La subida de las pensiones con el IPC tiene que sortear aún las reticencias de la patronal
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Tras el preacuerdo del Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones según el IPC, el Gobierno negociará el tema con los sindicatos y los empresarios en el diálogo social
Desde la CEOE explican que tienen «dudas» sobre si la subida anual debe vincularse al IPC o si han de tener en cuenta más criterios
PP, Ciudadanos y PDeCAT, los partidos más reacios a volver a la indexación a los precios, defienden que se pueda condicionar la subida a la situación económica
Juan Rosell y Antonio Garamendi, actual presidente y candidato a la presidencia de la CEOE.
La revalorización de las pensiones según IPC recibió este miércoles el respaldo del Pacto de Toledo. El borrador del texto recomienda la subida anual «en base al IPC real» como mecanismo para conservar el poder adquisitivo de las pensiones. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha destacado el «importante» acuerdo aunque ha recordado que «es una recomendación, no vinculante». El Gobierno defiende que reformará el sistema de pensiones, tras la modificación unilateral del PP en 2013, pero solo con consenso político y social: una vez logrado el preacuerdo entre los grupos políticos, el foco se centra en los sindicatos y la patronal.
Las centrales sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT, han exigido hasta el momento volver a la indexación de las pensiones a los precios, pero esta opción no cuenta con el mismo apoyo en el lado de los empresarios.
Este jueves el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha pedido tiempo para que su organización y Cepyme lleguen al «máximo consenso» posible con los sindicatos en este tema, aunque ha dejado ver que los empresarios tienen algunas reservas con esta fórmula de revalorización. «Hay muchos elementos técnicos en los que entrar en detalle», ha afirmado.
El director de relaciones laborales de CEOE, Jordi García Viña, explica a eldiario.es algunas de las «dudas» que tienen los empresarios sobre la revalorización de las pensiones según los precios. «Tenemos dudas sobre si debe ser el IPC o una combinación de criterios», apunta.
García Viña pone como ejemplo el incremento pactado para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que está condicionado a un crecimiento del PIB superior al 2,5% y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas. En el caso de las pensiones, la patronal estima que podría tomarse en cuenta «la situación económica de las cuentas de la Seguridad Social», entre otros criterios.
El portavoz de CEOE también considera que «hay que plantearnos si hay que hacer un sistema diferente para revalorizar durante las épocas de recesión» y, en cualquier caso, abordar «cómo se paga esto».
Los sindicatos se aferran al IPC
Para los representantes de los trabajadores el principio de acuerdo en el Pacto de Toledo impulsa su pretensión de volver a vincular las pensiones al IPC, aunque valoran la noticia con cautela hasta que sea ratificada por la comisión parlamentaria. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, explica que su organización exige en la mesa del diálogo social sobre Seguridad Social con los empresarios y el Ejecutivo «el IPC sin ningún pero ni condicionante, porque sino los pensionistas perderían poder adquisitivo».
Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, considera que la vinculación de las pensiones al IPC es «una buena fórmula», que ha funcionado hasta el momento y pide a los que no convence esta opción que «expliquen qué otros mecanismos existen para garantizar el poder adquisitivo».
Con este escenario en una mesa de diálogo con tres agentes, la posición del Gobierno es fundamental. En las últimas semanas la ministra Magdalena Valerio ha evitado concretar en sus declaraciones públicas si el Gobierno sigue apostando por vincular las pensiones al IPC, como exigía el PSOE en la oposición. En Bruselas, la Comisión Europea defiende los cambios que aprobó Rajoy.
La CEOE precisa que, aunque es importante el diálogo social, «quien decide al final es el Parlamento, si se logran mayorías que establezcan» la revalorización según el IPC. La ministra de Trabajo ha sostenido que «llevará una ley» al Congreso, pero antes quiere alcanzar el consenso social, así que la negociación entre los sindicatos y la patronal será un paso previo a cualquier reforma legal que lidere su gabinete.
Cuánto pueden moverse los agentes sociales de lo marcado en el Pacto de Toledo es un terreno conflictivo: los portavoces de la comisión parlamentaria dejaron patente este miércoles que siguen existiendo diferencias entre las formaciones, y que hay diversas interpretaciones sobre el texto. Mientras que Unidos Podemos considera que para respetar la recomendación del Pacto habría que revalorizar como mínimo según el IPC, desde el PP, Ciudadanos y PdeCAT defienden que en el diálogo social se podría exceptuar el índice según la situación económica.