación  las cotizaciones sociales cubrieron holgadamente el pago de las pensiones. Los excedentes de 44 años consecutivos entre 1967 y 2011 se destinaron a sufragar otras prestaciones de SS como asistencia sanitaria, desempleo, pensiones no contributivas etc. El estado era y debería ser  el garante del sistema, de su financiación y de su gestión aunque las nuevas tendencias privatizadoras necesiten exonerarlo para generar inseguridad entre los trabajadores, ya sean pensionistas o cotizantes.

A nadie le reconocieron una pensión primero a cambio de que cotizase después, la regla era y es, primero cumplir los requisitos  para tener el derecho y luego cobrar la pensión durante el resto de tu vida de una cuantía en relación  a los años trabajados y a las bases de cotización cotizadas.

¿Las pensiones se tienen que financiar con las cotizaciones sociales? ¿Es así para todos los pensionistas? ¿Siempre ha sido así?

Las cotizaciones sociales no tienen porqué ser la única fuente de financiación de las pensiones, de hecho en la mayoría de países hay una doble vía de financiación con aportaciones del estado que complementan las cotizaciones sociales, incluso en algún país se financian exclusivamente con los impuestos.

En España desde que entró en vigor el 1/1/1967 el actual sistema de SS quedaba muy clara la responsabilidad exclusiva del estado en la financiación de las pensiones, así en el texto refundido de la ley general de seguridad social, ya desde su origen y también en la redacción dada por el RDL1/1994 de 20 del 6 y concretamente en su art. 86 se decía  “los recursos para la financiación de la SS serán:  a) las aportaciones progresivas del estado que se consignaran en los PGE (presupuestos) y las que se precisen acordar por exigencias de la coyuntura, b) las cotizaciones sociales c) los recargos y sanciones, d) frutos del patrimonio y e) otros”. A mayor abundamiento el Art. 2 de la misma ley recogía: “el estado garantiza a las personas protegidas y a los familiares a su cargo la protección adecuada en todas las contingencias incluidas en esta ley”. Es decir que la responsabilidad del estado en la financiación de las pensiones era contundente en las leyes con independencia de que las cotizaciones fueran autosuficientes, que lo fueron hasta el año 2011 incluido y todavía lo son aunque complementadas ahora con su  fondo propio de reserva. Fue después del Pacto de Toledo (PT) que se cambió la ley con nocturnidad y alevosía y sin que nadie rechistase, así con la ley 24/1997 de 15 de julio en su art. 1 se dio nueva redacción al artículo correspondiente de la LGSS donde desaparecieron las referencias a la responsabilidad del estado y a los PGE  pasando  a decir: “las prestaciones contributivas se financiaran básicamente con las cotizaciones sociales y en su caso con los recursos que se acuerden para atenciones especificas”

Necesitaban infundirnos miedo, inseguridad, luego cambiar la ley les era imprescindible para decirles a los trabajadores que sus pensiones dependían de los cotizantes en activo, que el nº de pensionistas crecía, que el de trabajadores disminuía, que los pensionistas se empeñaban en vivir más años etc. para concluir con el latiguillo de que no habrá dinero para pagar las pensiones y que lo que deben hacer los trabajadores es entregarles sus ahorros a los bancos en planes de pensiones privados, de paso justificarían así los recortes a las pensiones incluyendo saltarse la propia ley y el P T al no revalorizarlas.

La cuestión es que el estado garantiza en los PGE las pensiones de los políticos que pagamos con nuestros impuestos, las de las fuerzas armadas, las de los altos funcionarios y las de muchos colectivos que si tuvieran que cobrar con lo que cotizan sus sucesores en el gremio no tendrían pensión.

En consecuencia si la constitución nos hace iguales en derechos  también las pensiones de los trabajadores siguen garantizadas por el estado, si consiguen que nos creamos lo otro nuestra resignación será su victoria y el hundimiento de nuestras pensiones.

¿Es verdad que no hay  dinero para pagar las pensiones?

Cuando el fraude fiscal roza los 90.000 millones, cuando la presión fiscal en España está 7 puntos por debajo de la UE, cuando hay dinero para rescatar a la banca, cuando la corrupción llena los paraísos fiscales, decir que no hay dinero es una  falacia, además  el estado venía destinando  al pago de pensiones un porcentaje del PIB sustancialmente inferior que la UE 15. Si nos equiparásemos a los países de nuestro entorno podrían mejorar sustancialmente las pensiones, especialmente las mínimas de vejez, invalidez y viudedad,  ello repercutiría  de manera positiva en el género femenino que a día de hoy sufre una discriminación y violencia social evidente en este capítulo al cobrar una pensión media 400 euros mensuales por debajo de la media de los hombres.

La clave de la financiación y por tanto de la sostenibilidad de las pensiones esta en el PIB y no en el número de trabajadores. Sabido es que hoy un trabajador con un ordenador puede desarrollar el trabajo que antes hacían 50 oficinistas con máquinas de escribir y calculadoras de mano, multiplicando además los resultados, sin embargo antes cotizaban por 50 trabajadores y ahora por uno solo, luego no tiene sentido agitar el fantasma de que el ratio pensionistas trabajadores está cada vez mas desequilibrado porque la clave está en la productividad, en la riqueza que se crea, en cómo se distribuye y en la necesidad de nuevas formas de cotización aplicables  al concepto productividad y beneficios.

Vaticinan los expertos agoreros  muy bien pagados por los poderes financieros, que el gran colapso se producirá cuando se empiece a jubilar la generación del baby boom, lo que sucederá a partir del año 2025 y tendrá su punto máximo y de inflexión entre el año 2040 y el 2050, entonces (dicen) las jubilaciones no se podrán pagar con las cotizaciones sociales y en consecuencia hay que empezar a recortarlas ahora ya, sin embargo los estudios oficiales más pesimistas para este escenario concluyen que España llegaría a dedicar un máximo del 14 % de su PIB a pagar las pensiones en el momento más costoso de la jubilación del baby boom y lo que se callan intencionadamente es que ahora ya, en este mismo momento, 25 años antes, hay países de nuestro entorno (Francia, Austria, Italia) que dedican un porcentaje superior al 14% de su PIB para financiar las pensiones y  es perfectamente soportable, no se hunde nada.

De otra parte es vergonzoso que el gobierno ofrezca  ventajas económicas a los empresarios a costa de reducir las cotizaciones sociales. Crean un contrato de trabajo con tarifa plana de cotización  que significan 1.700 millones anuales menos de ingresos en la caja de la SS, o sea que traslada dinero del sistema público a las empresas. Dicen que las pensiones dependen de las cotizaciones pero ellos mismos cierran la geta de los ingresos. ¡No es una crisis es una estafa!

¿Por qué tienen tanto interés en meternos miedo?

Los poderes económicos quieren apropiarse para su negocio de los más de 120.000 millones de euros anuales que mueve el sistema público, para ello necesitan que toda la sociedad se crea un relato apocalíptico. Desde finales de los años 80, el FMI, el BCE, el BM, entidades financieras, grandes bancos y  aseguradoras promovieron una campaña que persiste, consistente en hacernos creer que el sistema de público de pensiones está abocado a la quiebra de inmediato. La campaña desató una cascada de estudios, conferencias, informes, libros y tertulias para desencadenar el pensamiento único con una retahíla de latiguillos: “cada vez hay más pensionistas y menos cotizantes” ”aumenta la expectativa de vida de los mayores frente a la lacra del paro juvenil” “la pirámide de la población hace inviables las pensiones”. A primeros de los años 90 varios estudios de fundaciones (FEDEA, BBVA entre otros)  ya pronosticaron la quiebra absoluta del sistema de SS que según ellos tendría lugar  en el año 2002. Naturalmente los pronósticos resultaron ser falsos y el sistema de pensiones siguió arrojando superávit hasta el año 2011 pero ellos siguieron con las mismas porque de lo que se trataba y se trata es de convencer a toda la sociedad de que el sistema es inviable.

Para que los trabajadores se vean obligados a depositar en Planes de Pensiones Privados (PPP) sus ahorros, previamente tienen que estar convencidos de que cuando ellos se jubilen ya no habrán pensiones públicas y lamentablemente lo están consiguiendo. Su teoría es que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad.

El resto viene sólo, el gobierno obediente cambia la ley para que el estado no aparezca en primer plano como responsable y garante de las pensiones, Se desarrollan leyes engañosas que permiten prometer incentivos fiscales a quienes suscriban PPP. Se multiplican reducciones en la cotización a los empresarios en nuevos contratos socavando los recursos del sistema y se eximen de cotizar a la SS las cantidades salariales que el empresario y el trabajador destinen a planes de pensiones de empleo (PPE). Como corolario,  en las cuatro reformas del sistema de pensiones que han tenido lugar desde el año 1995  se endurecen los requisitos de acceso y las fórmulas de cálculo para recortar las cuantías de las pensiones de jubilación y de incapacidad que son las principales. Todo contribuye a fomentar el miedo y la creencia de que las pensiones públicas son insostenibles.

¿Los PPP  van bien? ¿Son aconsejables?

La OCDE calculó que la rentabilidad de los PPP en España entre 2008 y 2012 fue negativa en términos reales. Eugenio Zubiri catedrático de hacienda del País Vasco dice “Es un gran negocio para la banca pero no para los ahorradores” La OCU desaconseja los PPP  que sólo tendrían cierto interés para las rentas muy altas pero ¡ojo! “El cebo de los incentivos fiscales al depositar el dinero puede ser superado por el hachazo fiscal al recuperarlo.

Son un gran engaño, no cabe duda, son muchos los PPP con larga duración que tienen pérdidas reales y son la  mayoría que tienen menos dinero del que se depositó medido en valor de compra. Una de las explicaciones está en las altas comisiones de gestión que cobran las entidades bancarias, ya que ellos vaya mal o vaya bien el plan cada año se cobran un 1,5 % del dinero depositado y/o acumulado.

A las entidades financieras lo que les interesa es captar dinero que ya no se podrá retirar hasta que el trabajador se jubile. Nadie garantiza que los planes y fondos de inversión no se vayan a pique de hecho ya ha pasado en diferentes países pero la banca siempre ganará, como mínimo el 1,5%.

La publicidad es absolutamente engañosa, a nadie se le informa de la nula rentabilidad de la inmensa mayoría de los PPP, a nadie se le informa de que para poder cobrar al jubilarse una pensión de 898 euros tendría que haber acumulado 272.000 euros en el plan o haber acumulado 747.000 euros para cobrar una pensión de 2466 euros (según cálculos de la patronal financiera) ¿quién puede permitirse el lujo? A nadie se le informa de los elevados impuestos que tendrán que pagar al recuperar el fondo de pensiones.

Lo que realmente ha fracasado son los PPP, sin embargo la propaganda oficial y los poderes mediáticos siguen difundiendo  la consigna de la banca, que peligran las pensiones públicas y que los PP privados son la panacea.

No se extrañen, al final y al cabo aquí las puertas giratorias también están bien engrasadas. González de Frutos directora de seguros y fondos de pensiones con Aznar entre 1997 y 2003 cogió la puerta giratoria para pasar a la patronal aseguradora, Le sucedió en el cargo Flavia Rodríguez Ponga que al llegar zapatero se retiro por la puerta giratoria para recalar en la Mutua Madrileña y luego cuando volvió al gobierno el PP en el año 2011 regreso ella, nombrada por Rajoy, a la dirección general de seguros y fondos de pensiones como máxima responsable.

¿Una Catalunya independiente garantizaría mejor las pensiones?

En primer lugar habría que decir que en cualquier país de Europa en que se haya trabajado  se genera el derecho a una pensión de jubilación proporcional al tiempo trabajado, cuando las cotizaciones son inferiores a un año estas se acumulan a su derecho en el otro país en que se le reconozca la pensión. Los países están obligados a reconocer  la pensión por el tiempo cotizado en ellos y están obligados a pagarla mientras el trabajador viva con independencia de que resida en otro país, bien porque trabajo de emigrante  o porque después de jubilarse cambio su residencia. Así por ejemplo, si un trabajador marroquí cotizó lo suficiente en el estado español, cuando alcance la edad de jubilarse tendrá derecho a la pensión que España estará obligada a pagarle aunque su nacionalidad sea otra y aunque resida en otro país, por la misma regla los trabajadores españoles que trabajaron en la emigración cobraran de otro país la pensión que allí generaron aunque residan aquí, igual que los alemanes que tras jubilarse fijan su residencia en Mallorca y adquieren la nacionalidad española siguen cobrando su pensión pagada por  Alemania.

En  aplicación de la normativa comunitaria, que ampara trabajadores de la UE o extracomunitarios, España  vendría obligada a pagar las pensiones ya reconocidas y a reconocer los periodos ya cotizados en España de quienes vayan jubilándose después aunque residan en otro país porque no se olvide que las pensiones se reconocen por las cotizaciones  efectuadas y se pagan mientras viva el trabajador.

Es de suponer que está obligación del estado español sería un activo para Catalunya y un pasivo para España en la balanza de derechos y obligaciones a equilibrar.

Desde el punto de vista de la capacidad económica no cabe duda que Catalunya tiene más potencial para garantizar el gasto en pensiones que España.

En el escenario actual las cotizaciones de los trabajadores en activo son las que financian las pensiones actuales, por tanto en una Catalunya independiente las cotizaciones de los trabajadores catalanes financiarían las pensiones de los jubilados catalanes, es así de sencillo, y podrían hacerlo mejor dado que en Cataluña el ratio entre trabajadores cotizantes y pensionistas es ligeramente superior al resto de España.

En el escenario de una República Catalana con una nueva constitución, en un modelo donde las pensiones se financien por las cotizaciones sociales con respaldo de los presupuestos generales del estado bastaría con que Catalunya destinara en sus presupuestos al capítulo de pensiones el mismo porcentaje del PIB que la media de los países de la UE 15 para que las pensiones estuvieran totalmente garantizadas y mejoraran.

Nos quieren imponer el miedo al mañana cuando las pensiones ya las están destrozando ahora de acuerdo con el  modelo liberal  pactado entre PP-PSOE-CIU-PNV y los grandes sindicatos, basado en un futuro de  pensiones públicas de subsistencia para todos y pensiones privadas complementarias para quienes se las puedan pagar.

Por tanto la nueva republica catalana debería brindarnos la oportunidad de blindar en la nueva constitución las pensiones que ahora ya nos están arrebatando.

Otra cosa es la incertidumbre que se derive en el corto plazo en el caso de que la separación de Catalunya no se hiciera con un acuerdo sobre la base de un referéndum pactado, los problemas de liquidez que pueden darse en la transición. Los posibles boicots o la propia utilización de las pensiones como arma arrojadiza en manos del partidismo.

¿Cómo ha colado la agresión con  tan poca  contestación social?

Para responder esta pregunta tan importante, obligadamente tendremos que hacer un poco de historia y para empezar nos detendremos brevemente en un precedente significativo.

La criminal dictadura de Pinochet en Chile patrocinada por EEUU fue el escenario ideal para que  el capitalismo financiero yanqui y chileno pusiera en práctica, al abrigo de la paz de los cementerios, sus ideas especulativas basadas en la privatización de lo público. En Chile 1981 procedían a sustituir el sistema público de pensiones (redistributivo y de reparto) para imponer un sistema privado de capitalización, el AFP. En el nuevo sistema cada trabajador cotizaría un 10 % de su salario a su Plan de Pensiones Personal, tenían además la posibilidad de aumentar la cotización obligatoria con cantidades voluntarias complementarias lo que sólo estaba al alcance de los ejecutivos, las cotizaciones realizadas hasta entonces en el sistema público se trasladaban a cada cuenta personal en el nuevo sistema, las empresas dejaron de tener la obligación de cotizar. En teoría cambiarse del sistema público al sistema privado era voluntario pero  en la práctica imposible negarse bajo la presión y represión de la dictadura y de las empresas como primeras interesadas para no cotizar.

El nuevo sistema quedo generalizado por sugerencia del capitalismo y orden de su sirviente dictador. Hubo una excepción, como sabían que las pensiones resultantes serían de miseria, la dictadura dejó que las fuerzas armadas y los carabinieris quedaran exentas del cambio y siguieran en el sistema público de reparto vigente hasta entonces, porque una dictadura  que se precie debe tener a las fuerzas represivas contentas, como mínimo un escalón por encima de los trabajadores a reprimir.

El resultado para los pensionistas chilenos ha sido de pensiones de hambre y miseria. La tasa de sustitución de la cuantía del salario por la pensión era 35 años después de implantar el sistema de un 13% menos que los países de la OCDE. La edad de la jubilación voluntaria es a los 65 años pero los trabajadores aguantan trabajando hasta una media de 70 años resistiéndose a caer en la extrema pobreza. La situación de los jubilados chilenos era tan perentoria que el gobierno se vio obligado en el año 2008 a establecer un mínimo de pobreza para complementar la pensión.

Los poderes financieros que explotan el negocio del sistema privado en Chile, especulando con los ahorros y en cualquier caso quedándose el consabido 1,5% anual del capital depositado en concepto de gastos de gestión, teorizan que el sistema es un éxito ya que permite acumular  un gran capital que sirve para financiar la economía y que de no ser así no habría crecimiento y aumentaría el desempleo, así que todo lo hacen por el bien del país y de los trabajadores, erre que erre ellos a su negocio, como las pensiones son una mierda las nuevas propuestas de la casta  del capital financiero en Chile son, que los trabajadores aumenten su cotización de un 10% a un 13% del salario y que la edad oficial de jubilación se retrase de los 65 a los 70 años.

Joseph Stiglitz, chileno, premio nóvel de economía en 2001 sostiene que el AFP es un fracaso porque genera pensiones muy bajas, inseguridad en los trabajadores afiliados y un alto coste al estado, por lo que concluye: «se impone por sentido común volver al sistema público»

Lo que nadie duda es que el sistema de PPP es un gran negocio para las entidades financieras en cualquier escenario de la economía ya que ellas no asumen riesgos y siempre ganan aunque los PPP  pierdan o se arruinen de forma que desde hace décadas los poderes financieros están empeñados en implantar este lucrativo negocio en cuantos países puedan hacerlo.

No tardarían en intentar penetrar en España las ideas, intereses y objetivos del capital financiero, con el beneplácito del entonces gobierno del PSOE. Nos empezaron a convencer de que había que acometer reformas (reformas en el falso lenguaje del poder quiere decir recortes) para que el sistema de pensiones fuera sostenible, lo decían sin ponerse colorados cuando el sistema tenía superávit constantemente, 30 años antes de que apareciera el primer déficit.

Felipe González planteó en el año 1985 el primer recorte a las pensiones aumentando el periodo de cálculo de dos a ocho años, esta medida significaba una reducción del 10 % en las cuantías de las nuevas pensiones porque al tomar ocho años se incorporaban al cálculo periodos más alejados del salario real al día de jubilarse que lógicamente todavía no habían incorporado a las bases de cotización los últimos trienios de antigüedad, aumentos de categoría u otros pluses o deslizamientos salariales.

La contestación sindical y el debate social fue muy importante. El gobierno sostenía tres justificaciones a cual más falsa, la primera es la denunciada en el punto anterior, consistía en convencernos de una crisis de las pensiones inexistente. La segunda era decir que había que evitar el fraude que se producía cuando los trabajadores en connivencia con los empresarios inflaban las bases de cotización de los dos últimos años de vida laboral a fin y efecto de que subiera la cuantía de la jubilación, esto había sido cierto en tiempo pasado cuando muchos empresarios no declaraban en la cotización a la SS todo el salario que pagaban a los trabajadores, luego cuando se acercaba la jubilación dejaban de hacer el fraude a fin de que no afectase a la cuantía de la jubilación comprando así el silencio o la complicidad del trabajador. Decimos que había sido cierto porque ya en 1981, 4 años antes, con el gobierno de la UCD se había promulgado el DL 13/1981 que prohibía contabilizar en las bases de cotización a efectos de cálculo de jubilación, todos aquellos incrementos salariales de los dos años anteriores a la fecha del hecho causante que fueran superiores a los establecidos en el convenio colectivo de aplicación. Esta norma se venía aplicando ya hacía 4 años, funcionaba y había generado sobrada jurisprudencia que la confirmaba. La tercera mentira o justificación consistía en argumentar que es más justo tomar ocho años para el cálculo que sólo dos y esto dicho así es indiscutible, lo más justo sería tomar las cotizaciones de toda la vida laboral pero es evidente que si tomasen las cotizaciones desde cuando se empezó a trabajar de aprendices meritorios o de becarios, las pensiones resultantes serían escandalosamente bajas por tanto para introducir la ampliación de periodos de cálculo habría que aplicar los elementos correctores suficientes de forma que  las pensiones resultantes en general mantuvieran la misma tasa de sustitución del salario que las medias resultantes antes de cambiar las fórmulas. Naturalmente no se introducía ningún elemento corrector, salvo actualizar con el IPC las bases de cotización de los seis años más alejados al hecho causante pero dejaba fuera del cálculo la influencia de todos los complementos salariales apuntados que lógicamente se iban incorporando de forma escalonada en los últimos ocho años de vida laboral. Estaba claro por tanto que la única intención del Gobierno era recortar las pensiones.

Felipe González mantuvo su decisión lo que propició una huelga general el 20 de junio de 1985 convocada por CC.OO y otras organizaciones sindicales excepto la UGT que no secundó la convocatoria por no enfrentarse  al gobierno del PSOE  pero que tampoco se mostró beligerante y dio libertad de opción a sus bases. La huelga fue ampliamente secundada, gracias a la gran capacidad de convocatoria que CC.OO tenía entonces, un serio aviso para el gobierno que salió tocado y aunque mantuvo el recorte a las pensiones promulgando la correspondiente ley, se vio obligado a introducir suavizaciones importantes tales como recoger en la misma ley 26/ 1985 que todas las pensiones de jubilación o invalidez que se reconocieran a partir de la entrada en vigor de la norma serían actualizadas cada año con el IPC.

El capital financiero intentaba meter el debate  y las medidas pero a pesar de tener la connivencia del partido gobernante no lo iba a tener fácil para meter sus garras.

Tres años más tarde el gobierno de Felipe González promueve una reforma del derecho de trabajo impulsando el abaratamiento del despido y una contratación precaria para jóvenes,  sin todas las obligaciones de cotización y fuera de la cobertura de los convenios colectivos lo que dio lugar a  una huelga general convocada por CCOO, UGT y otros sindicatos  minoritarios.

Fue el 14 D de 1988 cuando los trabajadores de TVE gritando la cuenta atrás de 9-8…..3-2-1- 0 dieron el apagón que iniciaba una huelga de 24 horas que paralizó el país absolutamente, fue aquel día en que ni las abejas hicieron miel. Si en la anterior huelga el gobierno había quedado tocado en esta quedó hundido, se vio obligado a negociar con los sindicatos y a retirar la reforma laboral. A un año de la próxima convocatoria de elecciones generales el gobierno para recuperar su credibilidad se vio obligado a convertir sus propuestas de recortes en una batería de mejoras sociales. Significativo fue el RDL 3/1989 de medidas adicionales de carácter social donde se recogen medidas como la recuperación del poder adquisitivo del ejercicio de 1988 para las pensiones que no lo tenían garantizado por la Ley 26/1985, se crea el subsidio de desempleo para mayores de 52 años hasta la edad de jubilación, se legislan subsidios especiales para parados de larga duración mayores de 45 años y para otros colectivos. En los siguientes meses se dio un paso definitivo hacia la universalización de la sanidad y ante la proximidad de las elecciones el ejecutivo para recuperar el tejido electoral publicitó y promovió las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez que se materializaron en la L 26/1990.

El contexto sociopolítico en España a principio de los años 90 venía acuñado por un sindicalismo de mucho músculo, a los antecedentes que acabamos de señalar se añaden una huelga general  de media jornada el 28 de mayo de 1992 contra una reforma que pretendía el gobierno del PSOE sobre el subsidio de desempleo y de la ley de huelga, por otra huelga general de 24 h el 27 de enero de 1994 contra otra modificación que el gobierno de José Mª Aznar proponía en la prestación por desempleo, movilizaciones generales salpicadas por una huelga general en 1991 en Asturias contra la reconversión de la minería, luchas radicales en el sector naval por  la pérdida de empleo en procesos de reconversión y movilizaciones en la industria en contra de la privatización de las empresas más importantes del INI.

A principios de los años 90 la ofensiva ideológica del neoliberalismo sin reparar en medios pone toda la carne en el asador influyendo en las instituciones y armando todos los medios propagandísticos para difundir la filosofía de desmantelar  la cosa pública en beneficio de su negocio privado, la privatización del sistema público de pensiones es el gran objetivo del capital financiero. Pronunciamientos del FMI, BCE, BM, lluvia de manifestaciones, estudios técnicos, informes, jornadas de debates,  informes y tertulias, todo muy bien engrasado, se esfuerzan en impulsar  un pensamiento único consistente en convencer a la sociedad de que el sistema de pensiones es insostenible, la quiebra de la SS se producirá en 2001 y que el futuro está en los PPP.

En este contexto los poderes económicos ya tienen la complicidad de los grupos políticos, PP, PSOE, CIU, PNV, para acometer  la reforma del sistema público de pensiones en España pero tanto ellos como sus cómplices en el poder político han comprobado que la vía ejecutiva y/o legislativa no es suficiente, lo impide la lucha combativa del movimiento obrero y llegan a la conclusión de que como no es posible contra los sindicatos hay que buscar un consenso para integrarlos en un pacto que los neutralice y elimine su beligerancia. Esta nueva táctica tiene para el capitalismo  la dificultad menor  de tener que hacer pequeñas concesiones a los sindicatos y la dificultad más importante de aceptar que el proceso del cambio de modelo del sistema público de pensiones será más lento aunque totalmente seguro una vez neutralizada la beligerancia sindical.

El 15/2/1994 CIU presenta una proposición no de ley en el congreso de los diputados referente a poner en marcha un estudio sobre los problemas estructurales de la SS y las reformas que deberían acometerse. Las conclusiones del estudio se aprueban en el congreso el 6/4/1995, IU presentó hasta 37 enmiendas que acabó retirando al comprobar que el informe era asumido de cabo a rabo por los sindicatos. Acababa de nacer por consenso el «Pacto de Toledo.»   Con la llegada del PP al gobierno son los propios sindicatos los que urgen a la puesta en marcha del PT que toma forma con el «acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de SS» firmado en 1996 por el gobierno de Aznar, CEOE, CEPIME, CC.OO. y UGT.

¿Qué había pasado entre bastidores para que los sindicatos perdieran su beligerancia? por dar alguna pista recordaremos que Marcelino Camacho, el líder histórico de CC.OO, destacado dirigente obrero durante la dictadura y secretario general de CC.OO desde su fundación, había sido relevado en el cargo por Antonio Gutiérrez a finales de los años 80 siendo este mucho más proclive al pacto social, Camacho siguió como presidente pero los enfrentamientos con el nuevo secretario general degeneraron en una ruptura traumática que se saldó con la expulsión de la presidencia del histórico líder de una forma cainita.

En realidad se enfrentaban dos concepciones del sindicalismo donde Camacho representaba el sindicalismo basado en el binomio movilización-negociación y Gutiérrez representaba la negociación-gestión, relegando la movilización al escape testimonial.

El otro histórico dirigente, secretario general de  UGT, Nicolás Redondo había sido relevado de la secretaría general el año 1994, ambos líderes habían sido artífices de la unidad de acción sindical imprescindible para las exitosas luchas de los años 80. Los sucesores sustituyeron movilización por modernización y diluyeron  en el sindicalismo de gestión, en el pacto social, en la ocupación de parcelas institucionales que reportaban cuantiosos recursos. Así se hicieron los gigantes con pies de barro que son ahora.

En el PT el capital financiero consolida todas sus ideas fuerza al cambiar el modelo de sistema público de pensiones hacia un sistema mixto público y privado  de tres patas  basado en un futuro de a) pensiones del sistema público a nivel de subsistencia mínima para todos b) pensiones privadas complementarias a través de planes de pensiones de empleo (PPE) en la negociación colectiva y c) pensiones privadas individuales directamente suscritas por el ahorrador con las entidades financieras.

En los PPP  las entidades financieras dispondrán de unos ahorros, secuestrados durante décadas, para especular a su antojo en los  mercados  financieros, ya que las comisiones de control son ellos mismos, y además tienen   asegurado ingresar cada año el 1,5 % del total de los fondos acumulados en concepto de gastos de gestión.

En los PPE las financieras están más limitadas a gestionar el fondo de manera más conservadora habida cuenta de que en las comisiones de control también están  representantes de empresas y trabajadores pero igualmente se llevan el 1,5 % anual de los fondos acumulados. Es en estos planes donde los sindicatos  tienen su trozo de pastel, bien porque cobran los asesoramientos técnicos correspondientes a la hora de negociar el plan en los convenios, bien porque tienen algún representante en la comisión de control con remuneración especifica que deriva al sindicato, o bien porque crean  empresas propias que coparticipan con los bancos para llevarse una parte del 1,5% como entidades gestoras de los planes. Téngase en cuenta que los sindicatos son claves a la hora de negociar PPE  en empresas  y sectores muy importantes por los montantes que alcanzan y las entidades financieras se los rifan  a la hora de ser elegidas como  entidades gestoras del plan.

Llegados a este punto  los poderes económicos habían conseguido lo más importante que era convertir a los sindicatos en aliados que a partir de entonces no sólo no iban a convocar huelgas por esta materia, además iban a ser los primeros en argumentar la alarma social sobre la insostenibilidad del sistema, los primeros propagandistas de los PPE  y los garantes de que no se levantara oposición a los PPP.

Ahora ya sólo faltaba acordar y legislar medidas  que implementaran la desconfianza en el sistema público y que estimularan los PPP. Había que actuar recortando pensiones así que lo primero que se hizo fue incrementar de 8 a 15 años el periodo de cálculo para la jubilación e invalidez con lo que las nuevas pensiones resultaban un 10 % inferiores a las que hubieran resultado con el cálculo anterior al PT.

Recuerden que diez años antes habíamos hecho una huelga cuando Felipe González  incrementó de dos a ocho años el periodo de cálculo, pues ahora los sindicatos fueron los primeros voceros para justificar la medida y ello llevaba implícito meter mucho miedo respecto al futuro de las pensiones.

En las cuatro reformas acordadas en el PT 1996, 2001, 2006 y 2011, han sufrido recortes las pensiones de jubilación e invalidez reconocidas a partir de cada modificación, afectando a requisitos o a las formas de cálculo pero siempre para minorarlas. Las pensiones ya reconocidas fueron recortadas por primera vez con la pérdida del IPC de 2011 y 2012 y ya permanentemente a capricho del gobierno con la nueva fórmula de revalorización. En cada acuerdo, como contrapeso para justificarlo,  había por contra una mejora en las prestaciones de menor volumen y cuantía como las pensiones derivadas de muerte y supervivencia o la reducción de los coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas. El PT ha sido por añadidura el marco idóneo para destrozar la prestación de ILT en beneficio de mutuas y empresarios. Otras medidas que socavan la solvencia del sistema son las subvenciones y exenciones de cotización a la SS en favor de los empresarios.

Entre las segundas medidas el gobierno declaró exentas de cotización en renta las cantidades ingresadas en planes de pensiones lo que permitió a los bancos hacer campañas de captación engañosas apropiándose de ese factor como si fuese rendimiento del plan y por supuesto sin decir que cuando a la jubilación recuperases el dinero hacienda les iba a pegar un palo descomunal. Para estimular los PPE  el dinero que se destinaba al plan ya no cotizaba a la SS con lo que la empresa se ahorraba más de un 30% y el trabajador un 6,8 mermados de la caja de los ingresos de la SS.

Lo que nunca se ha dicho al trabajador es que los planes de pensiones pueden devolverle menos de lo que ponga y que todo el salario que entra en el plan de pensiones significa restarlo de su base de cotización a la SS, consecuentemente  la obtención de una pensión de menor cuantía por lo que sólo deberían estar interesados quienes tienen un salario que sobrepasa la base de cotización máxima  mensual,  3.606 euros.

Un punto del PT se vendió por los agentes sociales como la panacea, tal fue que se había conseguido que las pensiones a partir de entonces se incrementarían cada año con el IPC, recuérdese que ya desde la ley 26/ 85, once años antes, eso  estaba en vigor y ahora beneficiaba a la mayoría de jubilados  pero además en la práctica este beneficio se había venido haciendo extensivo a todos los pensionistas.

Por último resaltar que la piedra angular del ataque al sistema público de pensiones es la separación de las fuentes de financiación. Los sindicatos exhibieron como un triunfo lo que era un regalo envenenado, como indicamos al principio del documento, se cambió la ley para que donde el estado era el primer y único responsable en la financiación de las prestaciones de SS se dijera que las pensiones públicas se pagaran básicamente con las cotizaciones sociales, exonerando así al estado. Se creaba el arma de inseguridad principal y se daba el pié para que cuando se agote el fondo de reserva tengan el punto de apoyo para justificar rebajas en las pensiones en vigor.

Por último especial mención merece el tan cacareado fondo de reserva o hucha de las pensiones. Según el PT la separación de las fuentes de financiación debía estar finalizada en el año 2.000, naturalmente el gobierno no cumplió y hasta el año 2013 se siguieron pagando los complementos a mínimos con los recursos de la SS. El gobierno ha gestionado el fondo con opacidad, no asignando desde el primer día todos los excedentes, ha invertido  el capital en su propia deuda pública para ser a la vez por ficción contable  deudor y acreedor de sí mismo y ha metido mano en la caja gastando partidas muy superiores al límite establecido en la L 28 de 2003 que estipula en su art. 4 que el límite de utilización anual del fondo será el equivalente al 3% del gasto en pensiones contributivas.

El gobierno ha ido incumpliendo todos los acuerdos del PT para mayor burla de los agentes sociales que siguen defendiendo el PT en clave de supervivencia propia. Los incumplió Zapatero congelando las pensiones en 2011 y CCOO Y UGT se humillaron a firmar la jubilación a los 67 años poco después, los incumplió Rajoy haciendo algo similar en 2012 y promoviendo unilateralmente la ley que las congela de por vida, salvo utilización como zanahoria electoral y los incumplió al manosear el fondo de reserva. Los sindicatos siguen desaparecidos salvo que Rajoy les llame para una foto

Con todo para terminar este punto, lo determinante de que el cambio de modelo y los recortes hayan calado como pensamiento único y se vayan implementando con tan poca contestación se explica por el consenso político, la colaboración activa de los sindicatos y la profusión de propaganda mediática sin reparar en gastos por parte del capital financiero. A partir de allí la lluvia fina desde todos los costados nos ha calado hasta los huesos, eso explica en parte que los trabajadores jóvenes tengan bastante interiorizado que cuando ellos se jubilen ya no habrán pensiones públicas. El capital nos está ganando la batalla.

 

 

¿Qué podemos hacer?

En lo concreto debemos informar a trabajadores jóvenes y jubilados de la estafa que nos quieren imponer arruinando el sistema público de pensiones, tomar conciencia de la injusticia es siempre el primer paso para no dejarnos arrebatar nuestros derechos. Debemos así mismo formarnos en la materia para informar con solvencia en nuestros círculos.

Sumamos más de 8 millones de pensionistas, ante unas elecciones somos una fuerza irresistible, cuando la inmensa mayoría no vote a partidos responsables de los recortes esto cambia de inmediato.

Debemos empoderarnos, participar en la cosa pública, imponer en los centros sociales y casales, en los centros de trabajo y en las calles, la idea de la defensa intransigente del sistema público de pensiones y su mejora.

Debemos agruparnos en torno a las mareas de pensionistas y asambleas de salvem les pensións para aportar nuestra participación en las reclamaciones administrativas o judiciales, en las asambleas, concentraciones y manifestaciones, en promover reivindicaciones. Las movilizaciones ponen el problema encima de la mesa, conciencian a la ciudadanía y avisan a los gobernantes de que si no hacen nada su sillón peligra.

Debemos los trabajadores en activo oponernos en el tajo y en la negociación colectiva a las medidas que contribuyen a debilitar las cotizaciones y el sistema público de pensiones.

En lo general debemos participar solidariamente en los movimientos sociales, los recortes a las pensiones no son diferentes a los recortes a la sanidad, a la enseñanza, a la dependencia,  a los salarios etc. forman parte de la misma estafa. Son responsables los mismos gobernantes al servicio de los poderes económicos,  es el capitalismo.

Afortunadamente el 15M en las plazas emergió un  despertar de nueva generación que    empezó a romper el pensamiento  único con  ideas alternativas  de igualdad, de lucha contra la injusticia y la corrupción, de los de abajo contra los de arriba, de los explotados contra los explotadores, es la  versión actual de la lucha de clases.

Del 15 M a la PAH, a las  mareas de enseñanza, de sanidad, de pensionistas con movilizaciones constantes, si los movimientos sociales y los sindicatos alternativos seguimos creciendo en la lucha, pronto empezaremos a recuperar lo que nos están robando y conquistaremos nuevos derechos. O eso o un futuro degradado para todos y de miseria para los jóvenes trabajadores de hoy. De todos nosotros depende.

Exigir la responsabilidad exclusiva del estado en la financiación de las pensiones, complementando en los PGE las cotizaciones sociales hasta donde sea necesario tal como estaba reglamentado en la LGSS.

Exigir la derogación de las últimas reformas de Zapatero y Rajoy. Derogación de los  acuerdos de 2011 que retrasan la edad de jubilación a los 67 años  así como la reposición de las diferencias económicas por las congelaciones de pensiones de 2011 y 2012.

Exigir la actualización anual de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC tal como estaba establecido por ley antes de los recortes.

¡SI SE PUEDE!

Salvem les Pensions Nou Barris

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