En España desde que entró en vigor el 1/1/1967 el actual sistema de Seguridad Social, creado en 1963, quedaba muy clara la responsabilidad exclusiva del estado en la financiación de las pensiones. A cambio, el estado se embolsaba el gran excedente de las cotizaciones de los trabajadores que no hacía falta para el pago de las pensiones. Si lo hubiesen colocado en una hucha, hoy tendríamos 560.000 millones de euros. Fue después del Pacto de Toledo (PT), cuando vieron que cada vez sobraba menos dinero que se cambió la ley con nocturnidad y alevosía y sin que nadie rechistase y se planteó que con solo las cotizaciones se tenían que pagar las pensiones. Se creó una hucha pero con cero euros, no con 560.000 millones (Marea Pensionista pide una Auditoria porque desde 1963, durante la dictadura pudo ser de unos 300.000 millones y durante la democracia de unos 500.000 millones)
Eso si, con excepciones. El estado sigue garantizando en sus Presupuestos y con los impuestos que pagamos todos las pensiones de los políticos, las de las fuerzas armadas, las de los altos funcionarios y las de muchos colectivos que si tuvieran que cobrar con lo que cotizan los que están en activo no tendrían pensión. En consecuencia si la constitución nos hace iguales en derechos también las pensiones de todos los trabajadores deberían de seguir estando garantizadas por el estado como pasó desde 1967 hasta aquel pacto de Toledo en el que el gobierno Aznar creó una «hucha» de las pensiones vacía y como lo tienen todavía, algunos colectivos privilegiados. Si nos resignemos a este cambio de criterio veremos el hundimiento de nuestras pensiones.