El problema es mucho más grave de lo que se suponía en principio, y se ha descubierto, en sus verdaderas dimensiones, cuando el Gobierno ha tenido que sacar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 8.700 millones para poder hacer frente a la paga extraordinaria de las pensiones. Con lo que queda, supuestamente, se podrán abonar la del próximo diciembre y las del año que viene. El déficit del sistema es de 11.000 millones y, si antes no se toman medidas, se producirá el tan temido colapso dentro de seis años. Las soluciones deben ser drásticas.

Tanto sacar dinero de la hucha para cosas ajenas como la financiación de la deuda soberana, la ha dejado exhausta. La Ley que creó el Fondo, limitó la disposición anual al 3% del saldo. El gobierno de Rajoy suprimió el límite. Desde entonces hasta ahora, el Fondo se ha convertido en un pozo sin fondo, valga la redundancia. Y ahora toca buscar soluciones. En los presupuestos de este año, el Gobierno ya avisaba de lo que se venía encima y proponía una nueva “separación de fuentes”. Las de viudedad y orfandad pasarían a ser financiadas vía impuestos. Los 2,37 millones de pensiones de viudedad, el 25% del total, cuestan 20.150 millones, y las que se pagan a los 347.376 huérfanos suponen  1.764 millones. En total 22.274 millones. El asunto se dejó para tratarlo en una reunión de la comisión del Pacto de Toledo, pero la crisis institucional que vive el país no ha permitido dicha convocatoria.

Además, algunos expertos dicen que esta posibilidad resulta inviable y más cuando Bruselas nos ha pedido un recorte adicional de 8.000 millones de euros debido a la desviación del déficit público producida en 2015. Y se va más lejos. Las cotizaciones actuales son insuficientes para abonar las pensiones. El “sistema de reparto” es inviable, según esos mismos expertos, por varias razones.

El crecimiento de la esperanza de vida, los bajos salarios de los que entran en el mercado laboral que implican bajas cotizaciones sociales, los incentivos en materia de empleo, que implican sistemas absurdos como las “tarifas planas” de las cotizaciones, el hecho de que los nuevos pensionistas obtienen elevadas remuneraciones debido a las altas cotizaciones que experimentaron cuando estaban en activo, y la inflación, que al ser baja produce un fuerte desfase entre lo cotizado y lo pagado a los nuevos pensionistas cuyos ingresos, repetimos, son sustancialmente superiores a los que percibían quienes causan baja por fallecimiento.

Este año ya se están notando todos estos desfases. Hasta abril pasado, los ingresos por cotizaciones sociales fueron 4.305 millones de euros menos de lo inicialmente previsto, un 12,24%. El gobierno prevé un déficit en las cuentas de la Seguridad Social de 1,1 puntos del PIB. En 2017, un 0,9%, el 2018, un 0,8% del PIB, y en 2019 de un 0,7%. Todo ello bajo el “escenario optimista” de creación de 400.000 puestos de trabajo anuales.

Así las cosas se empiezan a alzar voces pidiendo “medidas drásticas” antes de que la cosa vaya a peor. El problema es que esas “medidas drásticas” afectan directamente a los pensionistas, a los que cobran, un voto determinante en los comicios, un apoyo para la clase política que se puede volver contra ellos si, como se pide, suprimen las dos pagas extraordinarias que cobran actualmente, y reducen la cuantía máxima de la pensión. La otra idea, sería ir en contra de la  promesa electoral del PP de bajar impuestos. Financiar vía presupuestos parte del sistema público supondrá mayor presión fiscal. Se quiera o no se quiera.

Diario16