En primer lloc, el que diem exactament és «avançar cap a un model» en què 1080 € sigui la pensió i el salari mínim.
En segon lloc, no som la Marea Pensionista els «inventors» dels 1080 €.
No ha estat la Marea Pensionista qui ha posat a la Carta Social Europea, declarada oficialment com la Constitució Social Europea, que els salaris mínims no haurien de ser inferiors a Espanya a 1080 €.
Han estat els polítics europeus els qui han acordat que el salari mínim ha de ser el 60% del salari mitjà. I fem notar que el Grup Popular i els grups liberals són majoria a la Unió Europea! Sembla que a aquests polítics els agrada posar a les constitucions clàusules socials “per fer bonic”, però no per ser complertes. I després es burlen dels que se les creuen i exigeixen que es compleixin.
Lo único que hace la Marea es constatar que en nuestro país las pensiones, cuando han de pagar los impuestos del IRPF, se los trata como salarios (salarios en diferido que compensan de la parte del salario que se entregó al Estado cuando trabajabamos, en forma de cotizaciones). Actualmente las pensiones pagan los mismos impuestos que los salarios, muy superiores en porcentaje al impuesto de sociedades que pagan las empresas o al que se paga por las ganancias en bolsa o por la gran especulación inmobiliaria. Luego es justo que se les aplique la directriz de la Carta Social Europea que fija el mínimo de 1080€.
Por esto exigimos a los políticos que se pongan manos a la obra para conseguirlo, en lugar de ir en la dirección contraria.
Porque a veces se va en la dirección contraria. En la Constitución española se reconoce el derecho a la vivienda y en vez de progresar en este aspecto, cada vez tenemos más dificultades en disponer de ella. También en la Constitución española se habla del derecho a unas pensiones actualizadas y en cambio, los pensionistas hemos de luchar duramente para continuar cobrando lo mismo, porque un aumento según el IPC es cobrar lo mismo (en cambio. vemos como se ha disparado el número de millonarios y como se reparte la riqueza del país) Conclusión: para muchos políticos las Constituciones son sagradas para todo, menos para los derechos sociales que contienen.