ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 10-N

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, en primer lugar, hace un llamamiento a la ciudadanía e ejercer su derecho al voto. Este derecho y los demás derechos y libertades se han conseguido con años de lucha y sacrificio, y la mejor forma de defenderlos es participando para elegir a nuestras y nuestros representantes políticos en las instituciones democráticas. La Soberanía, el poder, reside en el Pueblo.

En segundo lugar, si nuestro objetivo es la defensa y mejora del Sistema Público de Pensiones, debemos leer detenidamente los programas electorales de los partidos y comparar sus propuestas con nuestras reivindicaciones. No se hace una recomendación partidista, pues como Coordinadora no seguimos ni pertenecemos a ningún partido. El punto clave es si se apuesta por un Sistema Público de Pensiones de reparto, universal y solidario entre generaciones y territorios, que garantice unos ingresos a todas las personas para vivir con autonomía y dignamente, o se apuesta por un sistema mixto, con apoyo del Gobierno a los planes privados de pensiones, sistemas de capitalización individual, llámese “mochila austríaca”, “Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), o cualquier otro producto financiero de planes de pensiones privados que supondría más pobreza y más desigualdad para quienes tienen salarios medios y bajos.

Así pues, recordamos algunas de nuestras reivindicaciones básicas y que nos pueden dar pistas entre la maraña de promesas que, en materia de pensiones, hacen los partidos políticos.

1. PENSIÓN MÍNIMA 1080 EUROS AL MES EN 14 PAGAS AL AÑO. Esta es la cuantía mínima que, según la Carta Social Europea, estipula para España a una persona que vive sola pueda tener autonomía y vivir con dignidad. También es aceptable que, a corto plazo, se iguale al Salario Mínimo Interprofesional de 900 euros.
2. DEROGACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMAS DE PENSIONES DE 2011 Y 2013. Es importante que, al menos sus aspectos más negativos, sean suprimidos. Tratan de que trabajemos más, hasta los 67 años, y cobremos menos. Las formas para que cobremos menos son variadas:
   1. ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN ANUAL. Las pensiones han de revalorizarse por Ley al Índice de Precios al Consumo, IPC, o sea, a la inflación o aumento del coste de la vida. No vale otros índices de referencia, ni congelarlas con el 0.25% de subida. A medio plazo, blindar la pensión mínima y las revalorizaciones como derecho fundamental en la Constitución.
   2. AUMENTO DE LOS AÑOS COTIZADOS. Para cobrar el 100% (de 35 años a 38 y medio) y para calcular la media de la pensión (de 15 últimos años a 25).
   3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD. Consiste en reducir la cuantía de las pensiones según la esperanza de vida. En ambas reformas se ha introducido. En la de 2011, del PSOE y apoyada por los sindicatos CCOO y UGT, este factor entraría en vigor en el año 2027. Y en la de 2013 del PP, hubiera comenzado este año 2019 y ahora, por nuestra presión en las calles, se ha pospuesto al año 2023.
3. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. Para garantizar unas pensiones públicas dignas y suficientes, el Estado está obligado a complementar su financiación vía impuestos, si no alcanzase con las cotizaciones sociales. Se necesita una reforma fiscal para combatir la corrupción, el fraude y la evasión fiscal, y para una distribución justa y equitativa de la riqueza. Se necesita mejorar y planificar la inspección de trabajo para luchar contra el fraude de horas extra, los falsos autónomos y la economía sumergida. Estas medidas, junto con otras, como destopar la cotización máxima o eliminar las bonificaciones de las cotizaciones empresariales, harían sostenible y viable el Sistema Público de Pensiones.
4. DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS LABORALES DE 2010 Y 2012. Nos encontramos con otras 2 reformas que han significado deterioro y precarización de los contratos de trabajo y un descenso de los sueldos. Los bajos salarios inciden directa e indirectamente en las personas pensionistas: menor entrada de dinero en la caja común de la Seguridad Social por menores cotizaciones y más ayuda que hay que prestar a hijas e hijos, nietas y nietos. Se necesita una nueva Ley Laboral que reduzca el desempleo, sobre todo el juvenil, que elimine el facilitar el despido o el despido libre, y un salario mínimo de acuerdo con lo que dice la Carta Social Europea: el 60% del salario medio.
5. COMBATIR LA BRECHA DE GÉNERO EN SALARIOS Y PENSIONES. Una injusticia que se ha de erradicar y que viene determinada por la dependencia económica de la mujer y el papel en los cuidados familiares atribuido generalmente a las mujeres y que no las permite cotizar el tiempo y la cuantía igual que los hombres. Las pensiones más bajas, las no contributivas y las de viudedad, recaen fundamentalmente en mujeres. Pensiones de viudedad que han de ser el 100% de la base reguladora de el/la cónyuge, y no el 60% como ahora.
6. DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, UNIVERSALES Y DE CALIDAD. Junto a la Seguridad Social, la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, forman parte de nuestro estado del bienestar. Especial atención hemos de poner en lo que se propone para llevar a cabo, o sea financiar, la Ley de Dependencia, en todos sus aspectos de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Residencias Públicas, Centros de Día, etc. y terminar con las listas de espera, 300.000 personas y 80 que fallecen al día sin obtener las ayudas a las que tenían derecho.

Estos son a grandes rasgos las cuestiones que nos interesa comprobar si los partidos se han comprometido en sus programas electorales. Este 10 de noviembre debemos votar con inteligencia, sin que nos laven el cerebro con otras cuestiones que no tienen que ver con nuestro día a día: cubrir las necesidades básicas, y el futuro para las generaciones que vienen detrás. Necesitamos un Gobierno del Pueblo y para el Pueblo.

¡NO NOS VAMOS A CANSAR!  ¡NO NOS VAMOS A RENDIR!

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!

A 4 de noviembre de 2019

La Comisión de Portavoces