LAS PENSIONES NO SE TOCAN
Un artículo de Ivan Gordillo, del Seminario de Economía Crítica Taifa miércoles 30 de octubre de 2013 / Artículos opinión / http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article9666#.Vjsd99IvfGg
Es sorprendente la falta de debate y las pocas movilizaciones surgidas en torno a la reforma de las pensiones que el gobierno quiere aprobar antes de fin de año. La gravedad de la reforma es patente en los presupuestos públicos de 2014 presentados la última semana. «Las pensiones subirán un 0,25%» titulaban falazmente los medios de comunicación convencionales. Si la inflación es superior al 0,25%, y raramente no lo es, las pensiones no suben sino que bajan. Lo cierto es que las pensionistas cobrarán cada vez menos. El gobierno reducirá las pensiones no sólo futuras sino también actuales, algo insólito hasta ahora. Las consecuencias pueden ser dramáticas dado que las prestaciones son ya muy limitadas y miles de familias con todos sus miembros parados sobreviven gracias a la pensión de los padres, madres, abuelos y abuelas. Esto, sin embargo, podría ser una oportunidad para movilizar un amplio sector de la población en la defensa de un derecho que hasta ahora creíamos un pilar intocable del Estado de Bienestar. El Seminario de Economía Crítica Taifa ha publicado recientemente un breve informe (http://seminaritaifa.org/files/2013/09/laspensionesnosetocan_CA.pdf) donde desenmascara los argumentos y denuncia las consecuencias de esta reforma de las pensiones. Me limito a recoger los ejes del debate y los argumentos que deben servir para concienciar una población golpeada por la crisis y los programas de ajuste. Las pensiones no tienen relación directa con la crisis económica. Los poderes políticos y económicos planteaban esta cuestión mucho antes. El sistema de pensiones público es uno de los objetivos a derribar de la agenda neoliberal desde hace décadas. La estrategia de deterioro de las pensiones públicas empieza por la reducción de las prestaciones. El argumento central que utilizan los «comités de sabios», siempre formados por representantes de la banca y las aseguradoras, es que el sistema de pensiones es insostenible. Las causas que presentan son que la esperanza de vida aumenta progresivamente a la vez que hay cada vez menos personas que cotizan por la caída de la población activa. A partir de esta idea extienden la alarma social y pregonan que a largo plazo no habrá dinero para pagar las pensiones públicas. La actual reforma se centra en dos índice de aparente carácter técnico. Por un lado, el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), a través del cual todos los nuevos jubilados verán reducirse anualmente el importe de su pensión en función del aumento de la esperanza de vida. Por otra parte, el Factor de Revalorización Anual (FRA) afectará a todos los jubilados, futuros y presentes, a través de la eliminación de la revalorización para el IPC -índice de precios al consumo que mide la inflación. Este índice será sustituido por una complicada fórmula que acabará provocando la reducción de la capacidad de compra de las pensiones pues difícilmente aumentarán por encima de la inflación. Observamos una vez más como el lenguaje tecnocrático y opaco es una herramienta utilizada por los gobiernos para hacer creer a la población que las reformas impuestas son la única y adecuada alternativa. Las trampas de estos argumentos son múltiples, y se podría extraer una lectura política sobre el reparto del excedente social producido por los trabajadores y las trabajadoras. Pero en un nivel más superficial del problema encontramos flagrantes falacias. No hay ningún motivo económico que justifique que el presupuesto de pensiones debe estar constantemente equilibrado o en superávit. En ninguna otra parte del presupuesto público se le exige que se autofinancie dado que son los ingresos vía impuestos que cubren una serie de gastos e inversiones. ¿Por qué las pensiones deben pagarse exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores? Si entendemos que los ancianos son un colectivo del que nos tenemos que hacer cargo el conjunto de la población también las rentas del capital, y otros impuestos, podrían aportar al fondo de pensiones. ¿Por qué no se considera un aumento de los ingresos del sistema de pensiones? Si hay que solucionar la actual situación de déficit, presente sólo dos años a esta parte y minúsculo comparado con el déficit de otras partidas de la administración, se podría aumentar las cotizaciones de los trabajadores activos y de las empresas o bien crear un impuesto a tal efecto o destinar una parte de los ingresos de los impuestos ya existentes. El número de trabajadores, ciertamente mermando por la destrucción productiva causante de la crisis, es un dato secundaria. Lo que importa es la riqueza producida. Los aumentos de la productividad gracias a los avances tecnológicos de las últimas décadas han permitido a la economía producir más mercancías con menos trabajadores. Dejemos ahora de lado, aunque no hay que olvidar, lo que ello supone en términos de generación de un creciente ejército de reserva y de la intrínseca caída de la tasa de ganancias del capital. Así pues, estos bienes y servicios, o valores de uso, que sirven para cubrir las necesidades de las personas son cada vez mayores. No hay que observar que para producirlo ha hecho falta menos trabajadores sino que se genera una riqueza creciente en proporción a una población dada. De este modo, el problema se desplazaría hacia el tuétano del debate: la distribución de la riqueza. El otro elemento importante, que explica por qué se recupera ahora el debate de las pensiones, es que en el contexto de crisis actual es más fácil aprobar este tipo de medidas antipopulares. La reforma de las pensiones públicas casa perfectamente con las políticas de ajuste centradas en los recortes del gasto público, la privatización del patrimonio y servicios públicos y la liberalización de la economía. Por otra parte, la capacidad de reacción de la población, masivamente parada y endeudada y atemorizada por el incierto porvenir, es muy reducida. Una vez tengamos pensiones tanto reducidas que no sea posible sobrevivir con ellas, el gobierno y los promotores de la reforma recomendarán la contratación de pensiones privadas, no sólo individuales sino también colectivas, de empresa, algo que algunas instituciones públicas ya han aplicado a sus funcionarios. Las pensiones privadas han aumentado fuertemente los últimos años pero parece que insuficientemente por los intereses de las instituciones financieras. El insultante explicación que se encuentra en la mayoría de informes de la patronal y del sector financiero es que las pensiones públicas «son demasiado generosas», por lo que los ahorradores no se hacen pensiones privadas. La pensión media, sin embargo, es de 858 euros: la media de jubilación de 982 euros y la media de viudedad de 618 euros. Aunque estos importes son modestos, las medias no siempre explican la magnitud del problema. Según la fundación FOESSA y Cáritas, el 57% de los pensionistas perciben una cantidad inferior a 650 euros (umbral de la pobreza) y el 13% perciben menos de 350 euros (nivel de pobreza severa). La mitad de la población pensionista de España es pobre. Pero los expertos financieros las pensiones son «demasiado generosas». Las pensiones privadas gozan de importantes desgravaciones fiscales en la declaración de la renta. Si realmente se necesitan los recortes y las reformas para reducir el déficit, y si realmente no hay dinero para las pensiones públicas, por qué se desgravan las pensiones privadas? La respuesta se encuentra en el modelo de fiscalidad que promueve favorecer sistemáticamente el capital y la población con rentas más elevadas bajo la falsa teoría del goteo. El verdadero objetivo de la reforma es la privatización de las pensiones, algo que permitiría al capital financiero manejar ingentes cantidades de ahorros a través de los fondos de pensiones privados para destinar a los mercados financieros globales. Esta es una palanca más de la acumulación por desposesión a través de la cual el capital quiere ocupar el espacio de un derecho social que hasta ahora se escapaba de su lógica de valorización. La consecuencia de la reforma de las pensiones será, lisa y llanamente, el aumento de la pobreza y las desigualdades. Aparte del elevado riesgo que conlleva depositar los ahorros de una vida en un fondo privado. El sector financiero, lo realmente existente, no las utopías de la economía ortodoxa premiadas con premios Nobel, se caracteriza, como hemos visto últimamente, por las crisis y las prácticas fraudulentas. De verdad queremos confiar nuestros ahorros de jubilación a las mismas instituciones de las agencias de evaluación de riesgo, de la crisis de las hipotecas basura, de la especulación con deuda pública, de la burbuja inmobiliaria y los desahucios? Nos hemos vuelto locos? Otros argumentos como el alto coste de gestión de las pensiones privadas, la baja rentabilidad, etc. y una profundización en las consecuencias de la reforma los encontrará en el informe presentado por el seminario de economía crítica Taifa: Las propuestas sobre las pensiones y las trampas que plantean. En resumen, si no hay recursos para mantener el sistema de pensiones público no entiende de donde pueden salir los recursos para las pensiones privadas. La crisis de las pensiones públicas no es una verdad técnica. Es una construcción política e ideológica. Si se considera el tema en toda su amplitud, esta crisis no existe. Hay que parar esta reforma. La única manera de defender el derecho a una pensión digna es la misma como se consiguió: la lucha y la movilización social. * Un artículo de Ivan Gordillo, miembro del Seminario de economía crítica Taifa, publicado en el semanario Directa.