Artículo publicado en la Revista de la directa del 14/01/2016
VICTÒRIA OLIVERES
Es una lucha que se asocia a menudo a la gente mayor. Pero colectivos como la Marea Pensionista y Salvem les Pensions intentan voltear el argumentación dominante y convencer a l@s jóvenes y l@s trabajadoras en activo de la viabilidad de las pensiones a largo plazo.
Cuando hablamos del «problema de las pensiones» a menudo pensamos en la crisis, la falta de fondos para pagar a causa del envejecimiento de la población, la necesidad de contratar una pensión privada para asegurarnos un rincón para el futuro … Y, dadas las circunstancias, no es extraño pensar así. Las entidades bancarias y las aseguradoras se han esforzado mucho para trasladar estos argumentos al relato de los medios de comunicación ya las reformas de los sucesivos gobiernos. Del mismo modo, cuando pensamos en la lucha por defender las pensiones públicas, se nos dibuja una imagen de colectivos de jubilad@s. Por qué, son ellas las afectadas por las continuas reformas. ¿O no es así?
Desde varios grupos de activistas de defensa de las pensiones públicas como Salvem les Pensions o la Marea Pensionista, con el apoyo de economistas del Seminario Taifa y de abogados del Colectivo Ronda, buscan continuamente la manera de rebatir el argumentario dominante, incidir en la línea de gobierno y movilizar a toda la población activa con diversas campañas que impulsan.
Una pensión de jubilación media en España es de 889 euros al mes. Pero los aproximadamente 8 millones y medio de pensionistas que hay, casi 2 millones y medio cobran retribuciones mínimas, inferiores a 600 euros. La situación se agrava aún más cuando ponemos el foco en el género: de estas pensiones mínimas, 1 millón y medio corresponden a mujeres. Estas son las pensiones que se ven más afectadas por las reformas. Las últimas han sido modificar el complemento de mínimos, incrementar los años de cotización y vincular el cumplimiento de mínimos en la residencia en España. Todos estos sucesivos cambios sirven, según Carlos Martínez, miembro la asamblea de Salvem les Pensions, para crear «las condiciones idóneas para la privatización».
Una sentencia, precedente para seguir luchando
Una de las campañas que ha movilizado a más jubilad@s fue la respuesta a la reforma que dejaba de revalorizar las pensiones según el Índice de Precios de Consumo (IPC). Este cambio ha hecho que l@s jubilad@s perciban menos dinero que los que los corresponderían teniendo en cuenta las fluctuaciones del coste de la vida. La cooperativa de abogados laboralistas Colectivo Ronda elaboró reclamación administrativa sobre este hecho para presentar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Al recibir negativas, facilitaron un modelo de demanda judicial que, calculan, han presentado entre 5.000 y 8.000 afectadas sólo en Barcelona.
En septiembre pasado obtuvieron una primera victoria: el Juzgado Social número 12 de Barcelona consideró que la no revalorización de las pensiones de jubilación era ilegal. Según la juez, no se respetaban leyes internacionales como la Carta Social Europea, que España ha ratificado. Es la primera vez que una magistrada ha obviado el criterio del Tribunal Constitucional según el cual la revalorización no era un derecho consolidado. Desde los inicios del proceso los abogados del colectivo Alex Tisminetzky y Miguel Arenas consideraban este argumento político y no jurídico.
De momento sólo las pensionistas sentenciadas en el juzgado de lo social número 12 cobrarán la actualización. El resultado más inmediato es que en las pensionistas ya se les aplicará la actualización del IPC, aunque el gobierno central recurra la sentencia.
La previsión del Colectivo Ronda es que el caso llegará o bien en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o Tribunal Supremo o incluso en Europa, al Comité Europeo de los Derechos Sociales. En cualquier caso, el precedente marcado por esta sentencia les da ánimos para seguir movilizándose y ver que todas las pequeñas acciones son necesarias.
Hermanamiento con las luchas de todo el Estado
La campaña de demandas para reclamar garantías de revalorización unió muchas activistas en la Marea Pensionista, un colectivo formado mayoritariamente por jubilad@s. Ahora bien, sus objetivos van más allá. Creen que sólo argumentos políticos y no económicos son los que sustentan las continuas reformas al sistema de pensiones aplicadas por los gobiernos del estado.
Para juntar fuerzas con todas las afectadas, el pasado 25 de noviembre llevaron a cabo la presentaciones públicas simultáneas con otros mareas pensionistas. Se reunieron frente a la sede del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), en Barcelona, y también en el Prat de Llobregat y Girona. En Madrid protestaron frente al Ministerio de Hacienda y también se presentaron los grupos de Gijón y de Tenerife. A partir de ahora prepararán campañas de forma conjunta.
Desenmascarando las pensiones privadas
Otro grupo activo es Salvem les Pensions, un colectivo asambleario que nació al abrigo del 15-M en Sants. Aunque apoya los juicios por la revalorización, tiene como prioridad dar argumentos en defensa del servicio público.
Este pasada Navidad, Salvem les Pensions llevó a cabo diversas acciones contra campañas publicitarias de planes de pensiones privados que hacen entidades bancarias y aseguradoras. Es justamente durante los últimos meses del año cuando las promociones aumentan utilizando el anzuelo de la desgravación fiscal. Desde el colectivo explican que sólo una pequeña parte de la población puede acceder a estos servicios privados. «Los que más tienen son los más beneficiados porque son los únicos que lo pueden contratar», asegura Carlos Martínez.
Según la economista Miren Etxezarreta, para asegurarse una pensión privada de 898 € al mes (el promedio actual) hay que ahorrar aproximadamente € 272.000.
Además, cuando llega el momento de cobrar ese dinero hay que pagar a hacienda todo lo desgravado. De esta manera el más beneficiado es la empresa que ha cobrado los intereses. Para Carlos Martínez, además, «existe el peligro añadido que este flujo de dinero va directamente al mercado especulativo».
Sensibilización de los trabajadores activos y jóvenes
Los colectivos en lucha están formados mayoritariamente por pensionistas y coinciden cuando afirman que es un grave error. Juan Montero, de la Marea Pensionista, cree que «los jóvenes están desinformados y resignados a que no tendrán pensión». Para combatirlo, desde la asamblea Salvem les Pensions quieren poner énfasis este año en dar argumentos y herramientas a los trabajadores en activo para que puedan combatir el status quo.
Martínez cree que «la crisis de las pensiones no tiene nada que ver con la crisis económica, ya que la inviabilidad de las pensiones públicas es un argumento que hace muchos años que se defiende desde el poder». Para él, uno de los problemas radica en la separación de las fuentes de financiación del fondo de pensiones. En el año 1995, fruto del conocido
como Pacto de Toledo, la financiación de las pensiones se redujo sólo a las aportaciones de las trabajadoras a la Seguridad Social. En ese momento, según Etxezarreta, «pareció una buena opción para que el INSS tenía muchos recursos, pero nadie dijo que debiera ser para siempre». Hoy en día se mantiene esta estructura, aunque con algunos complementos de mínimos de los presupuestos del Estado. Carlos añade que «ninguna administración pública se autofinancia y, por tanto, no hay ninguna razón que justifique que las pensiones lo hagan».
Desde Salvem les Pensions se ve como única opción razonable «los intereses que hay detrás para asfixiar el servicio público y poder privatizar». Por ello, han iniciado una campaña de confluencia sobre todo con sindicatos alternativos. De momento, se han reunido con la CGT y con la COS para poder ir a centros de trabajo y crear debate. Para Martínez, «es un tema que afecta básicamente a no jubilados y, por tanto, los sindicatos tienen que trabajar en ello». Quiere que ellos también den a conocer este argumentario alternativo para que sea posible una futura movilización más grande.
Las pensiones del futuro
A todos los frentes abiertos que tienen los que defienden las pensiones públicas, en pocos años se les sumará un nuevo escollo. A partir del 2019 se empezará a aplicar el factor de sostenibilidad. Se trata de incluir la esperanza de vida como factor para calcular la pensión. Como primera medida, a partir de ese año la pensión de partida pasará a ser, de manera automática, un 20% menor, aplicando un criterio que llaman «equidad generacional».
Todos los grupos coinciden cuando afirman que la razón de todos estos sucesivos cambios es la privatización total de estas partidas. Es decir, conseguir gestionar desde entidades privadas todas las cotizaciones. Carlos explica que los planes de pensiones privados colectivos ya están presentes en muchas empresas y, incluso, en algunas administraciones públicas.
Pero eso no los detiene a continuar luchando y tienen los ideales claros. Para Montero, de la Marea Pensionista, «debería haber unos presupuestos públicos únicos» que doten de recursos el fondo de pensiones. Además, quisiera un modelo donde la edad de jubilación estuviera «fijada a 60 años y las jornadas laborales fueran de 30 horas semanales como única manera de repartir el trabajo».
Martínez, de Salvem les Pensions, va más allá y propone desvincular las pensiones del mundo del trabajo. «Todas las personas tienen derecho a una pensión digna a partir de cierta edad, independien-temente de los años que hayan cotizado y del lugar donde lo hayan hecho». Sólo así se garantizaría que las pensiones no sean un reflejo de las desigualdades del mercado laboral.
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