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LA DEMOLICIÓN PROGRESIVA DEL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA

En un reciente artículo publicado en Agenda Pública por dos conocidos y reconocidos especialistas en el análisis de los sistemas de Seguridad Social, Borja Suárez, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Antonio González, de Economistas frente a la crisis y vocal del Consejo Económico y Social, se ha denunciado el plan que el gobierno del PP, sin complejos como dirían sus antiguas lideranzas, anuncia la demolición del sistema de pensiones públicas como un éxito importante de sus políticas de recorte del gasto público. Es muy posible que esta denuncia no alcance las informaciones de televisión y prensa oficiales cada vez más escoradas hacia la genuflexión y el halago al poder económico y al gobierno del PP como intérprete autorizado de sus directrices, por lo que no parece superfluo reiterar los argumentos y los hechos puestos de manifiesto por los autores citados.

La versión 2017-2020 de la actualización del programa de estabilidad enviado por el gobierno español a Bruselas, que la página web de La Moncloa resumía (mal) en este enlace el 28 de abril  nota sobre consejo de ministros del 28 de abril 2017 y que se puede descargar como documento completo en este otro enlace Actualización del programa de estabilidad 2017-2020 , contiene datos muy significativos sobre el futuro de las pensiones que implican, como se ha dicho, un proyecto extraordinariamente regresivo.

Ante todo, el documento pretende mantener el mismo porcentaje de gasto en pensiones, en torno al 11,8% del PIB durante los próximos 40 años. Ello supone desconocer el incremento importantísimo en el número de pensionistas que se va a producir a partir de la década de 2020-2030, y por tanto confiar en una reducción generalizada de la cuantía de las pensiones. Es el resultado de la incorporación del mecanismo de sostenibilidad financiera que proviene de la reforma del art. 135 de la Constitución española y que para el gobierno sirve prioritariamente para recortar el gasto social y la llamada “capacidad del sistema para autofinanciarse”. Para el gobierno del PP los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social deben estabilizarse en torno al 11% del PIB, y en consecuencia este porcentaje debe ser el tope máximo de gasto, con independencia de cuales sean las condiciones de la sostenibilidad social y política que las pensiones cumplen en razón de la cláusula del Estado Social y de los derechos constitucionales de ciudadanía. La idea de contener el gasto social durante cuarenta años es un objetivo de las políticas neoliberales que se quiere aplicar en todas partes, como consecuencia del estado de excepción permanente que ha inducido la crisis. En Brasil una Propuesta de Enmienda Constitucional aprobada nada más constituirse el gobierno ilegítimo del presidente Temer fue la de congelar el gasto social del país durante cuarenta años. Una coincidencia en las políticas antisociales que no extrañará a nadie.

Como señalan Suárez y Gónzalez, es posible aumentar el ingreso por cotizaciones, y en efecto este es uno de los ejes de la propuesta sindical de CCOO para el incremento de las bases máximas de cotización, cuyo texto se puede encontrar en Destope bases máximas de cotización, y se oculta o ignora que ese nivel de ingresos por cotizaciones es sustancialmente inferior al de otros países de referencia (14% en Alemania, 16,9% en Francia) y ello sin reparar que la financiación de las pensiones mediante aportaciones del Estado constituye asimismo una práctica bien asentada en los países más desarrollados de la Unión Europea  (en torno a un 25% en Alemania o en Francia), y, por último, que la equiparación entre la recaudación por cotizaciones sociales y el gasto en pensiones no es un elemento constitutivo de la sostenibilidad financiera, puesto que actualmente Italia, Francia o Austria dedican un porcentaje sustancialmente mayor (alrededor de tres puntos porcentuales más del PIB) al pago de las pensiones públicas sin que ello haya sido esgrimido por la Comisión Europea como un elemento que ponga en peligro el principio de estabilidad presupuestaria.

El gobierno se vanagloria además en ese documento del endurecimiento del sistema de jubilación anticipada aprobado en el 2013 que retrasará casi nueve meses de media la edad de jubilación de las trabajadoras y trabajadores españoles, que ahora se sitúa en 64,1 años, una delas más altas de la UE, y del mecanismo introducido de revalorización de pensiones, que aparece cuantificado en sus efectos por primera vez. Como señalan los autores reseñados, esto supone a partir de 2019 una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% acumulativo cada diez años. “Es decir que lo que se presenta como una acción de refuerzo de la equidad intergeneracional supone que una trayectoria profesional que hoy da lugar a una pensión de jubilación de 1000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo diez años, y así sucesivamente. Y esto sucederá independientemente de las diferencias en la esperanza de vida de cada colectivo y de forma automática, cualquiera que sea la evolución económica en ese periodo”.

Además, para el gobierno este mecanismo es vital para la contención del gasto, como por otra parte ya habían subrayado los estudios críticos de la misma. Como la fórmula introducida en 2013 desvinculada de la evolución de los precios implica que durante muchos años las pensiones se incrementarán un 0,25% anual, muy por debajo de los precios, eso significa que los futuros pensionistas perderán necesariamente poder adquisitivo y se irán progresivamente empobreciendo. La pensión media que ahora se cifra en 918 €, se irá reduciendo de forma inevitable. Pero esa tragedia social el gobierno la contempla como un éxito político de su estrategia económica de demolición del Estado Social.

Sobran los argumentos que critiquen esta deriva antisocial del gobierno que se mantiene y profundiza cada día que pasa. En la próxima moción de censura del 13 de junio, dejando de lado su oportunidad o su eficacia, este debería ser uno de los temas en los que se centrara el reproche, no priorizando por tanto el insoportable clima de corrupción moral e institucional que afecta a tantas instancias de poder colonizado por esta dinámica de privatización y de provecho partidista y lucro personal. Pero, más allá de esta obviedad, es necesario presentar a la ciudadanía un proyecto de reforma del sistema de pensiones en línea con lo declarado en nuestra Constitución y reconocido asimismo en textos internacionales decisivos como la Carta Social europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que reaccione frente a este proceso de contracción del Estado social. En este sentido, en el grupo de Unidos Podemos, y bajo la dirección de la diputada Yolanda Díaz, ha convocado un grupo de expertos que están trabajando en un proyecto de ley en el que este tipo de exigencias sociales y políticas del sistema de seguridad social serán convenientemente atendidas. De este proyecto y sus líneas generales ya se dará cuenta en este blog en el momento oportuno. Ahora solo conviene resaltar la continua deriva antisocial del gobierno del PP que pudo constituirse pese a hallarse en minoría tras las elecciones de junio del 2016.

 

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