Las pensiones se han comido el gasto en educación, inversión y cultura desde 2008
El gasto público en pensiones ha aumentado en 44.700 millones desde 2008: han pasado de representar el 23% del gasto al 32%. España ha renunciado a invertir para financiar la jubilación
El gasto público total no financiero alcanzó los 478.126 millones de euros en 2017. Esto significa que el conjunto de administraciones gastaron un 4,1% más que en el año 2008, el anterior pico previo a la crisis. En este periodo, España ha vivido su mayor crisis económica en más de un siglo, pero no es el único cambio que ha experimentado. El sector público se ha visto obligado a transformarse, primero para ajustar el déficit público y segundo para financiar el envejecimiento de la población. En efecto, el gasto público es hoy superior al del pico de la crisis (en términos absolutos, no como porcentaje del PIB), pero su distribución ha variado significativamente.
Las administraciones han hecho ‘hueco’ al gasto creciente en sanidad y pensiones recortando en otras partidas. Educación, inversión y cultura han sufrido los principales recortes. Así se deriva de los datos de gasto público por funciones publicados el martes por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Una estrategia fiscal que significa sustituir el crecimiento potencial de la economía española por consumo en el cortísimo plazo.
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El gasto en pensiones (contributivas y no contributivas) se ha incrementado en 44.700 millones de euros, una cuantía que ha obligado a ajustar el resto de partidas ante la negativa de los gobiernos a elevar el peso del gasto público sobre el PIB. El resultado es que España destinaba antes de la crisis menos de un 24% de su gasto público a pagar las pensiones y hoy destina más de un 32%. Un incremento de 10 puntos que ha desplazado a la mayor parte de partidas.
De hecho, si se excluye el gasto en pensiones, el resto de partidas (incluyendo la protección social que no sean las pensiones) se han reducido en nada menos que 26.000 millones de euros desde 2008. Este cambio refleja a la perfección la presión sobre el gasto que supone el envejecimiento de la población, y eso que todavía no han comenzado a jubilarse las generaciones del ‘baby boom’, que entrarán en el sistema a partir de 2023.
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Como resulta obvio, el gasto en pensiones de jubilación supone el grueso de este incremento. Desde el año 2008 se han disparado un 55%, hasta superar los 102.000 millones de euros. Solo las pensiones de jubilación suponen tanto gasto como todas las partidas de educación, inversión y fomento de la vivienda y los servicios comunitarios.
Si se excluye el gasto en pensiones, el resto de partidas se han reducido en nada menos que 26.000 millones desde 2008
En el año 2008, el gasto en pensiones era inferior a la suma de sanidad y educación en 5.500 millones, y en 2017 era ya 37.600 millones superior. Y eso contabilizando únicamente el pago de pensiones, esto es, sin el gasto en personal que conlleva, mantenimiento de edificios, consumos intermedios, etc., partidas que sí están contabilizadas dentro del gasto sanitario y educativo.
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La partida de sanidad es la única, junto a las pensiones y el gasto administrativo, que había recuperado en 2017 el gasto previo a la crisis. Las diferentes administraciones, en especial las comunidades autónomas, que son quienes ostentan esta competencia, gastaron casi 69.500 millones de euros en financiar la sanidad, un 3,2% más que en 2008. El envejecimiento de la población también tiene una buena parte de la culpa de este incremento, ya que la demanda de servicios sanitarios aumenta con la edad.
El sacrificio del futuro
Para financiar las pensiones, los diferentes gobiernos optaron por recortar en otras partidas y así evitar el incremento del gasto público. Cuatro sectores acumulan la mayor parte de este ajuste: educación, inversión, vivienda y cultura.
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Estas cuatro partidas han sufrido recortes por valor de 23.000 millones de euros desde el año 2008, lo que significa que han financiado la mitad de las nuevas pensiones. Eso sí, el perdedor de estas políticas es el crecimiento potencial, ya que España es un país con unos niveles de inversión y formación muy bajos en comparación con sus vecinos. El resultado es que difícilmente el sector público va a ayudar a estimular el PIB potencial con estas políticas.
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El gasto en asuntos económicos, partida que incluye el grueso de la inversión pública y las políticas de estímulo, ha sufrido un recorte de 15.900 millonesdesde el año 2008. Sin duda, ha sido el gran sacrificio que ha realizado España en estos años.
El país hizo un gran esfuerzo por mejorar sus infraestructuras hasta el estallido de la crisis y hoy no necesita una gran inversión en carreteras, ferrocarriles o aeropuertos. Sin embargo, el problema de la I+D, de las telecomunicaciones o de la transformación energética sigue muy lejos de solucionarse.
Para pagar las pensiones, España ha optado por recortar en inversión, educación y cultura, lo que lastra el crecimiento potencial a largo plazo
El gasto en educación se ha reducido en este periodo un 1,1%, en total son 505 millones menos destinados a esta partida. Esto significa que España ya no gasta ni un 10% de su presupuesto en educación, en 2017 fue un 9,7%. Es cierto que este ahorro permite financiar otras partidas, pero supone un gran riesgo para el futuro del país renunciar a la formación de las nuevas generaciones.
La promoción de vivienda y servicios comunitarios ha sido la partida más esquilmada, con un recorte de nada menos que el 57% durante la crisis. En total, se destinan hoy 6.700 millones menos, un recorte que se percibe, por ejemplo, en la baja dotación para combatir los problemas de vivienda que sufre España.
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Y, como ocurre habitualmente cuando hay que hacer ajustes, la cultura y el ocio han pagado con creces las pensiones. En concreto, los recortes alcanzan los 5.500 millones de euros desde 2008, nada menos que un 30% menos.
A pesar de estos recortes, el sector público sigue en déficit, al tiempo que el gasto en pensiones crece más rápido. En 2018, esta partida volverá a experimentar un fuerte avance como consecuencia de la subida de las pensiones aprobada en los Presupuestos Generales del Estado. Igual que el Gobierno de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez parece haber optado porrecortar el peso del gasto público en el PIB para prolongar el ajuste. Si bien es cierto que en su caso también plantea una subida de la recaudación, una buena parte del ajuste planteado en el plan presupuestario recae sobre el gasto. En concreto, prevé recortarlo al 40,9% del PIB, el más bajo desde el año 2007.