Hace poco una multinacional canadiense demandó al Estado Español por 21 millones de euros. ¿La razón? No permitirle abrir una mina en suelo gallego, lo que habría supuesto el uso de 1,5 toneladas de cianuro y 4 millones de litros de agua al día, así como la destrucción del paisaje. Dicha demanda se realizó ante un tribunal exclusivo para las multinacionales previsto en el tratado de comercio entre España y Panamá [1]. En 2015, España fue el país del mundo más demandado ante dichos tribunales.
El CETA, el tratado de comercio e inversiones entre la UE y Canadá, reforzaría este sistema de justicia paralelo creado exclusivamente para multinacionales, allanando el camino para que otras muchas multinacionales demanden a los gobiernos europeos por regular en favor de la ciudadanía y no de sus intereses.
El CETA está siendo sometido a votación en los parlamentos de los países de la Unión Europea. El gobierno español quiere llevar a cabo su ratificación con la mayor rapidez y el menor escrutinio posibles. La votación prevista para el jueves [2].
Pero contra todo pronóstico el Partido Socialista Obrero Español acaba de anunciar que no votarán a favor del CETA [3], y con ello ¡se abre una ventana de oportunidad para la ciudadanía, y para la justicia! Sólo necesitamos que algunos diputados del Grupo Mixto entiendan la importancia de representar los intereses de la ciudadanía, ¡y obtendremos una mayoría contra el CETA! Si estos diputado/as también cambian su intención de voto, habremos hecho historia. ¡Nos quedan solo unos días para hacer máxima presión! ¿Te sumas?
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Nuestro futuro, el de la población de la UE, depende de que algunos diputados del Grupo Mixto – en concreto del Foro Asturias, Coalición Canaria y del Partido Demócrata Catalan – entiendan la importancia de representarnos, en lugar de privilegiar a las multinacionales.
El CETA tendría consecuencias nefastas sobre la gobernabilidad y la capacidad del Estado de proteger a la ciudadanía española. No solo daría a las multinacionales el poder de cuestionar leyes que defienden el interés común, arrasando con el dinero de las arcas públicas en el proceso, sino que supondría una grave rebaja de los estándares de protección del medio ambiente y de los consumidores, así como una amenaza para nuestros servicios públicos [4].
Si no logramos que estos diputados y diputadas cambien de opinión a tiempo, la ciudadanía española ya no podrá hacer nada para parar el CETA.
En Europa llevamos tiempo luchando contra el CETA y otros tratados similares. Pero mientras que el poder popular propinó un golpe de gracia al TTIP, el CETA ha llegado mucho más lejos y se encuentra a un solo paso de su ratificación definitiva. Pero todavía podemos pararlo si conseguimos que un solo parlamento nacional se oponga al tratado [5]. ¿Por qué no empezar con el nuestro?
Recientemente, una mayoría parlamentaria en Cataluña aprobó una propuesta de resolución oponiéndose a la firma de estos tratados. En dicha votación los 8 diputado/as del Partido Demócrata Catalán se abstuvieron para que la resolución prosperara. Pidámosles que sean coherentes con dicho voto, que representen los intereses ciudadanos y que por lo tanto, en la votación del próximo jueves voten NO al CETA.
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Cuando hayas terminado de contactar a los diputados que pueden descarrilar este peligroso tratado, no te olvides de reenviar este correo a tus contactos. ¡Necesitamos ser miles!
Con preocupación y esperanza,