La Coordinadora Estatal de la Marea Pensionista ha considerado al Pacto de Toledo una comisión parlamentaria oscurantista, donde no se puede saber exactamente de qué se discute, y qué puede afectar a los nueve millones de pensionistas actuales y a los futuros.
En esta Comisión se está decidiendo nuestro presente y futuro, sin ni siquiera dignarse a recibir a la Coordinadora Estatal de la Marea Pensionista.
Decía el político Romanones: “si no quieres abrir un debate, crea una comisión”. Y eso es precisamente lo que hicieron en el año 1995: ni partidos, ni sindicatos, ni empresarios, quisieron abrir un verdadero debate sobre el Sistema Público de Pensiones, y crearon una comisión.
La Marea Pensionista quiere abrir un debate público sobre el Sistema Público de Pensiones que aborde su presente y su futuro y una solución integral del sistema. Las fuerzas políticas en posiciones neoliberales, dispuestas a vender todo lo público para favorecer el negocio de grandes corporaciones, al contrario, no desean abrir un debate público ya que no apuestan por el futuro de un sistema público, de gestión pública y de calidad. Saben que se trata de un negocio de 120.000 millones de euros anuales sobre el que vuelan los fondos buitre.
Por un lado, los borradores de las RECOMENDACIONES están hechos con la suficiente ambigüedad, para que, a conveniencia y a interés del Gobierno de turno, se pueda interpretar de forma dispar. Por otro lado, se trata de RECOMENDACIONES y nada más. Las leyes se aprueban en el Congreso y en el Senado.
Algunos ejemplos de la ambigüedad calculada de los acuerdos:
1. Se recomienda la revalorización de las pensiones al IPC real, pero a continuación se deja abierta la posibilidad de tener en cuenta otros datos macroeconómicos (para rebajarlo).
2. Los años de cómputo para hallar la base reguladora, pueden ser 15 años, 25, o toda la vida laboral.
3. La edad de jubilación, 65 años, 67, y la posibilidad que aumente.
4. El factor de sostenibilidad que nos castiga por vivir más, no se sabe si se deroga o se pondrá en funcionamiento el año que viene o en el 2027.
Y finalmente, hay que temer el más que previsible apoyo a los planes privados de pensiones, de empresa y de particulares, en detrimento de inyectar dinero al sistema público de reparto y de caja única.