La penúltima reforma de las pensiones tendrá un efecto importante en la cuantía de las pensiones. La AIReF ha puesto los números: alrededor de 648 euros por pensionista.

Un estudio publicado por  la llamada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuantifica el importante retroceso en la cuantía de las pensiones como consecuencia de la contrarreforma aprobada por el gobierno de Zapatero en 2011 y apoyada por CCOO y UGT.

Aunque es conocido que no compartimos el discurso sobre la ‘insostenibilidad de las pensiones’ a que se refiere el artículo que publicamos (con el que se quiere hacer digerir a la población trabajadora el recorte en el derecho de jubilación como inevitable cuando lo que realmente se pretende es liquidar el sistema público de pensiones poniéndolo en manos del capital financiero) los datos del estudio muestran cómo fue la reforma Zapatero del 2011, aceptada por las direcciones de los llamados ‘sindicatos representativos’, la que está suponiendo ya, y lo supondrá todavía más en los próximos años, un profundo recorte de las pensiones públicas.

Sobran pues las razones para continuar la lucha por un pensiones públicas dignas, tal como defiende la Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema público de pensiones, lo que necesariamente implica la derogación de las medidas contenidas en esa reforma del 2o11 (retraso en la edad de jubilación, ampliación del período de cómputo…) y no sólo las de la reforma del 2013 de Rajoy, además de luchar por otras mejoras que las dignifiquen y aseguren (pensión mínima de 1084 euros, pensiones a cargo de los Presupuestos del Estado…). 

Cada pensionista perderá 648 euros al año por el retraso en la edad de jubilación

Carlos Sánchez

La penúltima reforma de las pensiones tendrá un efecto importante en la cuantía de las pensiones. La AIReF ha puesto los números: alrededor de 648 euros por pensionista.

El retraso en la edad de jubilación de 65 a 67 años —con un largo periodo transitorio hasta 2027— se aprobó en 2011, y, de hecho, fue una de las últimas decisiones del Gobierno Zapatero para ahorrar costes al sistema de Seguridad Social. Y eso es, precisamente, lo que está ocurriendo. Un estudio firmado por Cristina Herrero, directora de la división de análisis presupuestario de la AIReF, estima que al final del periodo transitorio cada pensionista —como media— verá mermados sus ingresos mensuales en 46,26 euros.

Es decir, 647,64 euros al año (por 14 pagas). O expresado en otros términos, teniendo en cuenta que el tiempo medio de percepción de una pensión de jubilación son algo más de 21 años, el coste por beneficiario se situará en unos 13.600 euros. En concreto, y según datos de Estadística, la esperanza de vida a los 65 años de los españoles que alcanzaron esa edad en 2016 se situó en 21,21 años, lo que significa que se ha incrementado en dos años y seis meses desde el año 2000, prolongando, lógicamente, la duración de las pensiones de jubilación. Algo que explica que el Gobierno —con el respaldo de sindicatos y empresarios— actuara sobre la edad de jubilación.

La reforma, como se sabe, se hizo en plena debacle en el número de cotizantes a consecuencia de la crisis y en medio del progresivo envejecimiento de la población española, lo que explica su dureza. Por un lado, la base reguladora pasó de 15 a 25 años al final del periodo (2022), mientras que el número de años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión subió de 35 a 37. Por último, la edad de jubilación pasó de 65 a 67 años. En todos los casos, con largos periodos transitorios para mitigar los efectos de la reforma. Pese a ello, el gasto en prestaciones económicas del sistema contributivo habrá pasado de 68.950 millones en 2005 a algo más de 127.109 millones previstos para 2018, casi el doble, lo que da cuenta de las tensiones presupuestarias que sufre el sistema.

Pues bien, según el estudio de la directiva de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), publicado en la revista de los actuarios españoles, el mayor efecto del cambio de legislación será consecuencia de la ampliación del número de años para calcular la base reguladora de las pensiones, que tendrá un coste de 32,68 euros al mes por pensionista (457,52 euros al año); mientras que el aumento de los años cotizados supondrá una merma de ingresos de 4,85 euros al mes. Igualmente, el incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años costará 8,53 euros mensuales a cada pensionista jubilado.

Pensión de entrada

El estudio se ha hecho a partir de la pensión de entrada de una persona que se hubiera jubilado en 2016 con una pensión de 1.194,4 euros mensuales, que habrá sufrido una pérdida de unos 46 euros mensuales en comparación con la pensión que hubiera percibido con la legislación previa a la reforma, siendo, como se ha dicho, el factor más importante el aumento del periodo de cálculo de la base reguladora. Es decir, por el hecho de tener en cuenta más años para calcular la cuantía de la pensión.

El análisis recuerda que, en contraste con el recorte de las pensiones aprobado en 2011, la recuperación de la actividad económica ha permitido que en los Presupuestos de 2018 —ya en vigor— se haya adoptado una política de gasto más expansiva. En particular, en relación a la revalorización de las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo y respecto de la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad desde el 52% al 56%. Según ha estimado la AIReF, ambas medidas tendrán un coste equivalente a una décima de PIB de 2018, es decir, cerca de 1.200 millones de euros.

El ahorro previsto por el Gobierno Zapatero fue complementado dos años más tarde por la reforma que acometió el Ejecutivo de Rajoy, que incidió no tanto en las condiciones necesarias para alcanzar la pensión de jubilación sino en la revisión a la baja de las cuantías futuras. Se aprobó, en concreto, el llamado factor de sostenibilidad, que introdujo la esperanza de vida en el cálculo de la pensión, si bien esta medida quedó en suspenso hasta 2023. Por lo tanto, no tendrá ningún efecto sobre el gasto en pensiones, ya que iba a entrar en vigor en 2019. Si hubiera entrado en vigor, el recorte adicional a esos 46 euros hubiera sido de alrededor del 0,5% sobre la cuantía de la pensión, lo que hubiera supuesto alrededor de cinco euros al mes (70 euros al año por 14 pagas)

De la misma manera, el índice de revalorización de las pensiones, el otro instrumento para ajustar el gasto, tampoco tendrá efecto este año. Y es muy probable que en los próximos tampoco, aunque esto dependerá de las propuestas que haga la comisión del Pacto de Toledo. Los socialistas siempre han defendido que las pensiones suban como el IPC, lo que mete presión a la Seguridad Social.