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Las pensiones del futuro serán un 35% más bajas que las actuales

FRANCISCO NÚÑEZ

Madrid
Según la previsión de Funcas para 2050 debido a la precariedad laboral y a la alta tasa de paro. Según el estudio, estas reformas son cuestionables por sus resultados y por ignorar los derechos morales de los pensionistas
Las reformas del sistema de pensiones de 2011 (PSOE) y 2013 (PP) han consistido en bajar las prestaciones hasta que su gasto se iguale a los ingresos disponibles. Como no es previsible que la recaudación por cotizaciones aumente (como consecuencia de la reducción de salarios, el empleo precario y ahora la desinflación) «esta estrategia implica una reducción de las pensiones igual al aumento del coste futuro», señala un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) elaborado por el catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri. Lo único que se ha buscado es reducir, o que no aumente, el coste de las pensiones en términos de PIB (12%), por debajo de la UE.Según este estudio, «a los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial y el número de años durante los que la cobra y, quizá peor, el valor real de su pensión irá disminuyendo a media que envejezcan», señala. Esto llevará a muchos jubilados a la precariedad y a una sociedad envejecida y empobrecida.Será así porque el peso de la población jubilada aumentará un 70%, pero el coste de las pensiones será el mismo en porcentaje de PIB (12%). «Las reformas garantizan que el sistema no quebrará, pero en promedio las pensiones serán un 8% más bajas en 2020 y un 35% en 2050», advierte. Según Funcas, estas reformas «son cuestionables» por sus resultados y porque ignoran los derechos morales de los pensionistas a recibir prestaciones similares a las que ellos ayudaron a pagar con sus cotizaciones. Propone una nueva reforma para que los trabajadores tengan derecho a un determinado nivel de pensión. Los ingresos se ajustarán a ese nivel, es decir, los gastos determinarán los ingresos necesarios, y no al contrario, como sucede hasta ahora. En este sentido, propone pasar del sistema actuarial a uno social eliminado la revalorización anual y el factor de sostenibilidad, que fijará la pensión según la esperanza de vida. Para la financiación del sistema pide la creación de una Contribución de Solidaridad que grave los patrimonios personales y las ventas de las grandes empresas. También añade el uso coyuntural del Fondo de Reserva y que su disposición sea repuesta. Y que el Estado, que ha obligado a los trabajadores a entrar en este sistema sin que le diga si va a cobrar poco o nada, financie con la caja de los impuestos cualquier déficit que surja, como hacen todos los países, y que compense los descensos de cotizaciones. Y finalmente, sugiere que parte de las pensiones se financien con emisiones de deuda para que el coste del sistema se reparta con las generaciones futuras.

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